Brotan más irregularidades en la residencia de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán: un recibo predial que revela más dudas
En los últimos días, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, ha sido centro de atención debido a las persistentes controversias sobre su residencia en Tepoztlán, Morelos, una lujosa propiedad valuada en aproximadamente 12 millones de pesos. Este inmueble, ubicado en una zona de alto valor turístico y ecológico, ha generado cuestionamientos por supuestas irregularidades en su adquisición, registro catastral y cumplimiento fiscal.
El contexto se remonta a denuncias iniciales de la comunidad indígena de Tepoztlán, que alegan que la casa se construyó en tierras comunales inalienables, violando normas ambientales y de ordenamiento territorial. A pesar de que el alcalde local, Perseo Quiroz, ha aclarado que la zona solo permite asentamientos humanos con criterios ecológicos, el ayuntamiento confirma que la propiedad no está inscrita en el catastro municipal, lo que implica que no se pagan impuestos prediales ni otros derechos locales.
Ante las críticas, Noroña decidió defenderse publicando personalmente un recibo de predial como prueba de “transparencia”, pero esta acción, reportada por el periodista Jorge García Orozco de la revista Emeequis, ha desatado nuevas irregularidades que profundizan las sospechas de opacidad en la transacción y el estatus legal del bien.
En un intento por demostrar la “pureza” de su posesión, el senador subió a redes sociales un recibo de predial del inmueble en Tepoztlán, donde cubrió el nombre del contribuyente para resguardar la privacidad de la supuesta vendedora. Según Noroña, la casa le fue vendida a pagos por esta persona, y el documento serviría como evidencia de que todo está en regla.
Sin embargo, al escanear el código QR del recibo —un mecanismo implementado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para validar la autenticidad de facturas y evitar simulaciones—, se reveló información contradictoria, según reportó Jorge García Orozco en Emeequis. El pago no fue realizado por Noroña, sino por una ciudadana austriaca identificada como Gisela María, originaria de Salzburgo, una psicóloga de 70 años conocida por escribir libros de autoayuda. Esta mujer aparece como la dueña registral de la propiedad, lo que contradice la narrativa del senador de que ya es el propietario efectivo.
La investigación derivada del QR, detallada por García Orozco, expone problemas fiscales graves de la vendedora. Gisela María figura en las “listas negras” del SAT, un registro público de contribuyentes que sistemáticamente incumplen con el pago de impuestos y cuya ubicación no puede ser determinada por la autoridad fiscal. Estas listas, actualizadas periódicamente, incluyen a personas con deudas pendientes que superan ciertos umbrales y que no responden a requerimientos de pago, lo que les impide realizar operaciones fiscales formales.
Además, el recibo utiliza un RFC (Registro Federal de Contribuyentes) genérico, empleado típicamente para transacciones sin un RFC específico, como en casos de contribuyentes no localizados o irregulares. No obstante, la austriaca sí posee un RFC propio, aunque inhabilitado por sus problemas fiscales. Esto genera interrogantes sobre por qué no se utilizó su RFC real en el documento, sugiriendo posibles inconsistencias o intentos de eludir controles fiscales en la transacción.
El reportaje de Jorge García Orozco en Emeequis, junto con coberturas de medios como Reforma y SDP Noticias, ha amplificado el escándalo, destacando cómo el propio material publicado por Noroña destapó estas irregularidades.
Estas anomalías no solo cuestionan la legalidad de la compra —que carece de escritura pública notariada visible y no demuestra la capacidad económica de Noroña para adquirirla a pagos—, sino que también avivan el descontento local. Comuneros de Tepoztlán han protestado, exigiendo la restitución de las tierras y argumentando que la construcción viola derechos indígenas y ambientales.
Mientras el senador insiste en que todo es legítimo, la ausencia de registro catastral y las deudas fiscales de la vendedora, como lo documentó Jorge García Orozco, pintan un panorama de irregularidades que podrían derivar en investigaciones formales por parte del SAT o autoridades municipales. Este caso ilustra las tensiones entre figuras políticas de alto perfil y la transparencia fiscal en México, recordando que, en un país con altos índices de evasión tributaria, documentos como un simple recibo pueden destapar redes de opacidad más amplias.
