Cada vez más cercanas las acciones gubernamentales para cancelar concesiones de radio y TV por circunstancias políticas
En México, el gobierno no tiene una facultad directa para cancelar concesiones de radio y televisión de manera arbitraria o únicamente por considerar a los medios como “incómodos”. Las concesiones para operar frecuencias de radio y televisión están reguladas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un organismo autónomo que supervisa la asignación, renovación y cancelación de estas concesiones. El IFT tiene el mandato de garantizar la transparencia, legalidad y objetividad en sus decisiones.
Para que una concesión sea cancelada, debe haber una causa justificada en el marco de la ley, como las siguientes:
Violación de la ley: Si el medio no cumple con las leyes de telecomunicaciones o las condiciones establecidas en su concesión, el IFT podría iniciar un proceso para cancelar la concesión.
Falta de pago de derechos, como las tarifas anuales o los impuestos asociados a la operación de la frecuencia.
Uso indebido del espectro radioeléctrico, como la transmisión de contenido no autorizado o interferencia con otras señales.
Razones técnicas o de interés público, determinadas de manera transparente y siguiendo los procedimientos establecidos.
Sin embargo, es importante señalar que ha habido controversias sobre presiones políticas o económicas a medios de comunicación que critican al gobierno. A pesar de que el gobierno no puede cancelar concesiones sin justificación legal, podrían existir otras formas de presión indirecta, como la reducción de publicidad oficial o uso de instituciones fiscales o judiciales para intimidar a medios incómodos.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sigue siendo, hasta la fecha, un organismo constitucionalmente autónomo en México. Fue creado en 2013 como parte de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su mandato es regular, promover y supervisar el uso del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la radiodifusión en México, con la finalidad de garantizar la competencia y evitar monopolios.
El IFT tiene autonomía en varios aspectos clave:
Autonomía constitucional: Está establecido en la Constitución mexicana, lo que le otorga independencia operativa y de decisión, sin la intervención directa del Poder Ejecutivo.
Independencia en decisiones: El IFT puede tomar decisiones técnicas y regulatorias de manera independiente del gobierno, basándose en criterios técnicos y legales, con el objetivo de evitar injerencias políticas.
Mandato de competencia: Una de sus funciones es fomentar la competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, asegurando que ningún actor (público o privado) tenga una posición dominante en el mercado.
Sin embargo, en años recientes ha habido cierta preocupación sobre intentos de reducir la autonomía de organismos autónomos en general, incluidos el IFT, el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros. Algunas reformas o propuestas de leyes han planteado la posibilidad de reducir su independencia o absorber ciertas funciones bajo el control directo del Poder Ejecutivo, lo que ha generado debates en torno a la defensa de la autonomía constitucional de estos organismos.
Hasta ahora, el IFT sigue siendo autónomo, aunque los cambios políticos y reformas futuras podrían afectar su estatus, dependiendo de las decisiones legislativas y del gobierno.
Desde el principio de su mandato, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como organismo constitucional autónomo. Esta intención, respaldada actualmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado preocupación en el sector de las telecomunicaciones, la radiodifusión, la industria digital y tecnológica y entre los defensores del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de las audiencias.
La primera vez que AMLO mencionó la posibilidad de eliminar el IFT fue en una conferencia de prensa el 7 de enero de 2021, argumentando que los organismos autónomos representan una carga para el erario público, son fruto del neoliberalismo y no han cumplido con sus objetivos de acabar con los monopolios.
Dentro del paquete de iniciativas constitucionales y legales que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de 2024, así como el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, menciona que las funciones regulatorias del IFT serían asumidas por “la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión” dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
En esta dependencia del gobierno federal, que a partir de la nueva administración está a cargo de Jesús Esteva Medina, “se continuarán atendiendo los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Con el IFT el otorgamiento y revocación de concesiones se había convertido en un procedimiento técnico, que cambiará a político cuando quede en manos de la SICT.
La falta de reguladores independientes (recuérdese que también está contemplada la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica) podría favorecer las prácticas anticompetitivas, afectando a los consumidores con precios más altos y menos opciones y calidad, incluidos en servicios digitales.
Durante el régimen anterior se demostró la incomodidad de ciertos medios electrónicos en altas esferas del poder presidencial, desde donde partieron presiones para socavar a comunicadores críticos. Recientemente ya hubo casos, como sucedió en Grupo Fórmula con la salida de Lilly Téllez del programa matutino de Ciro Gómez Leyva. Arropada por unos, pero repudiada por otros, la polémica senadora generaba polémica mediante su lenguaje impugnativo. Ya no participará más en dicho programa.
Hace tiempo, Claudia Sheinbaum se refirió a los medios incómodos, poniendo énfasis en el hecho de que sus operaciones están autorizadas por el gobierno federal con los respectivos títulos de concesión. Al buen entendedor, pocas palabras.
