CANONJÍAS E HIPOCRESÍA: ABUSOS EN EL SENADO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 6 de febrero de 2026
En el circo de la política mexicana, los ejemplos de abuso de recursos públicos abundan como estrellas en el cielo nocturno. Recordemos el escándalo reciente en el Senado, donde la senadora por Morelos, Juanita Guerra Mena, del PVEM, fue captada tiñéndose el cabello en un salón de belleza privado dentro del recinto legislativo, durante una sesión plenaria. Este “secreto a voces” opera de 7 a 14 horas, equipado con sillones, espejos y lavabos, todo financiado con dinero de los contribuyentes.
Tocante al disfrute de canonjías, recordamos cuando, en el Congreso local de Morelos, entonces ubicado en la calle Matamoros de Cuernavaca, el exdiputado y exalcalde de Amacuzac, Alfonso Miranda Gallegos, convertía la sede en una parrilla improvisada, trayendo anafres para asar carne y tinas de cerveza, como si el edificio fuera su finca personal. Miranda Gallegos tuvo una trayectoria política consolidada en Amacuzac: fue presidente municipal de 2009 a 2012, posteriormente diputado local de 2012 a 2015, y en 2018 regresó a la contienda electoral por el PT, resultando alcalde electo pese a encontrarse encarcelado y sometido a proceso penal.
Estos actos no son anécdotas aisladas, sino síntomas de una cultura de privilegios que corroe la democracia.
Algunos legisladores (no son todos) se amparan en prebendas que van desde salones de belleza exclusivos hasta fiestas con recursos públicos, todo mientras predican austeridad y honestidad desde sus curules. Miranda Gallegos, por ejemplo, no solo abusaba de las instalaciones para sus parrandas, sino que terminó sentenciado a 82 años y seis meses de prisión por delincuencia organizada y secuestro, tras su detención en 2018. Imaginen: un político que gobierna por teléfono desde la cárcel y gana elecciones, solo para revelar su verdadera cara criminal. Estas prácticas no son errores inocentes, sino un saqueo sistemático de fondos públicos, donde el erario se usa para caprichos personales, viajes lujosos y hasta cirugías estéticas, dejando a la ciudadanía con migajas y promesas vacías.
La doble moral de estos líderes es escandalosa: por un lado, condenan la corrupción en discursos grandilocuentes y juran defender al pueblo; por el otro, se sirven con la cuchara grande de los privilegios que tanto critican en sus opositores. Juanita Guerra Mena, molesta al ser cuestionada sobre el tinte, evadió respuestas como si el salón fuera un derecho divino, mientras miles de morelenses luchan por servicios básicos.
Esta hipocresía se multiplica en cámaras y congresos, donde los mismos que aprueban leyes contra el despilfarro las violan con impunidad, fingiendo indignación ante escándalos ajenos pero justificando los propios. Es un doble discurso que erosiona la confianza pública y perpetúa un sistema donde el poder es sinónimo de impunidad.
Ya es hora de desmantelar estas canonjías y exigir rendición de cuentas real. Los legisladores deben recordar que sirven al pueblo, no al revés. Casos como los de Guerra Mena y Miranda Gallegos deben ser catalizadores para reformas que eliminen privilegios absurdos y castiguen severamente los abusos. Solo así, con transparencia y justicia, podremos aspirar a una política libre de hipocresía, donde el erario se use para el bien común y no para tintes, asados o fechorías encubiertas.
