CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusados de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes este 25 de junio de 2025 identificando a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “preocupaciones principales” en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo. Estas acciones se basan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Ley FEND Off Fentanyl), que otorga al Tesoro facultades para combatir el lavado de dinero ligado al narcotráfico.
Según las acusaciones, estas instituciones habrían facilitado transferencias multimillonarias para cárteles mexicanos, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de los Beltrán Leyva, así como pagos para adquirir precursores químicos de China utilizados en la producción de fentanilo.
Por ejemplo, se señala que CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares entre 2021 y 2024 para pagos a empresas chinas relacionadas con precursores químicos, y que en 2023 un empleado de CIBanco facilitó una cuenta para lavar 10 millones de dólares para un miembro del Cártel del Golfo.
En el caso de Intercam, se menciona que ejecutivos se reunieron con presuntos miembros del CJNG en 2022 para discutir esquemas de lavado de dinero.
Como resultado, el Departamento del Tesoro prohibió ciertas transferencias de fondos hacia o desde estas instituciones, incluyendo transacciones en moneda virtual, con restricciones que entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Estas medidas se enmarcan en una colaboración bilateral entre Estados Unidos y México para combatir el crimen organizado, según lo declarado por el Tesoro y el secretario Scott Bessent.
Sin embargo, las instituciones señaladas (CIBanco, Intercam y Vector) no han emitido comentarios públicos al respecto, según reportes. Es importante notar que estas acusaciones son señalamientos del gobierno de EE.UU., y aunque se basan en investigaciones de FinCEN, no necesariamente implican una condena legal definitiva contra las instituciones, ya que podrían responder o apelar en el marco legal correspondiente.
