CONGRESO: RECURSOS DESPERDICIADOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 16 de febrero de 2024
Este jueves acudió al Congreso local el titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos, José Gerardo López Huérfano, con el objetivo de entregar en tiempo y forma el Quinto Informe de gestión del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo correspondiente a 2023. Se trata de un acto protocolario anual establecido en el artículo 33 de la Constitución Política de nuestro estado.
Como todos los años, desde que la entrega y lectura del Informe se suspendió hace varios sexenios, miembros de la Mesa Directiva del Congreso y de algunas comisiones legislativas, así como infinidad de comunicadores, se dieron cita en el recinto parlamentario. Nuestros colegas acuden casi siempre con el fin de conseguir notas de diferente índole. Y fue así como este jueves escucharon, en voz del presidente de la Mesa Directiva, Francisco Erick Sánchez Zavala, que el documento se distribuirá entre los 20 legisladores miembros del multicitado cuerpo colegiado. Y si alguno expresa inquietudes en torno al Informe, que merezcan la comparecencia de algún secretario o secretaria de Despacho, así se manejará de la manera correspondiente.
Hasta aquí la referencia al acto de ayer. Sin embargo, observo repetida, una vez más, la historia del Congreso tras la entrega del Informe del gobernador en turno. Siempre aparece el protagonismo a través de las famosas comparecencias, montajes por demás infructuosos que, desde luego, le otorgan a ciertos legisladores la oportunidad de ganar publicidad y sacar raja electoral. La nueva etapa de comparecencias, si los ínclitos diputados deciden solicitarlas, no será la excepción.
En nuestro país el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a los secretarios del Despacho, una vez abierto el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, a dar cuenta del estado que guarden sus respectivos ramos. En Morelos tales ejercicios están previstos por los artículos 33 y 77 de la Constitución Política del Estado. En el primer precepto la presencia de funcionarios estatales debe cumplirse dentro de la glosa del informe anual del gobernador, siempre bajo protesta de decir verdad. Y en el segundo se faculta al Congreso para solicitar la comparecencia de los secretarios de Despacho cuando lo crea necesario.
Sin embargo, este mecanismo, que debería ser de retroalimentación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ha sido cuestionado y señalado por lo menos de ineficaz. No resiste el mínimo análisis objetivo.
He escrito infinidad de columnas indicando la falta de una reforma para que las comparecencias cumplan con la función de fiscalización y de corresponsabilidad entre los dos poderes, abandonando el montaje escénico donde los diputados hacen como que cuestionan y los funcionarios estatales “demuestran” que saben más. O el escenario se transforma en un escaparate para sacar raja electoral. Siempre surgen diputados cuyo objetivo, a todas luces belicoso (verbigracia el de Agustín Alonso), es hacer caer a los comparecientes en el ridículo y exhibirlos antes los medios de comunicación.
Además, las comparecencias no poseen carácter vinculatorio, mucho menos si son exigidas por el Congreso bajo presiones al Ejecutivo en turno. Hemos visto la misma película decenas de veces. Y ahí vienen de nuevo, en medio de un proceso electoral, a desperdiciar recursos.
