CONGRESO Y EJECUTIVO AVANZAN HACIA UN INSTITUTO DE PENSIONES PARA SALVAR LAS FINANZAS DE MORELOS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 23 de octubre de 2025
Este miércoles trascendió que el Congreso de Morelos explora ya una iniciativa conjunta con el Poder Ejecutivo para crear un organismo dedicado exclusivamente a regular las jubilaciones y pensiones estatales. Esta propuesta, que se prevé trabajar formalmente hasta 2026, surge como respuesta al exhorto reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el incumplimiento de sentencias relacionadas con decretos pensionarios, especialmente de trabajadores judiciales.
El diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador de Morena en el Congreso local, ha sostenido diálogos con el Ejecutivo para que, vía la Consejería Pública, se presente el diseño de la institución que descargue al Legislativo de una función administrativa cada vez más asfixiante y combata la creciente sangría presupuestal que representan estas erogaciones anuales. No hay dinero que alcance, y el alerta roja financiera sigue vigente.
La creación de este organismo no solo agilizaría la atención a las solicitudes de retiro de burócratas, sino que blindaría el proceso contra los “moches”, la corrupción y el tráfico de influencias que históricamente han permitido a amigos y familiares de altos funcionarios saltarse listas de espera, obteniendo pensiones sin cumplir requisitos. El diputado enfatizó que se requiere “echar a caminar un órgano que se dedique a la ruta de las pensiones”, priorizando revisiones exhaustivas en la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, presidida por Tania Valentina Rodríguez. Espera avances en los próximos meses, pero asegura que para 2026 se emprenderá el camino definitivo hacia esta entidad responsable de atender implicaciones en instituciones, organismos y ayuntamientos involucrados.
Esta no es la primera vez que el tema irrumpe en el Congreso morelense con fuerza renovada. En septiembre de 2021, el Colegio Morelense de Abogados, bajo la presidencia de Juan Juárez Rivas, presentó una propuesta idéntica para el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno del Estado, entregada directamente a la Comisión de Trabajo otrora a cargo de la diputada Ariadna Barrera Vázquez. El objetivo era idéntico: abstraer al Legislativo de labores administrativas, erradicar corruptelas y resolver el rezago en miles de solicitudes pendientes. Juárez Rivas denunció cómo ciertos “intocables” se beneficiaban por encima de trabajadores con décadas de servicio honesto. Habrá que ver si esta nueva iteración, impulsada desde el Ejecutivo, logra lo que aquella no pudo.
Remontándonos más atrás, en marzo de 2008, el entonces gobernador Marco Adame Castillo envió al Congreso la iniciativa para crear el Instituto de Pensionados y Jubilados de Morelos, turnada a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, presidida entonces por el perredista Matías Quiroz Medina. La propuesta contaba con el respaldo de diputados de todos los partidos, académicos, investigadores, autoridades municipales y dirigentes sindicales, quienes habían sostenido múltiples mesas de diálogo. Sin embargo, la defensiva de los sindicalistas —quienes veían en los legisladores una amenaza a los derechos laborales— y la revelación de adeudos millonarios de la “burocracia dorada” con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (CTSGEM) congelaron todo.
La coyuntura de 2008 fue explosiva: un listado público expuso a políticos, funcionarios, diputados y magistrados que, pese a su solvencia, acumulaban deudas pendientes con el CTSGEM, mientras trabajadores comunes enfrentaban presiones, embargos y hasta pérdida de avales para saldar préstamos mínimos.
Esta desigualdad contrastante avivó la desconfianza; líderes sindicales como Leopoldo Reyes Gaytán (Ejecutivo), Jesús Millán Toledo (Judicial) y Margarita Alarcón Sánchez (maestros estatales) exigieron incluso participar en “tours” legislativos a estados como Guanajuato y Aguascalientes para verificar experiencias exitosas. Quiroz Medina suspendió reuniones, y la sospecha de un complot para despojar derechos burócratas selló el fracaso de la iniciativa de Adame.
Otro ingrediente tóxico fue la inconformidad por excepciones a la “burocracia dorada”: mientras deudores privilegiados burlaban controles durante años, los auténticos servidores públicos eran acosados sin piedad. Esto no solo justificó la reacción sindical, sino que postergó una solución urgente a la “gigantesca sangría” erario que ya entonces alertaban las autoridades. La necesidad de un instituto unificado era compartida por todos, pero posiciones políticas y dislates de operadores la sepultaron.
Hoy, con el Registro Estatal de Pensiones en marcha, se da un paso concreto hacia esa proyección actuarial que permita transitar a un fondo o instituto estatal inclusivo.El panorama financiero no ha mejorado; al contrario, el pasivo por jubilaciones sigue exponencial, amenazando la viabilidad de instituciones clave como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Retomo aquí las palabras proféticas del rector Fernando Bilbao Marcos en 2008: “Si en los próximos meses no avanzamos significativamente en diseñar formas de resolver el pasivo laboral, muy pronto enfrentaremos una situación económica que pondrá en riesgo la viabilidad de la universidad”. Ese riesgo se extiende ahora al erario estatal entero, donde las pensiones devoran presupuestos sin control ni transparencia.
En fin, la LVI Legislatura tiene ante sí la oportunidad histórica de romper el ciclo de intentos fallidos. Con el respaldo del Ejecutivo y la presión de la SCJN, esta iniciativa para 2026 podría ser la que por fin desbloquee el nudo gordiano de las pensiones morelenses. Ojalá que, esta vez, prevalezca el bien común sobre intereses mezquinos y la urgencia presupuestal impulse un consenso genuino. Morelos no puede seguir sangrando por heridas autoinfligidas; urge un organismo que sane, no que perpetúe el desorden. A ver cómo lo resuelven los diputados de hoy.
