Cuatro años de impunidad: Urióstegui y el fantasma del Puente Colgante
LA CRÓNICA DE MORELOS
Por Guillermo Cinta Flores
El colapso del puente colgante en el Paseo Ribereño el 7 de junio de 2022 sigue siendo un lastre para el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado. Casi cuatro años después, este miércoles 18 de febrero de 2026, el edil confirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) pretende vincularlo a proceso por su posible responsabilidad en el accidente que dejó al menos 25 lesionados, incluyendo a él mismo, su esposa, regidores y reporteros.
Sin embargo, Urióstegui asegura tener la “conciencia tranquila” y niega haber participado en los trabajos o la inversión pública, atribuyendo todo a su rol inherente como presidente municipal. Este espinoso caso llega justo cuando la FECC devolvió las instalaciones del Paseo Ribereño al Ayuntamiento de Cuernavaca, tras mantenerlo asegurado por casi cuatro años sin judicializar el caso formalmente.
El sitio fue liberado esta semana, permitiendo al municipio planear inversiones para su reapertura al público. Pero, ¿esto significa el fin de la investigación o solo una pausa conveniente en vísperas de procesos electorales locales? La falta de avances judiciales huele a impunidad, especialmente considerando que involucra a servidores públicos actuales y pasados.
Recordemos los hechos esenciales: el puente, construido en la administración de Alfonso Sandoval Camuñas (1994-1997), fue clausurado por Protección Civil Estatal en septiembre de 2021 debido a su deterioro. Bajo Urióstegui, quien asumió en octubre de 2021, se ordenó su “rehabilitación” a cargo del entonces Secretario de Obras Públicas, Pablo Aguilar, un panista entonces cercano al alcalde. Se usaron recursos donados por la Fundación Doster, dedicada al rescate de barrancas, pero al parecer solo se aplicó un “maquillaje” superficial: maderas nuevas y pintura, sin peritajes estructurales adecuados.
Durante la inauguración, el 7 de junio de 2022, el puente cedió bajo el peso de 20 a 30 personas, causando una caída de dos a tres metros. Las lesiones variaron desde leves hasta graves, como la fractura expuesta en el tobillo izquierdo de la regidora morenista Patricia Torres, quien requirió múltiples cirugías y enfrentó riesgos de amputación e infecciones. Torres, respaldada por figuras nacionales de Morena como Dolores Padierna, procedió legalmente contra Urióstegui, Aguilar, el regidor panista Fernando Carrillo y otros responsables, acusándolos de negligencia criminal.
A cuatro años de distancia, ¿qué ha pasado con esas demandas? Fuentes judiciales indican que las audiencias han sido reprogramadas múltiples veces, la última en noviembre de 2025, sin resoluciones definitivas. Torres, quien solicitó licencia con goce de sueldo para recuperarse, fue rechazada por Urióstegui y Carrillo en un acto de mezquindad que la obligó a renunciar temporalmente. Hoy, en 2026, Torres ha regresado a la escena política, exigiendo justicia y denunciando públicamente en redes el “encubrimiento” del caso, lo que ha generado eco en medios nacionales.
Urióstegui ha mentido repetidamente, culpando al exalcalde Antonio Villalobos Adán por el colapso, cuando en realidad el puente estuvo clausurado durante su administración. El proyecto de rehabilitación del Paseo Ribereño, financiado por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp), se centró en un puente peatonal nuevo, no en el colgante. Ambos gobiernos –estatal y municipal bajo Villalobos– optaron por cerrarlo con varillas y señales de prohibición, reconociendo su peligro tras el sismo de 2017 y el desgaste natural.
La pregunta persiste: ¿hubo un peritaje previo por Protección Civil Municipal para evaluar la capacidad de carga? ¿Los cables y anclajes resistirían el paso simultáneo de decenas de personas? La excoordinadora de Protección Civil advirtió en marzo de 2022 contra la reapertura, citando falta de mantenimiento antiquísima, pero Urióstegui ignoró las alertas, priorizando una inauguración pomposa que terminó en tragedia. Tras el incidente, cesó a cuatro funcionarios, pero él se lavó las manos, delegando en la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Juan Salazar Núñez.
Hoy, en febrero de 2026, Urióstegui anuncia planes para reforzar el puente vehicular Porfirio Díaz, que presenta vibraciones preocupantes, y reinvertir en el Paseo Ribereño para “servicio de la sociedad”. Pero evade detalles sobre la investigación, insistiendo en que la síndicatura la maneja y que no ha sido notificado de audiencias.
¿Por qué la FECC tardó cuatro años en devolver el sitio sin imputaciones formales? Reportes sugieren presiones políticas, especialmente con Urióstegui buscando reelegirse o aliados en el PAN para las elecciones de 2027.
El paralelismo con Claudia Sheinbaum y el desplome de la Línea 12 del Metro ha sido siempre evidente: en ambos casos, líderes minimizan su rol, culpando a antecesores o subordinados, mientras víctimas como la exregidora Torres luchan por justicia. Sheinbaum, ahora presidenta, prometió “transparencia” en el Metro, pero los avances son nulos; similarmente, en Morelos, la FECC parece estancada. ¿Protegerá el sistema a Urióstegui como a Ebrard y Mancera?
Patricia Torres, en entrevistas recientes, ha exigido agilizar las imputaciones, recordando que su vida cambió para siempre por la negligencia. Otros lesionados, incluyendo reporteros, han unido fuerzas en demandas colectivas, pero el Ayuntamiento ha obstruido con burocracia. La Fundación Doster, donante de fondos, expresó decepción pública, exigiendo auditorías independientes sobre el uso de sus recursos.
Este caso resalta la corrupción endémica en obras públicas mexicanas: desde el Metro hasta un puente local, la impunidad reina cuando involucra a poderosos. En noviembre de 2025, una audiencia fue pospuesta por “falta de pruebas”, pero ¿qué más se necesita? Testimonios, documentos de clausura y advertencias ignoradas abundan.
Urióstegui pide “agilizar investigaciones” mientras evade responsabilidad, un doble estándar hipócrita. Como en el Metro, donde Sheinbaum culpaba a “empresas extranjeras”, aquí se señaló a Toño Villalobos falsamente. La verdad: Urióstegui reabrió una estructura condenada por vanidad política.
Con la devolución del Paseo Ribereño, ¿veremos una reapertura sin justicia? Morelos merece respuestas, no maquillajes. La FECC debe actuar ya, antes de que el caso se diluya en el olvido electoral.
Finalmente, cuatro años después, el puente colgante sigue siendo símbolo de negligencia. Urióstegui, con su “conciencia tranquila”, enfrenta un proceso inminente, pero ¿llegará a juicio? La sociedad morelense vigila: impunidad no debería ser opción en 2026… pero ahí vienen de nuevo.
