DE LA ILUSIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLICÍAS ESTATALES
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 3 de septiembre de 2025
La seguridad pública en México ha sido un rompecabezas que, por años, muchos quisieron resolver con una sola pieza: la Guardia Nacional (GN). Desde su creación en 2019, algunos gobernadores la vieron como la panacea para la violencia que azota sus estados, una gran equivocación. Este martes, en la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno federal y los 32 estados, mayoritariamente gobernados por Morena, acordaron por unanimidad fortalecer y profesionalizar las policías estatales. Este giro pragmático, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoce una verdad incómoda: la GN no basta para enfrentar un problema tan complejo como la inseguridad, que requiere soluciones locales y civiles.
La sobredependencia en la GN ha sido un error histórico. Con más de 100 mil elementos, la GN logró estabilizar parcialmente los homicidios dolosos, pero en estados como Sinaloa la violencia escaló un 270 por ciento en periodos recientes. Los gobernadores que apostaron todo a la militarización ignoraron que el 90-96 por ciento de los delitos son de fuero común, responsabilidad de las policías estatales. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, lo dijo claro: fortalecer estas corporaciones es “condición indispensable”. El acuerdo traza un plan ambicioso con tres ejes y 16 acciones, incluyendo aumentar el estado de fuerza hacia 2029, profesionalizar mediante academias certificadas para 2028 y homologar la formación en inteligencia. Es un mensaje directo: la GN debe ser complementaria, no el centro de la estrategia.
La unanimidad lograda, incluyendo a opositores como Pablo Lemus de Jalisco, refleja un consenso maduro. En 11 meses, la administración de Sheinbaum ha reducido homicidios un 25 por ciento, el nivel más bajo desde 2016, con avances en 23 estados. Pero el desafío es monumental: las policías estatales sufren recortes presupuestales desde 2018, mientras la GN acaparaba recursos. El pacto propone un fondo permanente federal-estatal, con incentivos para los estados más efectivos, y busca fortalecer centros de comando y áreas contra extorsión. Esto corrige la percepción de que la GN, con un 74 por ciento de confianza ciudadana según la ENSU 2023, podía sola frente a unas policías locales con apenas 54 por ciento de aprobación, debilitadas por falta de capacitación y recursos.
El acuerdo no solo mira a la seguridad. También incluye crear fiscalías especializadas en desapariciones, con unidades de análisis avanzado, respondiendo a demandas de colectivos familiares. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno, destacada por Sheinbaum y García Harfuch, equilibra la consolidación de la GN —ahora bajo la Sedena— con un enfoque civil. Aunque críticos de oposición advierten sobre militarización, el pacto prioriza la profesionalización local, un paso hacia la legitimidad de las policías. La gran equivocación del pasado fue subestimar al crimen organizado, que opera en lo local con extorsión y narcomenudeo. Si los gobernadores aterrizan este plan con recursos reales, México podría ver una reducción sostenible de la violencia.
En el caso particular de Morelos, la gobernadora Margarita González Saravia decidió alinearse con el gabinete federal de seguridad, participando activamente en sesiones del Gabinete Nacional y coordinando estrategias con la presidenta Sheinbaum, como se evidenció en anuncios de acciones especiales para la región oriente del estado en mayo de 2025. Hasta ahora, esta alineación ha demostrado un fortalecimiento creciente de la Policía Preventiva Morelos y de las policías municipales, como la de Cuernavaca, donde se incorporaron nuevos elementos egresados de la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública en agosto de 2025, se entregaron patrullas y uniformes, y se incrementaron salarios a más de 15 mil pesos mensuales para dignificar la labor policial. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en tanto, llegan a los hechos de violencia como segundos y hasta terceros escalones, apoyando en operativos interinstitucionales de vigilancia en carreteras y rescates, pero reconociendo que la respuesta primaria debe ser local y civil, alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad.
Este acuerdo marca un viraje hacia un federalismo real en seguridad, dejando atrás la ilusión centralista. Con presiones externas, como la visita de Marco Rubio y las demandas de EE.UU. contra cárteles, México fortalece su posición mostrando unidad interna. Pero el éxito dependerá de la ejecución: más elementos capacitados, menos renuncias (29 mil entre 2022-2024) y resultados medibles ante el Congreso. Si los gobiernos, especialmente los de Morena, cumplen con presupuestos y transparencia, este pacto podría ser el inicio de una era más segura. De lo contrario, seguiremos atrapados en errores del pasado, donde la GN fue una falsa salvadora. México merece más que promesas; merece acción.
