DE LA SOMBRA AL DESAFÍO: LA HISTORIA DEL NARCO EN MORELOS Y EL COMPROMISO ACTUAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 3 de abril de 2025
En otras columnas me he referido a la historia del narcotráfico en Morelos, señalando cómo diversos gobernadores contribuyeron a su arraigo y consolidación. He recordado el sexenio de Armando León Bejarano (1976-1982), que marcó la llegada de importantes narcotraficantes como Rafael Aguilar Guajardo, quien presumía su cercanía con el gobernador. Con Aguilar Guajardo arribó también Juan José Esparragoza, alias ‘El Azul’, quien operó en Cuernavaca con protección de instituciones de seguridad pública.
La influencia de Rafael Aguilar Guajardo se extendió a empresarios locales antes de fundar un centro de espectáculos en la Ciudad de México, manteniendo su residencia en Morelos hasta su asesinato en 1993. Tras su muerte, Amado Carrillo Fuentes, también residente en Morelos, tomó el control del Cártel de Juárez hasta su fallecimiento en 1997. Posteriormente, Juan José Esparragoza fue señalado como el nuevo líder del cártel. Durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), se rumoreó su relación con la hija de Esparragoza, quien vivió y estudió en Cuernavaca.
Rafael Aguilar Guajardo no solo fundó, sino que ordenó la creación del Cártel de Juárez, articulando a grupos dedicados al contrabando y sistematizando la corrupción policial. Su ejecución en Cancún marcó el fin de una era dominada por líderes originarios de Ciudad Juárez, dando paso al ascenso de figuras sinaloenses como Amado Carrillo Fuentes, quien también encontró refugio en Morelos, contando con la complicidad de redes institucionales durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea (1994-1998).
En 2001, en Cuernavaca, se gestó “La Federación”, una poderosa organización criminal liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Arturo Beltrán Leyva, otro capo que se afianzó en Morelos bajo la protección del gobernador Marco Adame Castillo (2006-2012), participó en la división de territorios con “Los Zetas”, lo que eventualmente llevó a su ruptura con Guzmán. La presencia de estos líderes en Morelos se vio marcada por ejecuciones y mensajes intimidatorios dirigidos a quienes colaboraban con cárteles rivales. Fue un tiempo en que era un secreto a voces el pacto entre autoridades estatales y líderes criminales para encubrir sus actividades, principalmente asociadas al tráfico de drogas. Y los mismos jefes se comprometieron a mantener “limpia” la plaza, lo que significaba el exterminio de secuestradores, asaltantes, roba carros, atracadores en casa-habitación y violadores (entre otros delincuentes), cuyos cadáveres aparecían en diferentes regiones de la entidad.
La detención de Reynaldo Zambada en 2008 y el asesinato del subprocurador Andrés Dimitriadis Juárez, quien investigaba delitos federales y el homicidio de un mando policial, evidenciaron la profunda infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad morelenses. Operativos como el intento de captura de Alberto Pineda Villa y la detención del secretario de Seguridad Pública, Luis Angel Cabeza de Vaca, acusado de proteger a los Beltrán Leyva, confirmaron esta situación.
El abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en 2009 desorganizó el panorama criminal en Morelos, dando paso a la proliferación de nuevos grupos y pandillas dedicadas a delitos de alto impacto. El “Cártel del Pacífico Sur”, al servicio de Héctor Beltrán Leyva, fue responsable del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia y otras personas. La captura de sus líderes fue resultado de la presión social, pero la violencia persistió debido a la fragmentación del crimen organizado.
En Cuernavaca, durante el trienio 2015-2018, fue un secreto a voces el contubernio de autoridades municipales de Cuernavaca con un grupo criminal al que se le concedió luz verde para usufructuar servicios proporcionados por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Los piperos, por ejemplo, eran presionados para acatar los designios de quienes, a punta de pistola, cobraban extorsiones para autorizar las salidas de los vehículos porteadores. A la llegada de Antonio Villalobos Adán en 2018, fue difícil extirpar ese cáncer del SAPAC, pero se consiguió hasta cierto punto.
Actualmente, Morelos enfrenta el desafío de controlar la violencia generada por la operación de múltiples cárteles, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, “Los Tlahuicas”, “Los Rojos”, “La Familia Michoacana” y “Los Mayas”, además del grupo de “El Señorón”. La desorganización del crimen organizado ha resultado en la aparición de pequeños grupos armados, sin códigos definidos, que buscan obtener recursos a través de diversos delitos, reflejando una cultura de violencia arraigada en la región.
La declaración de Miguel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, externada este miércoles sobre la inexistencia de pactos con grupos criminales, representa un cambio significativo en el discurso y la postura oficial.
Esta afirmación se ve respaldada por la administración de la gobernadora Margarita González Saravia, quien ha enfatizado la prioridad de erradicar la impunidad y la corrupción. La captura de importantes generadores de violencia en un lapso de seis meses se presenta como evidencia concreta de esta nueva política, demostrando un compromiso activo en la lucha contra el crimen organizado.
La postura de la actual administración busca marcar un claro contraste con el pasado, donde la connivencia entre autoridades y cárteles de la droga era una realidad palpable. Al enfatizar la transparencia y la rendición de cuentas, el gobierno de González Saravia pretende restablecer la confianza en las instituciones de seguridad y enviar un mensaje contundente de que la ley se aplicará sin excepciones.
La efectividad de esta nueva estrategia se medirá, en última instancia, por la capacidad de mantener la tendencia de detenciones y por la reducción sostenida de los índices de violencia en el estado.
