DE NUEVO EL ESTADO FALLIDO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 3 de febrero de 2024
Frente a la autocomplacencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a los presuntos resultados de su gobierno contra el crimen organizado, los grupos delincuenciales mantienen e intensifican la guerra contra las instituciones responsabilizadas de combatirlos y de garantizar la paz a nuestra sociedad. El descontrol de la violencia amenaza con contaminar el proceso electoral actualmente en marcha y cuya parte más álgida será el desarrollo de los comicios el próximo domingo 2 de junio de 2024. Sin duda alguna, habrá territorios de la República Mexicana cuya debilidad institucional permitirá la infiltración de grupos criminales para colocar, sobre todo al frente de los ayuntamientos, a quienes les garanticen libertad e impunidad.
El descontrol de la violencia es el pan nuestro de cada día.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el implacable avance del crimen organizado y la exacta dimensión del estado mexicano dentro de esa guerra, que comenzó en el sexenio de Vicente Fox, se intensificó en el de Felipe Calderón, se mantuvo en el periodo de Peña Nieto y se enquistó de manera profunda en el sexenio de López Obrador. Este flagelo no tiene para cuando acabar.
Nuevamente aparece el contexto del estado fallido, que, desde luego, también afecta a Morelos. En esta entidad los operativos en contra de células delictivas son ejecutados por la Comisión Estatal de Seguridad, y son a veces acompañados por miembros de fuerzas armadas federales. Sin embargo, militares, marinos y guardias nacionales no garantizan un clima de paz y tranquilidad. Su personal en Morelos no cubre la demanda de seguridad pública en los 36 municipios. Por lo tanto, la CES-Morelos debe rascarse con sus propias uñas.
ORGANIZACIONES PODEROSAS
Como las comunitarias y las económicas, las consecuencias políticas de la actividad que despliegan las organizaciones criminales, especialmente las más poderosas, se distribuyen en varias dimensiones.
“Por lo pronto, conviene advertir que la existencia de un problema de crimen organizado en un país obliga a destinar gran cantidad de recursos (económicos, técnicos, materiales y humanos) y esfuerzos a hacer frente a su amenaza, recursos y esfuerzos que podrían destinarse a otros ámbitos de la actuación política de máxima necesidad y que pueden elevar sensiblemente la deuda estatal”.
Así lo leemos en el excelente libro “Crimen Punto Org. Evolución y claves de la delincuencia organizada”, de Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-Salinas Framis (España, Editorial Planeta 2010), que nos ayuda a comprender todavía más el fenómeno.
De manera concreta los autores describen el escenario de un estado fallido:
“El efecto político más extendido es la pérdida de eficiencia en el funcionamiento de instituciones públicas, generalmente como consecuencia de la corrupción promovida a distintos niveles y en diferentes áreas para favorecer intereses privados. Esas prácticas corruptas y las complementarias acciones intimidatorias dirigidas contra empleados de la administración suelen ir orientadas a promover la distribución parcial de los recursos, quebrando así el principio de equidad en la implementación de políticas públicas. Una forma alternativa de generar efectos semejantes, aunque más graves, tiene lugar cuando una organización criminal logra extender su influencia hasta las altas esferas políticas, lo que le permite condicionar el ejercicio del poder legislativo y ejecutivo, que afecta la promulgación de leyes o a la toma de decisiones gubernamentales (…) El crimen organizado puede erosionar también los fundamentos y pilares del Estado de derecho”.
Conclusión: la propia acción del crimen organizado constituye un desafío para el mantenimiento del principio de legalidad vigente.
Las células de delincuencia organizada diseminadas a nivel nacional, sobre todo en zonas de alta violencia, integran un gigantesco grupo que dejó de reconocer cualquier vestigio de legitimidad y autoridad del sistema, estando dispuesto a dar la vida en su empeño por destruirlo. El caso de los decapitados y otras formas de aniquilación entre bandas criminales es algo diametralmente opuesto al hecho de agredir instituciones públicas sin temor. Es aceptar la guerra.
Y en eso estamos metidos a fuerza todos los mexicanos. Hasta el viernes de esta semana van 178 mil 239 homicidios dolosos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuya imagen, por cierto, no es la mejor en días recientes debido a infinidad de factores, uno de ellos su política de seguridad pública basada en “abrazos y no balazos”, y otro los informes publicados en medios extranjeros referentes al presunto financiamiento de la campaña 2006 de AMLO.
