DE NUEVO EN EL CONGRESO EL TEMA DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES
LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 30 de septiembre de 2021
El Colegio Morelense de Abogados, presidido por el combativo Juan Juárez Rivas, presentó este miércoles ante el Congreso local la propuesta para crear el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Gobierno del Estado, con la finalidad “de abstraer del Poder Legislativo de una función administrativa, evitar los ‘moches’, la corrupción, el tráfico de influencias y remontar el rezago en la atención de solicitudes de retiro de los trabajadores”. El abogado señaló que presentó la propuesta en la Comisión de Trabajo y Previsión Social a cargo de la diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez, a fin de ser incluida en el actual periodo ordinario de sesiones.
Expresó que la creación del instituto “no solo descargaría el trabajo de los diputados y se atenderían de manera pronta y expedita las solicitudes de jubilación y pensión de los burócratas, sino que se combatiría la corrupción y el tráfico de influencias de los amigos y familiares de los altos funcionarios en turno que se saltan la lista de espera y son los primeros en obtener sus pensiones, aun cuando no cumplan los requisitos y por encima de los derechos de muchos trabajadores que han demostrado antigüedad en los diversos niveles del servicio público”. Etcétera, etcétera. Habrá de ver el curso de la iniciativa de Juan Juárez Rivas.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el tema ingresa al Congreso del estado, pues en marzo de 2008 entró la iniciativa, turnada por el entonces gobernador Marco Adame Castillo, para crear el Instituto de Pensionados y Jubilados de Morelos. El asunto fue turnado a la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a la sazón presidida por el diputado del PRD, Matías Quiroz Medina.
Dicha Comisión legislativa debió sacar adelante el tema del Instituto de Pensionados y Jubilados, pero en la coyuntura se hizo público un listado conteniendo los nombres de una pléyade de funcionarios (as) que, a pesar de su solvencia financiera, tenían adeudos con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (CTSGEM).
La necesidad de crear el Instituto de Pensionados y Jubilados era compartida por diputados de todos los partidos, académicos, investigadores, autoridades municipales y estatales, así como los dirigentes de diversos sindicatos de burócratas. Todos habían participado en una serie de reuniones donde la constante fue la actitud defensiva de los sindicalistas, quienes veían a los demás como oponentes, dispuestos a hacerlos objeto de un engaño para despojarlos de cualquier derecho en materia de pensiones y jubilaciones.
El 19 de marzo de 2008 me referí al estancamiento de las negociaciones, luego de cuatro encuentros ríspidos. Fue así como Quiroz Medina suspendió la quinta reunión con el argumento de que otros miembros de su Comisión, entre quienes destacaban Emma Margarita Alemán y Martha Patricia Franco, del PAN, y David Irazoque, del PRD, irían a conocer experiencias de los institutos de pensiones de Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Ante ese argumento hubo líderes sindicales que respondieron con el reclamo de participar en el “tour” para no recibir información falsa de los legisladores, entre ellos Leopoldo Reyes Gaytán, del Poder Ejecutivo; Jesús Millán Toledo, del Judicial; Gabriel Ramos Martínez, del Legislativo; Margarita Alarcón Sánchez, líder de los maestros con plazas estatales; y Baldomero Díaz Sotelo, dirigente de los jubilados. El problema surgió cuando Matías se negó a tener compañía “indeseable” en su visita a las entidades citadas, porque esa actitud dio certidumbre a las sospechas de los sindicalistas en cuanto a que los miembros del Congreso estaban confabulados en el intento de quitar a los burócratas sus derechos de pensión y jubilación. Conclusión: el mentado Instituto fue bloqueado.
Empero, otro factor que generó la inconformidad fue la revelación de una larga lista compuesta por políticos de todos los partidos, funcionarios y hasta diputados y magistrados, a quienes presuntamente de manera indebida se les permitió incumplir por años el pago de sus deudas con el Instituto de Crédito. Este escenario contrastaba con la realidad de los auténticos trabajadores: ellos, sus avales y deudores solidarios siempre han sido presionados y hasta embargados para obligarlos a pagar sus deudas con dicho organismo. Por eso y más se justificó la reacción de los burócratas. En teoría no debió haber excepciones, pero la forma en que determinados miembros de la “burocracia dorada” burlaron los controles y procedimientos para no pagar sus empréstitos durante años, fue un ingrediente más para congelar la iniciativa de Marco Adame Castillo.
Conclusión: cuando ingresó al Congreso la iniciativa para crear el Instituto de Pensionados y Jubilados las autoridades estatales habían lanzado ya la voz de alerta sobre la gigantesca sangría representada al erario por el espinoso asunto, circunstancia que sigue igual en la actualidad. La solución al creciente problema de las pensiones era mucho más importante que las posiciones políticas y dislates de ciertos operadores.
Allá y entonces retomé una parte del informe leído ante el Consejo Universitario por el rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, quien pronosticó también el escenario actual de las finanzas de dicha institución: “Lo que más nos ocupa y preocupa es el exponencial incremento del pasivo generado por las jubilaciones. Si en los próximos meses no avanzamos significativamente en diseñar formas de resolver el pasivo laboral, muy pronto enfrentaremos una situación económica que pondrá en riesgo la viabilidad de la universidad”. A ver cómo maneja el tema la LV Legislatura.
