Del ring al resolutivo: la necesidad de mediación ejecutiva en la crisis del Tribunal Superior de Justicia de Morelos

ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 20 de marzo de 2025

Algún día de 1984 conversaba yo con el entonces gobernador de Morelos, Lauro Ortega Martínez, cuando apareció uno de sus subalternos llevándole un informe sobre la venta de estupefacientes en conocida discoteque de Cuernavaca. Don Lauro giró órdenes para que se investigara el hecho y/o que interviniera cuanto antes la PGR. Sin embargo, otra persona le dijo: “¿Para qué se mete en un asunto que no es de su incumbencia?” a lo cual respondió: “Todo lo que pase en Morelos me incumbe, pues para eso soy el gobernador”.

Quise sacar a cuento la anécdota, porque pareciera que el Poder Ejecutivo estatal, hoy en día, solo observa a la distancia la ingobernabilidad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desde luego considerando que se trata de otro poder del estado de Morelos, constitucionalmente autónomo. Sin embargo, los magistrados llevan mucho tiempo sin resolver sus diferencias. Hoy en día enfrenta su peor crisis de ingobernabilidad.

Así, creo necesario reflexionar sobre la necesidad y posibilidad de que la gobernadora Margarita González Saravia y sus principales operadores políticos pudiesen mediar en el conflicto, lo antes posible, antes de que escale todavía más la conflictividad del Tribunal en perjuicio de la justicia. Desglosemos.

El recuerdo sobre Lauro Ortega ilustra un enfoque de liderazgo en el que el gobernador asumía una responsabilidad integral sobre lo que ocurría en el estado, incluso en asuntos que podrían parecer fuera de su ámbito inmediato de acción, como el combate a la venta de estupefacientes en una discoteca.

Su respuesta —“Todo lo que pase en Morelos me incumbe, pues para eso soy el gobernador”— reflejaba una visión de la gubernatura como una autoridad que no solo ejecuta, sino que también vigila y actúa proactivamente para garantizar el bienestar y el orden en su jurisdicción. En ese caso, giró órdenes para involucrar a la PGR (entonces Procuraduría General de la República), mostrando una disposición a coordinarse con otras instancias para resolver problemas.

Contrastando aquello con la situación actual del Tribunal Superior de Justicia de Morelos en 2025, observamos la distancia marcada por el Poder Ejecutivo, frente a un conflicto interno entre magistrados que lleva tiempo sin resolverse.

Hoy, 20 de marzo de 2025, la crisis en el Tribunal ha alcanzado un punto crítico: hay dos presidentes autoproclamados, sesiones interrumpidas por amenazas de bomba y una percepción de caos que afecta la impartición de justicia. Este órgano es constitucionalmente autónomo, cierto, pero esa autonomía no debería traducirse en una indiferencia del Ejecutivo cuando la situación se desborda y pone en riesgo la gobernabilidad y el acceso a la justicia para los ciudadanos.

En un sistema de división de poderes, el Ejecutivo no puede intervenir directamente en las decisiones internas del Poder Judicial, pero sí tiene un rol implícito como garante del equilibrio institucional y del bienestar colectivo. La crisis del Tribunal no es solo un problema de los magistrados; impacta a los justiciables, erosiona la confianza en las instituciones y podría escalar aún más si no se atiende. Saqué a colación la anécdota de Ortega porque sugiere que un gobernador puede y debe tomar un papel activo —no impositivo, sino facilitador— cuando un asunto trasciende lo interno y afecta al estado en su conjunto.

Una mediación del Ejecutivo podría implicar convocar a las partes en conflicto, promover el diálogo y, si es necesario, involucrar a otras instancias, como el Legislativo. Esto no violaría la autonomía judicial, sino que buscaría restablecer condiciones para que el Tribunal funcione. Sin embargo, también hay riesgos: cualquier acción podría interpretarse como intromisión, y la gobernadora tendría que actuar con extremo cuidado para no agravar las tensiones.

En resumen, estas reflexiones plantean una pregunta clave: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del Ejecutivo en una crisis de otro poder autónomo? La postura de Ortega en 1984 sugiere que un gobernador puede asumir un rol más amplio cuando el interés público está en juego. Hoy, con el Tribunal Superior de Justicia en un punto de ruptura, la mediación podría ser una vía para evitar que la ingobernabilidad judicial se convierta en un problema aún mayor para Morelos.