Diputados federales se blindan con millonario aumento salarial para 2026 en medio de austeridad nacional
Ciudad de México, 31 de octubre de 2025. En un movimiento que ha desatado un torbellino de críticas por su momento y magnitud, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó un incremento salarial para los legisladores federales que entrará en vigor en 2026, elevando sus percepciones anuales netas de 1.19 millones a 1.31 millones de pesos por diputado.
Este ajuste, equivalente a 113 mil 739 pesos adicionales por legislador al año —una cifra que supera el salario mínimo anual de un trabajador formal en México, estimado en alrededor de 57 mil pesos para 2025—, se suma a una dieta mensual que ascenderá a 108 mil 935 pesos y un nuevo seguro de vida institucional por 60 mil pesos anuales.
La decisión, integrada al dictamen del Paquete Económico 2026, fue avalada por la mayoría oficialista de Morena y sus aliados, pese a las protestas de la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, que la tildaron de “desproporcionada” e “insensible” ante los recortes presupuestales en sectores clave como salud, educación y desarrollo social.
Este aumento no es un hecho aislado: forma parte de una tendencia en el Poder Legislativo federal, cuyo presupuesto total para 2025 rondó los 14 mil 700 millones de pesos solo para la Cámara de Diputados y el Senado —9 mil 603 millones para la primera y 5 mil 104 millones para la segunda, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025—. Para 2026, se prevé un leve incremento que podría superar los 15 mil millones, impulsado en gran medida por estos ajustes salariales y prestaciones.
Pero el panorama se amplía al considerar el ecosistema completo de los congresos en México. El gasto en los 32 poderes legislativos estatales, según datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) del Inegi para 2022 —los más recientes disponibles, con cifras similares para años posteriores ajustadas por inflación—, ascendió a 15 mil 292 millones de pesos. Estimaciones conservadoras para 2025 lo situaron en torno a los 16 mil millones, considerando el crecimiento nominal del gasto público estatal.
En conjunto, el costo de todos los congresos —federal y estatales— representa aproximadamente 30 mil millones de pesos anuales, una fracción minúscula del PIB mexicano, estimado en 35 billones de pesos para 2025 por analistas como BBVA y el Inegi, basado en el crecimiento trimestral reportado y proyecciones de 1.2% anual. Esto equivale a menos del 0.1% del PIB nacional, un impacto fiscal “marginal” según expertos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), que subrayan que, aunque simbólico, este gasto no justifica los excesos en un contexto de déficit presupuestario del 4.3% del PIB y presiones inflacionarias.
Sin embargo, el simbolismo pesa: con 500 diputados federales y cerca de mil legisladores estatales, el aumento solo en el Congreso de la Unión podría inyectar al menos 57 millones de pesos extras solo en sueldos, sin contar dietas y seguros. “Es un golpe a la credibilidad de las instituciones en tiempos de austeridad republicana”, opinó el analista económico Rodrigo Aguilera, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La votación en el pleno de la Cámara está programada para noviembre, donde la oposición intentará revertir el dictamen, aunque las mayorías sugieren que el aumento es un hecho consumado.
Mientras tanto, el Paquete Económico 2026, que contempla un gasto neto total de 10.2 billones de pesos, prioriza el pago de deuda (3.8% del PIB) y transferencias sociales, pero deja en el tintero mayores inversiones en infraestructura. En un México donde el 41 por ciento de la población vive en pobreza moderada o extrema, según Coneval, este “plus” legislativo reaviva el debate sobre la desconexión entre el Palacio Legislativo y la realidad callejera.
En un país donde el 41 por ciento de la población sobrevive en condiciones de pobreza moderada o extrema, según los datos más recientes del Coneval, este blindaje salarial para los legisladores federales no solo reafirma su estatus como una casta privilegiada, sino que profundiza la brecha entre el Legislativo y las calles polvorientas de México. Mientras miles de familias luchan por cubrir lo básico con un salario mínimo que apenas alcanza para un mes de dieta parlamentaria, estos representantes del pueblo acumulan emolumentos, canonjías y prestaciones que parecen diseñadas para un mundo paralelo, uno donde la austeridad es un discurso ajeno a sus bolsillos.
Esta desconexión no es solo un desequilibrio fiscal marginal —menos del 0.1 por ciento del PIB, como bien lo calculan los expertos—, sino un espejo cruel que refleja la urgencia de una reforma real: no de números, sino de empatía, para que el servicio público deje de ser sinónimo de privilegio eterno y se convierta, por fin, en un pacto equitativo con la nación que los eligió.
