EL ASESINATO DE ERNESTO VÁZQUEZ REYNA: UN DESAFÍO AL ESTADO Y UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
LA CRÓNICA DE MORELOS. Martes 5 de agosto de 2025.
EDITORIAL
El brutal asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, perpetrado este 4 de agosto en Reynosa, representa un nuevo y descarado desafío del crimen organizado al Estado mexicano.
Este ataque, ejecutado con granadas y armas largas en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, no solo segó la vida de un funcionario clave en la lucha contra la delincuencia, sino que expuso, una vez más, la fragilidad de las instituciones en un estado asediado por la violencia. Vázquez Reyna, quien desde 2019 lideraba investigaciones de alto impacto contra el narcotráfico y otros delitos federales, fue blanco de un atentado que refleja la audacia de grupos criminales, como el Cártel del Golfo, que operan con impunidad en la región.
Tamaulipas, y en particular Reynosa, ha sido durante años un epicentro de disputas entre cárteles por el control de rutas de tráfico de drogas, migrantes y combustibles. La designación del Cártel del Golfo como “organización terrorista extranjera” por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025 subraya la gravedad de la situación.
Sin embargo, el asesinato de Vázquez Reyna pone en tela de juicio la eficacia de las estrategias de seguridad y la coordinación entre los niveles de gobierno. Las acusaciones que han señalado al gobernador Américo Villarreal por presuntos vínculos con grupos criminales, aunque no probadas judicialmente, alimentan la percepción de una colusión que debilita la lucha contra el crimen. La ausencia de escoltas y el uso de un vehículo sin blindaje por parte del delegado al momento del ataque levantan sospechas adicionales sobre posibles fallos institucionales o incluso complicidades internas.
Este crimen no puede ser visto como un hecho aislado, sino como un síntoma de la profunda crisis de seguridad que atraviesa México. La muerte de un alto funcionario federal en un contexto de operativos recientes contra el crimen organizado, como el decomiso de combustible y vehículos blindados en Reynosa, sugiere que el ataque pudo ser una represalia directa.
La respuesta del gobierno debe ser contundente: no basta con condenas públicas, como la expresada por Villarreal, ni con promesas de colaboración en las investigaciones. Es imperativo que la FGR y las autoridades federales refuercen la protección de sus funcionarios, fortalezcan los operativos contra los cárteles y esclarezcan cualquier duda sobre la integridad de las autoridades locales. La impunidad en este caso sería un mensaje de rendición ante el poder criminal.
El asesinato de Ernesto Vázquez Reyna es una llamada urgente a replantear la estrategia de seguridad en Tamaulipas y en todo México. La ciudadanía, que vive bajo el temor de la violencia desatada tras el atentado, merece instituciones fuertes y libres de sospechas de corrupción. El gobierno de Claudia Sheinbaum debe actuar con firmeza, no solo para castigar a los responsables, sino para desmantelar las redes de complicidad que permiten a los cárteles operar con tal descaro. La memoria de Vázquez Reyna, un servidor público que pagó con su vida su compromiso con la justicia, exige no solo justicia, sino un cambio estructural que devuelva la paz a una región asfixiada por el crimen.
La pregunta no es solo quién mató al delegado, sino hasta cuándo el Estado permitirá que el crimen organizado dicte las reglas.
