El carcotráfico como el quinto mayor empleador en México
En México, el crimen organizado no solo genera violencia, sino que también funciona como un empleador masivo en regiones donde las oportunidades laborales formales son escasas.
Según un estudio publicado en 2023 en la revista Science, los cárteles de la droga emplean directamente a cerca de 175.000 personas (con un rango estimado entre 160.000 y 185.000), lo que los convierte en el quinto mayor “empleador” del país, superando a empresas consolidadas como Pemex o Oxxo, y solo por detrás de gigantes como FEMSA, Walmart de México, Manpower y América Móvil.
Este fenómeno es especialmente marcado en estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas y Chihuahua, zonas históricamente afectadas por el cultivo de drogas ilícitas, la extorsión y las disputas territoriales.
En comunidades rurales y marginadas, el narco ofrece ingresos alternativos a través de actividades como el cultivo de amapola y marihuana, el transporte de mercancía, la vigilancia o incluso el sicariato, atrayendo principalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad con promesas de dinero rápido.
Los cárteles reclutan entre 350 y 370 personas por semana para reemplazar las bajas por muertes o detenciones, lo que mantiene un flujo constante de “empleo” ilícito.
Aunque en algunas zonas controladas sin violencia extrema se observa una circulación de dinero que reduce temporalmente la desigualdad y estimula el consumo local, el costo social es inmenso: extorsión generalizada, desplazamientos forzados y el colapso de economías legales como el turismo o la exportación agrícola.
En resumen, el narcotráfico actúa como un empleador real y significativo en ciertas regiones de México, impulsado por la pobreza estructural y la debilidad del Estado, pero a cambio perpetúa un ciclo de violencia y subdesarrollo que afecta profundamente al país entero.
