EL CRIMEN INSTITUCIONALIZADO

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 25 de marzo de 2024

Hace muchos años nos encontrábamos Paco Guerrero y este columnista tomando un suculento café en el restaurante La Universal, en el centro de Cuernavaca. Él era director del diario La Jornada Morelos y yo articulista del mismo medio. El establecimiento se encontraba casi lleno, hacia el mediodía. Propios y extraños disfrutábamos del paradisiaco momento, cuando ese placer fue repentinamente quebrantado por alrededor de diez balazos. Al fin y al cabo, periodistas, ambos volteamos hacia el sitio desde donde supusimos que provenía el estruendo de los disparos y observamos un automóvil arrancando a gran velocidad rumbo a la calle Rayón. Obvio, uno de los tripulantes (contamos a tres) fue quien accionó el arma, con disparos al aire.

Paco observó que, a escasos metros, se encontraba estacionada, a un costado de la Plaza de Armas, una camioneta de la policía preventiva estatal. Los elementos policiacos no reflejaban estar inmutados. Paco les preguntó: “¿No van a seguirlos?”, a lo cual uno de ellos respondió: “Por lo que nos pagan, claro que no”. Lo anterior me hizo recordar lo que un procurador general de Justicia me deslizó fuera de grabación: “Mis policías (es decir agentes ministeriales) tienen la instrucción de no acudir al lugar de los hechos si escuchan balazos o les reportan detonaciones de arma de fuego (…) Tienen que llegar después de los primeros y segundos respondientes (…) No voy a arriesgarlos”.

Sobre un escenario de recurrente descoordinación y dimes y diretes, el reciente asesinato del abogado Marco Antonio Alvear Sánchez, presidente del Instituto Morelense de Información Pública (IMPIE), volvió a colocar en la palestra pública el perenne conflicto entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Comisión Estatal de Seguridad (CES). Ambos bandos no han conseguido ponerse de acuerdo para combatir al crimen organizado. Y me parece que así continuarán hasta el final de sus respectivos periodos, en perjuicio de los ciudadanos inocentes.

Es aquí donde quiero hacer el siguiente planteamiento. La delincuencia organizada es, ante todo, un negocio con implicaciones políticas; es una estructura de poder con cuatro formas básicas: el Estado, parte del Estado, las empresas trasnacionales y la subversión. ¿Espeluznante y repugnante? Claro que sí, pero no me explico de otra forma la preservación del campo fértil, como Morelos, donde han anidado los criminales desde hace varios lustros. ¿De dónde más emana la delincuencia organizada?

Chequen ustedes lo siguiente:

1.- No puede haber contrabando a gran escala, verbigracia los grandes cargamentos de armas, sino a la sombra de la Dirección General de Aduanas.

2.- No puede haber narcotráfico, sino a la sombra de la policía federal, elementos del Ejército y policías estatales y municipales.

3.- No puede haber giros negros, sino a la sombra de las autoridades locales.

4.- No podrían proliferar los delitos de alto impacto (secuestro y extorsión), así como los atracos a mano armada, sino a la sombra de agentes policiacos municipales.

5.- No podría haber “huachicoleros”, es decir quienes se dedican a la extracción ilegal y venta de hidrocarburos, sin la colusión de funcionarios adscritos a Petróleos Mexicanos.

Líneas atrás escribí sobre el procurador que recomendaba a los policías ministeriales llegar a los hechos violentos luego del primero y segundo respondiente… si eran requeridos. Me parece que el primer respondiente siempre ha sido la policía municipal; el segundo, elementos de la policía preventiva estatal hoy denominado Mando Coordinado de Policía Morelos; y el tercero podrían ser la Guardia Nacional, así como miembros del Ejército Mexicano, cuyos elementos, fuertemente armados, llegan a los puntos de conflicto para colocarse en un perímetro de seguridad donde los más esforzados son los peritos criminalísticos de la Fiscalía General de Justicia. Hacen las veces también de agentes de policía vial.

Ha sido en este contexto donde el gobierno estatal y todos los municipales debieron ubicarse en su exacta dimensión, despertar del sueño guajiro y no cifrar más sus expectativas en la Guardia Nacional. Sin embargo, esa institución ahí está, bajo directrices, en el caso morelense, trazadas desde el gobierno de la República para someter a las corporaciones estatales y municipales al mando castrense. Esto se lleva a cabo sin haber todavía una reforma sustancial al artículo 115 constitucional que retire la atribución de la seguridad pública a los ayuntamientos.

Terminaré este artículo haciendo hincapié en la necesidad de que la futura gobernadora, respaldada por la nueva presidenta de la República, gestione una muy, pero muy buena lana en programas de videovigilancia, con cámaras y drones sobre todo el territorio estatal. No será la panacea, ni la solución absoluta a los más graves problemas de incidencia criminal, pero coadyuvarán en mucho en el combate a la impunidad. Hoy, de cada 10 delitos cometidos, todos quedan sin castigo. En otra columna comentaré respecto a la urgencia de construir preparatorias en las zonas criminógenas de Morelos, así como sitios para el sano esparcimiento de la juventud. Hoy, en lugar de estar estudiando, los chavos se juntan con los pandilleros de la esquina bebiendo cerveza, fumando y planeando nuevos atracos.

Obviamente, la nueva presidenta de la República deberá combatir al crimen institucionalizado, mencionado líneas atrás.