EL DENOMINADOR COMÚN DE LA IMPUNIDAD
PERSPECTIVA
Por Marcos Pineda Godoy
Viernes 20 de febrero de 2026
Cerramos una semana muy polémica. Mucha información, buena parte de ella oficial o proveniente de voces destacadas del régimen obradorista, aunque ya no formen parte de la estructura de gobierno, como los casos del exconsejero jurídico de la presidencia, el exdirector de materiales didácticos de la SEP y el exsecretario de Marina.
Hay un denominador común en todos los casos donde se cruzan acusaciones y señalamientos, ya bien por actos de corrupción, omisiones o complicidades incluso sobre delitos que las leyes ordenan sean perseguidos de oficio, es decir, que no requieren de la presentación de una denuncia en particular, sino solamente de que las autoridades tengan conocimiento, por cualquier medio, de que pudieron haberse cometido, para abrir carpetas de investigación. De hecho, en ciertos casos, hasta estarían obligados a iniciarlas los titulares de las dependencias, entre cuyas responsabilidades se encuentre la salvaguarda de la legalidad, so pena de poder acusárseles de omisiones en el desempeño de sus funciones. Todo eso no es más que impunidad.
La Auditoría Superior de la Federación reportó presuntos daños al erario durante el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por 65 mil 169 millones de pesos, correspondiendo la mayoría, 91.1%, al gasto federalizado, es decir, los recursos que la federación transfiere a los estados y municipios. Esta cantidad es superior a la de 2023, que fue de 51 mil 979 millones, de los que la última información disponible, a febrero de 2025, solamente se habían podido recuperar mil 112 millones. ¿Qué se dijo cuando fueron presentados los datos? Que había que esperar a que concluyera el periodo para solventar observaciones. Lo mismo que dijo ayer la presidenta.
Ramírez Cuevas y Scherer Ibarra han intercambiado acusaciones muy graves. Todas se han desestimado y el régimen no ve motivos para hacer ningún tipo de investigación. Para Buenrostro, titular de Anticorrupción federal, no se trata de indicios, sino de narrativas. En otras palabras, no va a mover ni un dedo. Fuego amigo, diferencias de pensamiento, hasta ahí lo interpretan, pero la presunta comisión de delitos, por parte de ambos personajes, no se toma en cuenta.
Más grave todavía, la presentación de un audio, que no ha sido ni podrá ser desmentido, donde el extitular de la Marina mexicana habla en junio de 2024 de tomar una de dos medidas para afrontar el contrabando de combustibles, huachicol fiscal, diciendo, cito, “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”. Ya no diga usted la apertura de una investigación, porque, en efecto, los funcionarios fueron cambiados de adscripciones y el huachicol continuó, así como el marino que reveló la trama delincuencial fue asesinado cinco meses después, sino que ni siquiera ha sido llamado a declarar por estos hechos el almirante Ojeda.
Salen y salen contratos, documentos y relaciones de Adán Augusto con empresas favorecidas por diferentes gobiernos estatales y nada, no hay una sola carpeta de investigación al respecto.
Sergio Mayer propone que los políticos hagan ahora reality shows para que la gente los conozca, luego de abandonar su responsabilidad legislativa y en Morena nadie dice nada, ¡ah!, pero para eso hay suplentes. Lo justifican. Válganos, pues.
Y PARA INICIADOS:
Ahora sí, Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, ex titular del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo está imputado por peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mientras fue funcionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, habiendo desviado presuntamente una millonaria suma de dinero. ¿Cuántos Dionisios más habrá por ahí a los que no han investigado?
La información es PODER!!!
