EL DESMANTELAMIENTO SILENCIOSO: CUANDO EN MÉXICO LO QUE ESTORBA SE ELIMINA
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 14 de enero de 2026
E D I T O R I A L
En México, el camino hacia la concentración del poder ha tomado en los últimos años una velocidad alarmante. Lo que comenzó como una promesa de “limpiar” instituciones y combatir la corrupción se convirtió en un desmantelamiento sistemático de los contrapesos democráticos.
La reforma judicial de 2024, con su elección popular de jueces, magistrados y ministros, y la creación de órganos disciplinarios con amplio poder de remoción, colocó al Poder Judicial bajo una influencia política sin precedentes.
Pero el ataque más profundo y simbólico ha sido el dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE), el último gran bastión de la organización imparcial de las elecciones en el país. El proceso de desmantelamiento del INE comenzó con una campaña sostenida de descrédito desde las más altas esferas del poder, seguida de recortes presupuestales drásticos, cambios legislativos que redujeron su autonomía operativa y, finalmente, la aprobación en 2025 de la llamada “reforma electoral definitiva”.
Esta legislación pretende transferir funciones esenciales del INE —fiscalización de partidos, organización de elecciones federales y locales, padrón electoral y resolución de controversias electorales— a una nueva estructura dependiente del Ejecutivo y del Legislativo, bajo el argumento de “democratizar” y “ahorrar”. Lo que en realidad ocurrió y seguirá ocurriendo fue la pérdida del árbitro neutral que impedía que el partido en el gobierno controlara todo el proceso electoral desde la planeación hasta el conteo.
Paralelamente, la extinción de varios organismos constitucionales autónomos —como el INAI, la COFECE, el IFT, la CRE y otros— transfirió funciones clave de regulación, transparencia y competencia económica directamente a dependencias del gobierno federal. Estos entes, diseñados para actuar con autonomía técnica y alejados del control político, representaban una barrera contra el abuso de poder y la opacidad. Su desaparición, justificada bajo el argumento de la austeridad y la eliminación de duplicidades, dejó al Estado sin mecanismos independientes de control en áreas sensibles.
La libertad de expresión, pilar indispensable de cualquier democracia, también ha sufrido embates crecientes. Reportes internacionales documentan un aumento en agresiones contra periodistas, estigmatización desde conferencias oficiales, acoso judicial y presiones indirectas que inhiben la crítica.
La desaparición de órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información profundizó la opacidad, mientras que reformas que limitan el amparo y amplían figuras como la prisión preventiva oficiosa han generado un clima de intimidación.
Lo que molesta al poder, ya sea una investigación periodística, una sentencia incómoda o una elección que no conviene, encuentra ahora menos obstáculos para ser neutralizado.
En 2026, México enfrenta el riesgo de consolidar un modelo donde la democracia se reduzca a elecciones periódicas controladas desde el centro del poder, sin jueces independientes, sin órganos autónomos que vigilen, sin árbitro electoral imparcial y sin prensa libre que cuestione. La historia muestra que cuando los contrapesos se eliminan en nombre de la transformación, lo que suele llegar no es más democracia, sino menos libertad.
La pregunta ya no es si algo estorba, sino cuánto más se está dispuesto a quitar antes de reconocer que el verdadero obstáculo es el equilibrio mismo que sostiene la República.
