El impacto de la autonomía fiscal en Jalisco: un análisis del potencial retiro del Pacto Fiscal
LA CRÓNICA DE MORELOS. Martes 19 de noviembre de 2024.
Si Jalisco decidiera salir del Pacto Fiscal, esto significaría que el estado optaría por manejar su propia recaudación de impuestos en lugar de depender de las transferencias federales. Actualmente, el Pacto Fiscal implica que los estados ceden ciertos impuestos a la Federación a cambio de una redistribución de los ingresos fiscales. Salir de este acuerdo permitiría a Jalisco establecer su propio sistema tributario, recaudando impuestos como el IVA, ISR, y otros, lo cual podría teóricamente aumentar su independencia fiscal y permitir una mayor autonomía en la gestión de sus recursos.
Las repercusiones de esta decisión serían significativas tanto para Jalisco como para el resto del país. Para Jalisco, a corto plazo, podría enfrentar desafíos debido a la necesidad de construir una infraestructura fiscal robusta para recaudar eficientemente los impuestos que antes manejaba la Federación. Esto podría resultar en un déficit temporal si el estado no logra recaudar suficientes ingresos propios de inmediato para cubrir las responsabilidades que actualmente son financiadas por las participaciones federales. Sin embargo, si Jalisco logra establecer un sistema eficiente, podría beneficiarse de una mayor retención de los impuestos generados por su economía, potencialmente mejorando su capacidad para financiar proyectos locales y mejorar servicios públicos sin depender de la distribución federal.
A nivel nacional, la salida de Jalisco del Pacto Fiscal podría sentar un precedente para otros estados, especialmente aquellos con economías más fuertes, lo cual podría llevar a una reestructuración del federalismo fiscal en México. Esto podría aumentar la competencia fiscal entre estados y municipios, pero también podría desestabilizar el sistema de redistribución de recursos hacia estados menos desarrollados, que dependen de las transferencias federales para equilibrar sus finanzas. La Federación podría verse obligada a revisar el Pacto Fiscal, posiblemente hacia un modelo más descentralizado o con diferentes modalidades de participación fiscal para las entidades federativas, afectando la cohesión económica del país.
El Pacto Fiscal en México, formalizado a través de la Ley de Coordinación Fiscal, es un acuerdo entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que establece cómo se recaudan y distribuyen los impuestos entre ellos. Este sistema permite que la Federación recaude impuestos como el IVA y el ISR, y luego redistribuya estos fondos a los estados y municipios, con el objetivo de promover un desarrollo más equitativo del país. Aunque se mencionan diferentes fechas de inicio, el pacto actual se considera vigente desde su reforma en 2007, aunque el marco de coordinación fiscal comenzó a establecerse formalmente en 1978-1979.
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, ha justificado la posible salida de esa entidad del Pacto Fiscal argumentando que el estado aporta significativamente a la economía nacional, contribuyendo con aproximadamente el 8% de los ingresos fiscales, pero recibe una devolución proporcionalmente menor, alrededor del 2% del presupuesto federal. Alfaro sostiene que esta distribución es injusta y que Jalisco merece un trato más equitativo en términos de devolución fiscal. Además, ha expresado que el estado no busca lastimar a otras entidades ni separarse de la Federación, sino lograr una distribución de recursos que refleje mejor la contribución económica de Jalisco, permitiendo así mayor autonomía y recursos para enfrentar sus propios desafíos.
