El INE defiende su autonomía: presenta 241 mejoras para fortalecer la democracia sin retrocesos
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó formalmente, el pasado 12 de enero de 2026, un paquete de 241 propuestas institucionales de mejoras en materia electoral a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por Pablo Gómez Álvarez. El documento, elaborado por el Consejo General del INE con base en la experiencia de los procesos electorales recientes —incluyendo las elecciones federales de 2024 y la histórica elección judicial de 2025—, busca fortalecer el sistema democrático mexicano mediante ajustes técnicos y precisos, sin rupturas estructurales.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, encabezó la delegación de las once consejerías que acudieron a las oficinas de la Comisión en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Durante el encuentro, Taddei enfatizó que el sistema electoral nacional surgido en 2014 “actualmente funciona”, por lo que las propuestas se centran en cerrar vacíos normativos, optimizar la operatividad y enfrentar nuevos retos como la digitalización, la fiscalización de recursos y la complejidad de procesos concurrentes.
“Partimos de un reconocimiento general: el modelo vigente es sólido, y lo que presentamos son mejoras sustantivas y correctivas para mayor certeza, inclusión y confianza ciudadana”, señaló.
El documento se organiza en 10 ejes temáticos clave, trabajados durante los últimos tres meses con aportes del Servicio Profesional Electoral, organismos locales y análisis comparados internacionales.
Entre las propuestas más destacadas y con mayor consenso interno figuran la no concurrencia de la elección del Poder Judicial (prevista para 2027) con los comicios ordinarios federales y locales, para evitar sobrecarga logística y garantizar calendarios diferenciados —con campañas en agosto-septiembre y jornada electoral en octubre—.
Asimismo, se impulsa un modelo híbrido de voto que combine modalidades presencial y electrónica por internet, con implementación gradual, alta verificabilidad, auditorías independientes y medidas para reducir la brecha digital (estimada en alrededor del 17 % de la población).
En materia de fiscalización, el INE plantea reforzar su capacidad mediante un Sistema Nacional interoperable con autoridades como el SAT y la UIF, el uso intensivo de inteligencia artificial para detectar irregularidades, la superación de secretos fiscales, bancarios y ministeriales, y la regulación estricta de activos virtuales (criptomonedas), plataformas digitales y propaganda en línea.
Se proponen sanciones más duras contra triangulaciones de recursos ilícitos y omisiones por parte de proveedores y personas físicas o morales.
La paridad de género y la inclusión ocupan un lugar central: se busca constitucionalizar acciones afirmativas irreversibles para grupos indígenas, afromexicanos, con discapacidad, diversidad sexual y migrantes; fortalecer la prevención y sanción de la violencia política contra las mujeres (incluyendo la digital); garantizar al menos el 50 % de financiamiento y propaganda para candidatas; y ampliar el voto anticipado permanente para personas en prisión preventiva, con discapacidad, cuidadoras, funcionariado de casilla y cuerpos de seguridad, así como facilitar el voto desde el extranjero de manera continua.
Otras medidas relevantes incluyen blindar la autonomía presupuestal del INE con fórmulas vinculadas al padrón electoral y al PIB para garantizar suficiencia financiera, preservar y mejorar la representación proporcional (evitando sobrerrepresentación excesiva), rediseñar boletas más simples y accesibles, y limitar la propaganda gubernamental en procesos como la revocación de mandato.
La entrega se da en un contexto de diálogo institucional, aunque persisten diferencias con las prioridades del Ejecutivo —como la reducción drástica del financiamiento a partidos o la posible eliminación de plurinominales—, que serán discutidas en las próximas semanas.
El INE refrendó su disposición a colaborar en la implementación de cualquier reforma aprobada por el Congreso, con el objetivo de que las mejoras se reflejen en los procesos electorales venideros, empezando por 2027.
