EL NUEVO FISCAL NO ES NINGÚN TODÓLOGO
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 07 de febrero de 2025
La autonomía técnica, financiera, jurídica y constitucional de las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados, como la de Morelos, es un concepto fundamental en el diseño de un sistema judicial justo y eficaz. En teoría, esta autonomía implica que las fiscalías deben operar sin interferencias externas que puedan influir en sus decisiones o procedimientos.
Desde el punto de vista técnico, esta autonomía se traduce en la capacidad de los fiscales para investigar, procesar y actuar conforme a los principios de la justicia penal sin presiones de otros poderes del Estado. Los fiscales deben tener acceso a los recursos necesarios y a la formación continua para desempeñar su trabajo con la mayor eficiencia y profesionalismo.
Desde la perspectiva financiera, la autonomía de las fiscalías supondría contar con un presupuesto propio, administrado directamente por la institución, lo que garantizaría que los fondos no sean manipulados o restringidos como forma de presión política o económica. Esto es crucial para asegurar que las investigaciones y los procesos judiciales no se vean comprometidos por la falta de recursos, lo cual podría llevar a la impunidad o a la ineficiencia en la administración de justicia.
La autonomía jurídica significa que los fiscales deben actuar bajo el imperio de la ley, sin presiones o directrices que no provengan del marco legal establecido. Esto incluye la independencia en la toma de decisiones sobre qué casos investigar, cómo proceder con las investigaciones y cuándo y cómo formular acusaciones. La ley debe ser el único referente en sus actuaciones, no las agendas políticas o las influencias de grupos de poder externos al ámbito jurídico.
Constitucionalmente, la autonomía de las fiscalías se fundamenta en la separación de poderes, un principio esencial en el Estado de Derecho. Esto significa que, al igual que los jueces, los fiscales deben ser independientes de las otras ramas del gobierno, evitando así cualquier forma de control que pueda derivar en la manipulación de la justicia. Sin embargo, en la práctica, esta autonomía enfrenta numerosos desafíos. Los titulares de las fiscalías, como el caso de Morelos, a menudo se ven presionados por intereses políticos, ya sea para favorecer a ciertas figuras públicas, para ocultar irregularidades o para influir en el resultado de investigaciones que podrían afectar a actores políticos.
La realidad es que, aunque en teoría la autonomía de las fiscalías está garantizada por la constitución y las leyes, en muchas ocasiones esta autonomía es más aparente que real. Los fiscales, al igual que los jueces, deberían manejarse con independencia, guiados únicamente por el estado de derecho, pero las presiones políticas pueden ser abrumadoras. Esto no solo compromete la justicia, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones judiciales, subrayando la necesidad de mecanismos más robustos de protección y garantía de la autonomía de las fiscalías para asegurar que la justicia se imparta de manera imparcial y efectiva.
¿CÓMO LLEGÓ MORELOS AL ACTUAL ESTADO DE COSAS?
¿Qué dice la historia en torno a anteriores procuradores de Justicia en Morelos? Antes de desglosar el tema es importante recordar cómo surgió el procedimiento para elegir al fiscal morelense.
Una reforma a la Constitución Política del Estado promovida ante el Congreso por el entonces gobernador sustituto de Morelos, Jorge Morales Barud, contenida en el decreto 398 fechado el 27 de agosto de 1998 y promulgado dos días después en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, modificó la fracción 37 del artículo 40 constitucional cediéndole a los diputados locales la facultad de nombrar al procurador general de Justicia entre una terna enviada a dicho cuerpo colegiado por el propio titular del Poder Ejecutivo.
Tras la defenestración de Jorge Carrillo Olea el 17 de mayo de 1998 y la escalada de inseguridad pública experimentada por la sociedad morelense allá y entonces, se supuso que el hecho de quitarle al gobernador la posibilidad de nombrar directamente al procurador mejoraría los cuatro pilares fundamentales del sistema estatal de seguridad pública y que son la prevención del delito, la persecución de los ilícitos denunciados ante el Ministerio Público, la impartición de justicia (en ámbitos jurisdiccionales del Poder Judicial) y la readaptación social. Se creía que el titular de la PGJ era un “todólogo” o un súper hombre, lo cual fue desmentido a corto plazo. Igualito a la falsa creencia de híper supremacía del Fiscal General de Morelos.
UNA LARGA FILA DE CRUCES
José Castillo Pombo fue el primer procurador general de Justicia nombrado por el Congreso local, aunque cabe subrayar que duró poco más de un año en el cargo siendo sustituido el 29 de septiembre de 1999 por Rogelio Sánchez Gatica, años más tarde secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca y a partir de enero de 2012 presidente municipal sustituto de Cuernavaca.
Desde la elección de Castillo Pombo los morelenses hemos tenido los siguientes procuradores: el ya mencionado Rogelio Sánchez Gatica, José Luis Urióstegui Salgado, Guillermo Tenorio Ávila, Hugo Manuel Bello Ocampo, Claudia Aponte Maysse, Francisco Coronato Rodríguez, Pedro Luis Benítez Vélez, Mario Vázquez Rojas, Rodrigo Dorantes Salgado, Javier Pérez Durón y Uriel Carmona Gándara.
En el sexenio de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006) hubo cuatro procuradores, mientras que la administración de Marco Antonio Adame Castillo (2006-2012) tuvo otros cuatro. Fueron 12 años caracterizados por el descontrol de la violencia y múltiples crisis de seguridad.
Se suponía que Rodrigo Dorantes Salgado (2013) consolidaría la autonomía técnica y financiera de la Fiscalía General de Morelos, pues así lo contemplaban las justificaciones para cambiar el nombre a la antigua Procuraduría General de Justicia. Pero no sucedió así.
Y este viernes 7 de febrero Morelos amaneció con un nuevo titular de la Fiscalía General de Morelos. Se trata del abogado Edgar Antonio Maldonado Ceballos, quien cargará sobre su espalda una enorme loza de desafíos. Por ahora, al ex consejero jurídico del gobierno estatal se le debe conceder el beneficio de la duda, pero sin la injusta suposición de que él solo resolverá los grandes agravios de nuestro estado en materia de seguridad.
Como ya lo indiqué líneas antes, un sistema integral de seguridad pública lo conforman las áreas responsables de la prevención y disuasión de los delitos; la Fiscalía General de Morelos y sus fiscalías para conseguir la procuración de justicia y la persecución de los delitos; los juzgados penales adscritos al Tribunal Superior de Justicia, en la delicada misión de administrar e impartir justicia; y el sistema penitenciario, es decir la readaptación social hoy insertada en la Secretaría de Seguridad y Auxilio Ciudadano.
Maldonado Ceballos no es un todólogo. No es un súper hombre.
