El nuevo pulpo camionero: monopolistas que se aferran al tentáculo del poder
¡Vaya sorpresa! Los transportistas de Morelos, esos guardianes autoproclamados del asfalto que han convertido las concesiones públicas en su feudo personal, ahora corren a los juzgados para ampararse contra la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial. Líderes como Aurelio Carmona Sandoval y Dagoberto Rivera Jaimes –figuras eternas en este circo rutero– convocan a sus huestes para impugnar la norma antes del 5 de enero, alegando que el modelo “empresa-hombre” les robará sus preciadas concesiones y los dejará sin ingresos. ¿El motivo? Temen que un fideicomiso estatal administre los fondos, diluyendo su control absoluto. Pero vamos al grano: esto no es más que el pataleo de un monopolio que se resiste a morir, disfrazado de victimismo.
Recordemos el origen de este “pulpo camionero”, un término que evoca los viejos tiempos cuando un puñado de caciques controlaba el transporte en Morelos, extorsionando a usuarios con tarifas abusivas y servicios deplorables. Aunque el pulpo original fue “derrotado”, resurgió mutado en el “monstruo rutero”: concesionarios que acumulan permisos como si fueran cromos, vendidos por ex taxistas y camioneros que no quisieron operar, y ahora concentran rutas enteras en manos de unos pocos. Dagoberto Rivera, por ejemplo, es señalado como un “líder sempiterno” que ha permitido esta concentración, reminiscentes del pulpo que operaba sin rendir cuentas a nadie más que a sus bolsillos. Estas concesiones, supuestamente de “origen social” –otorgadas para beneficiar a la comunidad–, se han pervertido en un negocio privado donde el usuario es el último en la fila.
Ahora, entra en escena la Ley de Movilidad del Estado de Morelos, promulgada en noviembre de 2025, que busca arrastrar a este sector al siglo XXI. Según su texto oficial, el servicio de transporte público corresponde originariamente al Estado, quien puede prestarlo directamente o concederlo, pero siempre bajo principios de eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad.
La gran novedad –y el espanto de los ruteros– es la migración del obsoleto modelo “hombre-camión” (individual y caótico) a esquemas como “ruta-empresa” o “cuenca de servicio”. No más concesiones individuales para el transporte colectivo: los existentes deben agruparse en personas morales para licitar rutas, con preferencia si cumplen requisitos técnicos y financieros.
¿Y el fideicomiso? La ley crea el Fondo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, alimentado por multas y aportes de operadores (como el 1.5% por viaje en redes de transporte), administrado por el gobierno para mejorar infraestructura y seguridad. Esto implica que los ingresos no van directo al bolsillo del concesionario, sino a un sistema centralizado que prioriza el bien público. ¡Horror! Para ellos, claro.
Estos “emprendedores” del asfalto claman que perderán todo, pero ¿qué han perdido los morelenses bajo su reinado? Autobuses vetustos que contaminan el aire, rutas monopolizadas que dejan barrios incomunicados, y aumentos de tarifas “sin ton ni son” que han generado quejas ciudadanas masivas. La ley limita a tres concesiones por persona, prohíbe transferencias sin autorización, y permite revocaciones por interrupciones injustificadas, cobros indebidos o inseguridad. Es decir, acaba con el caciquismo disfrazado de “derechos adquiridos”. Los transportistas existentes tienen preferencia en la transición, pero deben modernizarse: flotas bajas en emisiones, sistemas tecnológicos y remuneración por kilómetros. Si no lo hacen, adiós concesión. Simple justicia.
En resumen, este amparo masivo no es defensa de derechos, sino un intento patético de perpetuar un monopolio que ha asfixiado a Morelos.
El “nuevo pulpo camionero” se retuerce porque el Estado, por fin, aprieta los tentáculos. Es hora de que las concesiones vuelvan a su origen social: servir al pueblo, no enriquecer a unos cuantos. Apoyemos la ley; que los ruteros se adapten o se aparten. El transporte público no es su juguete eterno.
