EL OCASO DE CARO QUINTERO: JUSTICIA TARDÍA Y EL TRASLADO HISTÓRICO DE 29 CAPOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 28 de febrero de 2025
Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más notorios de México, fue extraditado este jueves 27 de febrero de 2025 a Nueva York, Estados Unidos, a la edad de 72 años. Conocido como el “Narco de Narcos”, Caro Quintero ha pasado gran parte de su vida tras las rejas en prisiones mexicanas, tras ser condenado por el brutal asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena Salazar en 1985. Sin embargo, su liberación en 2013 por un tecnicismo legal, tras cumplir 28 años de una sentencia de 40, desató la furia de las autoridades estadounidenses, quienes lo persiguieron incansablemente hasta su recaptura en 2022. Ahora, anciano y con visibles dificultades para caminar, como se mostró en las imágenes televisivas de su traslado, enfrenta un nuevo juicio en un sistema judicial extranjero que podría condenarlo a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿qué sentido tiene este proceso para un hombre cuya vida parece estar llegando a su fin?
Los antecedentes del caso se remontan a la década de 1980, cuando Caro Quintero emergió como un líder clave del Cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones de narcotráfico modernas en México. En 1985, Camarena, un agente encubierto de la DEA, fue secuestrado, torturado y asesinado en Guadalajara, presuntamente por órdenes de Caro Quintero, en represalia por una redada que desmanteló una plantación masiva de marihuana. El homicidio marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y México, intensificando la “guerra contra las drogas” y convirtiendo a Caro en un símbolo de la impunidad del narcotráfico.
Tras su captura en Costa Rica ese mismo año, fue encarcelado en México, pero su liberación prematura en 2013 —avalada por un juez que argumentó que debió ser juzgado en un tribunal estatal y no federal— reavivó la controversia y la presión estadounidense para su extradición. Desde entonces, el caso ha sido un recordatorio persistente de las tensiones bilaterales y las fallas del sistema judicial mexicano.
El traslado de Caro Quintero a Nueva York no ocurrió en aislamiento, sino como parte de un paquete histórico de 29 capos del narcotráfico y crimen organizado entregados por México a Estados Unidos. Entre ellos se encuentran figuras como los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales (Z-40 y Z-42), exlíderes del sanguinario cártel de Los Zetas, y otros vinculados a delitos como tráfico de fentanilo, asesinatos y lavado de dinero. Este movimiento, realizado bajo fuertes presiones de la administración de Donald Trump —quien amenazó con imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas si no se intensificaba la cooperación contra los cárteles—, representa un giro significativo en la colaboración bilateral. La entrega masiva, que evadió algunos formalismos del tratado de extradición entre ambos países, busca demostrar el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con la lucha antidrogas y evitar un golpe económico devastador para México, cuya economía depende en un 80% de las exportaciones a Estados Unidos.
La importancia del traslado de estos 28 delincuentes adicionales radica en su mensaje político y práctico. Políticamente, fortalece la imagen de México como un aliado confiable ante un gobierno estadounidense que ha calificado a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”. En términos prácticos, apunta a desmantelar redes criminales que siguen operando desde las sombras, incluso con sus líderes encarcelados, como el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los remanentes de Los Zetas.
Sin embargo, el impacto real sobre el narcotráfico es cuestionable: la extradición de capos históricos no siempre ha debilitado a las organizaciones, que tienden a regenerarse con nuevos líderes. Además, el traslado masivo coincide con un momento de negociación crucial, mientras funcionarios mexicanos en Washington intentan mitigar las amenazas tarifarias de Trump, lo que sugiere que la decisión podría ser más un gesto estratégico que una solución estructural al problema del crimen organizado.
Por lo demás, el caso de Caro Quintero y sus compañeros extraditados invita a una reflexión más profunda. Para Estados Unidos, llevar a Caro ante la justicia es cerrar un capítulo doloroso y personal para la DEA, que nunca olvidó el asesinato de Camarena. Para México, es un sacrificio simbólico que expone las limitaciones de su soberanía frente a las demandas de su vecino del norte. No obstante, la imagen de un anciano frágil enfrentando un juicio en un país extranjero, junto a la extradición de otros criminales cuya relevancia actual varía, deja un sabor agridulce.
¿Es esto justicia o un espectáculo tardío? Mientras las series y películas siguen mitificando el caso Camarena, los funcionarios de la época señalados como cómplices permanecen intocados, y el narcotráfico sigue siendo una hidra de múltiples cabezas. Tal vez, más allá de castigar a un hombre al borde del ocaso, el verdadero desafío sigue siendo atacar las raíces de un problema que trasciende fronteras y generaciones.
