EL ROBO DE COMBUSTIBLE EN PEMEX: UNA RED DE COMPLICIDADES INNEGABLES
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 08 de julio de 2025
El robo de combustible en Pemex, conocido como “huachicol,” no es un simple acto de delincuencia común; es una operación sofisticada que requiere complicidad interna y externa a niveles alarmantes. Las recientes operaciones lideradas por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, han puesto al descubierto la magnitud del problema: millones de litros de combustible decomisados, decenas de detenidos y redes criminales desmanteladas en estados como Coahuila, Tabasco y Tamaulipas.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo es posible que un delito de esta escala ocurra sin el respaldo de actores dentro de las estructuras de poder? La respuesta apunta a una red de complicidades que trasciende a los meros “huachicoleros” y señala a niveles institucionales, políticos y administrativos que han permitido, o incluso facilitado, este saqueo sistemático.
Hablar de este tema sin mencionar las especulaciones sobre figuras de alto perfil sería ingenuo. Durante años, se ha señalado a funcionarios de Pemex, autoridades locales e incluso personajes políticos de primer nivel como posibles protectores de estas redes. En el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su entorno, las acusaciones no han sido acompañadas de pruebas contundentes, pero la opacidad en el manejo de Pemex y la falta de sanciones efectivas contra altos mandos alimentan las sospechas. AMLO mismo reconoció en 2018 que el 80 por ciento del robo de combustible ocurría desde dentro de Pemex, lo que implicaba un nivel de colusión que no podía ignorarse. Si los directivos y trabajadores de la empresa sabían de estas operaciones, ¿cómo es posible que el problema persistiera durante décadas sin que se tomaran medidas drásticas contra los responsables en los niveles más altos?
Las recientes acciones de García Harfuch, que han resultado en la incautación de millones de litros de combustible y la detención de líderes criminales, son un paso adelante, pero no suficiente. Las operaciones en México, Querétaro, Hidalgo y Coahuila han revelado no solo el volumen del robo, sino también la sofisticación de las redes, que incluyen desde el uso de documentos falsos hasta conexiones con autoridades locales. La detención de figuras como Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N” evidencia que el problema no es solo de “bandidos” perforando ductos, sino de estructuras organizadas con apoyo logístico y financiero. Sin embargo, estas operaciones no han tocado a los peces gordos dentro de las instituciones. La investigación de la Fiscalía General sobre posibles nexos entre funcionarios de Pemex y criminales es un inicio, pero la lentitud y la falta de transparencia en estos procesos generan escepticismo.
La magnitud del problema exige una reflexión más profunda sobre la corrupción estructural en México. Pemex, como empresa estatal, ha sido durante décadas un botín político, utilizada para financiar campañas, enriquecer a funcionarios y mantener redes de poder. Las pérdidas anuales, que ascienden a miles de millones de pesos, no solo afectan las finanzas de la empresa, sino que privan al país de recursos para educación, salud y seguridad. La narrativa oficial suele culpar a los carteles, pero el señalamiento del Departamento del Tesoro de EE.UU. hacia grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su red de huachicol demuestra que el problema trasciende fronteras y requiere de una cooperación internacional que México ha sido renuente a aceptar plenamente. Mientras no se castigue a los cómplices dentro de las instituciones, cualquier esfuerzo será insuficiente.
Así las cosas, el robo de combustible en Pemex no es solo un delito; es un síntoma de un sistema corroído por la impunidad y la complicidad. Las acciones de García Harfuch son un avance, pero sin una investigación que alcance a los niveles más altos de la estructura política y administrativa, el huachicol seguirá siendo una herida abierta. Las especulaciones sobre AMLO y su entorno pueden carecer de pruebas sólidas, pero la falta de rendición de cuentas en Pemex durante su administración no ayuda a disiparlas. México merece una respuesta clara: ¿quiénes, desde las sombras del poder, han permitido que el país sea saqueado? La verdad, aunque incómoda, es el único camino hacia la justicia.
