EL TIMÓN DE LA GOBERNABILIDAD: EL ROL INDISPENSABLE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO EN MORELOS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 29 de octubre de 2025
En un Morelos que navega entre la efervescencia social de sus movimientos ciudadanos y las tensiones políticas heredadas de administraciones pasadas, la figura del Secretario de Gobierno emerge como el timón invisible que mantiene el equilibrio. Bajo el liderazgo de la gobernadora Margarita González Saravia, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 como la primera mujer en la historia del estado, con promesas de transformación inclusiva y equidad regional, este puesto no es solo un engranaje burocrático, sino el eje de la política interior.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, reformada apenas en 2025, redefine las obligaciones de dicho funcionario con un enfoque en la gobernabilidad, la vinculación con fuerzas políticas y sociales, y la cohesión del gabinete. En tiempos de polarización, donde el diálogo parece un lujo, explorar estas atribuciones nos recuerda que la estabilidad no se decreta, sino que se teje con hilos de empatía y estrategia.
La conducción de la política interior, como establece el artículo 23 fracción II de la citada ley, es el corazón de esta responsabilidad. El Secretario no solo responde a la gobernadora en asuntos no asignados a otras dependencias, sino que orquesta la gobernabilidad diaria: desde mitigar conflictos territoriales hasta anticipar detonantes sociales que podrían escalar en crisis. Imagínese un Morelos donde las disputas por límites municipales —un clásico de nuestra geografía fragmentada— se resuelven no con litigios eternos, sino con mediación proactiva. Esta facultad, ampliada en la reforma de 2025, incorpora la protección integral a víctimas y defensores de derechos humanos, convirtiendo al Secretario en un guardián de la cohesión social, alineado con los principios de austeridad y eficiencia que rigen el Poder Ejecutivo.
Pero la gobernabilidad no se sostiene en el vacío; requiere puentes sólidos con las fuerzas políticas locales. El artículo 23 fracción III obliga al Secretario a preservar los límites territoriales y actuar en respeto a las leyes, lo que en la práctica significa asesorar a ayuntamientos en gestiones administrativas y resolver problemas políticos que los aquejan. En un estado con 36 municipios donde la oposición partidista y los liderazgos indígenas chocan frecuentemente, esta vinculación es vital. Piensen ustedes en Cuernavaca o Cuautla, donde tensiones por recursos hídricos o seguridad han paralizado gestiones: aquí, el Secretario actúa como facilitador, promoviendo el desarrollo municipal con asesorías técnicas y financieras, en coordinación con la federación. Es un rol que transforma la rivalidad en alianza, fortaleciendo la red federal-municipal-estatal.
La vinculación social, por su parte, se erige como el pulmón de esta estructura. El artículo 23 fracción XII manda promover la participación ciudadana en asuntos públicos, recabando y procesando información sociopolítica para estrategias de gobernabilidad. La reforma reciente añade un matiz protector: tutela a periodistas y defensores de derechos humanos, en un contexto morelense marcado por agresiones a la prensa y activistas ambientales. No es casualidad; Morelos, con su historia de violencia y movimientos como el de Ayotzinapa, demanda un Secretario que no solo escuche, sino que amplifique voces marginadas. Esta obligación coadyuva al gabinete al inyectar datos reales —no encuestas maquilladas— para políticas inclusivas, asegurando que la gobernadora cuente con un mapa vivo de las pasiones sociales.
En emergencias, el Secretario se revela como el artífice de la resiliencia colectiva. El artículo 23 fracción XI lo faculta para intervenir en auxilio o coordinación en temas sensibles: desde migración hasta prevención de desastres, pasando por regulaciones de pirotecnia y asociaciones religiosas. Recuerden las inundaciones de 2023 en el Valle de Morelos o las caravanas migrantes que tensionan la ruta al norte: en estos escenarios, el Secretario no solo coordina con otras secretarías, sino que vincula con actores no estatales, como ONGs y comunidades indígenas. Esta capacidad reactiva, pero también preventiva, mantiene la gobernabilidad al evitar que un incidente puntual derive en caos generalizado, siempre bajo la dirección de la gobernadora para un gabinete unificado.
La suplencia ejecutiva, detallada en el artículo 23 fracción I y el 63 constitucional, añade una capa de continuidad que no puede subestimarse. En ausencias de la gobernadora —por viaje, enfermedad o receso—, el Secretario asume el mando, refrendando decretos y representando al Ejecutivo ante el Congreso, como indica el artículo 76. Esta obligación no es mera formalidad; en un estado tan dinámico como el nuestro, asegura que la máquina no se detenga, permitiendo al gabinete fluir sin interrupciones. Más allá de lo protocolar, implica una confianza absoluta: el Secretario propone políticas, programas y acciones con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, elevando el despacho de la gobernadora a un nivel estratégico y empático.
La coordinación intergubernamental, plasmada en el artículo 23 fracción IX, extiende estos lazos a la federación y municipios, promoviendo el desarrollo local con herramientas concretas. Asesorar en planeación y evaluación de políticas públicas no es solo burocracia; es el antídoto contra el centralismo que ha asfixiado a regiones como la zona oriente de Morelos. Al alinear con el Plan Estatal de Desarrollo —como exige el artículo 15 fracción VI—, el Secretario coadyuva al buen funcionamiento del gabinete, integrando visiones sectoriales en una narrativa común. En un Morelos post-pandemia y post-elecciones, donde la desigualdad regional clama por equidad, esta vinculación política y social se convierte en el pegamento que une al Ejecutivo con su base.
En conclusión, el Secretario de Gobierno no es un burócrata gris, sino un arquitecto de consensos en un estado que anhela paz social. Con obligaciones que van desde la mediación territorial hasta la protección de vulnerables, su rol —reforzado por la ley de 2025— es el de un tejedor incansable, colaborando con la gobernadora para un gabinete que no solo funcione, sino que inspire. Morelos, con su diversidad vibrante y sus cicatrices abiertas, necesita esta figura más que nunca: un Secretario que convierta la gobernabilidad en sinónimo de justicia compartida. Solo así, el timón no solo mantendrá el rumbo, sino que lo redibujará hacia un horizonte más luminoso.
El deceso de Juan Salgado Brito, acaecido el pasado 27 de octubre, dejó un vacío colosal en el corazón del Poder Ejecutivo de Morelos, donde como Secretario de Gobierno —y doctor en Derecho con una trayectoria de décadas en la política morelense, desde su fundación de Morena hasta su rol como puente entre la gobernadora Margarita González Saravia y las fuerzas sociales— orquestaba la gobernabilidad con maestría, mediando conflictos territoriales, promoviendo la inclusión ciudadana y coordinando emergencias con un enfoque jurídico impecable que blindaba la estabilidad estatal.
Su ausencia no solo interrumpe la continuidad en un gabinete recién conformado, sino que expone la fragilidad de un estado marcado por polarizaciones y demandas pendientes, como la protección a defensores de derechos humanos y la equidad municipal, donde su experiencia era el ancla contra la deriva caótica; en este contexto, el relevo debe encarnar una fundamentación jurídica gigantesca, al estilo de Salgado, para no solo llenar el hueco administrativo, sino para infundir legitimidad y visión estratégica, asegurando que la política interior morelense siga tejiéndose con hilos de legalidad y empatía social, evitando así que el luto se convierta en parálisis.
