EL TSJ: UN NIDO DE AMBICIONES AL DESCUBIERTO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 21 de marzo de 2025
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos ha vuelto a ser el epicentro de un escándalo que, lejos de sorprender, reafirma una percepción arraigada: este organismo colegiado, encargado de impartir justicia en el estado, parece más un campo de batalla para ambiciones personales e intereses particulares que un bastión al servicio de la sociedad. Esta semana, el TSJ tocó fondo con una crisis que destapó, una vez más, las pugnas internas que lo corroen, dejando en evidencia que la justicia, en este caso, es lo último que importa.
Retrocedamos al 28 de agosto de 2013, cuando un altercado físico entre los magistrados Miguel Ángel Falcón Vega y Rubén Jasso Díaz irrumpió en una sesión solemne. La entonces presidenta, Nadia Luz María Lara Chávez, prometió sanciones y habló de “rectificar el camino”, consciente de que el incidente había trascendido fronteras estatales y manchado la reputación del tribunal. Aquel episodio, que pudo haber sido un punto de inflexión, quedó como anécdota: las tensiones no se corrigieron, las sanciones no transformaron la dinámica interna y el TSJ continuó su deriva.
Hoy, en marzo de 2025, el tribunal ha estallado nuevamente, pero con un caos que supera cualquier precedente. El pasado 19 de marzo, una sesión extraordinaria para destituir al magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea se vio interrumpida por cortes de luz, amenazas de bomba y la irrupción de la Fiscalía Anticorrupción, que aseguró oficinas en medio de un desorden que rozó lo surrealista. Con 10 votos a favor de su destitución y la designación de Juan Gabriel Vargas Téllez como sucesor, el proceso estuvo lejos de ser transparente o digno de un organismo judicial. Gamboa Olea, acusado de corrupción, nepotismo y acoso, abandonó la sesión junto a sus aliados, mientras el edificio era evacuado y la votación se realizaba a oscuras. ¿Qué clase de justicia puede impartir un tribunal que se descompone de esta manera?
La conflictividad de esta semana no es un hecho aislado, sino el clímax de una historia de desencuentros. Desde 2013, pasando por las críticas a gestiones como la de Falcón Vega o Lara Chávez, hasta las recientes denuncias contra Gamboa Olea, el TSJ de Morelos ha sido un reflejo de lo que ocurre cuando las instituciones se convierten en feudos personales. Magistrados que se aferran al poder, grupos que se disputan el control y un desprecio evidente por los justiciables han sido la constante. No es casualidad que abogados locales, como los de la Unión de Juristas, hayan exigido en enero un juicio político contra Gamboa Olea, señalando que “grupos de poder” impiden avanzar en la impartición de justicia.
La sociedad morelense, mientras tanto, observa con impotencia cómo el TSJ se hunde en su propia irrelevancia. Los casos se acumulan, la confianza se erosiona y el presupuesto —millonario, por cierto— no se traduce en resultados. La destitución de Gamboa Olea, aunque necesaria según las acusaciones, no resuelve el problema estructural: el tribunal seguirá siendo un espacio de intereses particulares mientras no haya una reforma profunda que priorice a los ciudadanos sobre las ambiciones de sus integrantes.
El TSJ de Morelos necesita más que un cambio de nombres; requiere una refundación que lo arranque de las manos de quienes lo han secuestrado. Hasta entonces, episodios como el de esta semana serán solo un recordatorio de que, en este tribunal, la justicia es una promesa incumplida y la sociedad, una mera espectadora de sus pugnas internas.
