En nueve meses, Sheinbaum supera una década de inacción contra el huachicol
En los primeros nueve meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las fuerzas de seguridad han decomisado más de 69.3 millones de litros de combustible ilegal, superando la cantidad incautada durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) y los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2015-2018), que en conjunto sumaron 57.8 millones de litros.
Este logro, destacado por El Universal este 8 de julio de 2025, refleja un combate más frontal contra el huachicol, aunque expertos señalan que aún es insuficiente para erradicar este delito que afecta gravemente a Petróleos Mexicanos (Pemex). El decomiso más significativo ocurrió recientemente en Coahuila, donde se aseguraron 15.48 millones de litros en carros tanque de ferrocarril, marcando un hito en la actual administración. Las operaciones contra el robo de combustible han golpeado estructuras criminales en al menos 19 estados, con Coahuila, Tabasco, Baja California, Puebla, Veracruz y Sinaloa como puntos clave.
Según Pemex, en 2024 el huachicol generó pérdidas por más de 500 millones de pesos, siendo 2021 el año con mayor decomiso durante el gobierno anterior, con 26 millones de litros. La estrategia actual incluye operativos coordinados entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades locales, además de la detección de infraestructuras clandestinas, como una minirrefinería en Veracruz que procesaba hidrocarburos robados. Sin embargo, expertos como Gonzalo Monroy subrayan la necesidad de fortalecer la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar las redes financieras detrás de este delito.
La presidenta Sheinbaum ha prometido llevar las investigaciones “hasta donde tope”, sin proteger a funcionarios o empresarios involucrados, y ha destacado que el combustible decomisado, tras verificar su calidad, puede ser donado a instituciones públicas o comunidades.
Este enfoque busca no solo reducir el impacto económico del huachicol, sino también desmantelar las redes criminales que lo sustentan. A pesar de los avances, la persistencia de este delito, que evolucionó de tomas clandestinas a complejas operaciones logísticas, evidencia la magnitud del desafío. La actual administración enfrenta la presión de consolidar estos resultados y abordar las críticas sobre la posible complicidad en gobiernos anteriores, que permitió el crecimiento de este mercado ilícito.
