Estudiantes en paro de la UAEM rechazan la “Carta de Garantías” de la Rectoría por considerarla insuficiente e individualizante
En medio de un paro académico que ya lleva más de dos semanas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el grupo Resistencia Estudiantil UAEM rechazó formalmente la “Carta Institucional de Garantías Universitarias” entregada por las autoridades universitarias.
El documento, presentado por la rectoría encabezada por Viridiana Aydeé León Hernández, busca ofrecer protección contra posibles represalias a los participantes en las protestas, pero los estudiantes lo consideran inadecuado y hasta contraproducente.
El movimiento estudiantil inició a principios de marzo de 2026, motivado por la indignación ante la desaparición y posterior asesinato de dos alumnas de la universidad: Kimberly Joselyn Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez. Estos feminicidios desataron demandas colectivas por mayor seguridad en los campus, justicia efectiva y garantías institucionales para quienes participan en las movilizaciones, incluyendo tomas de instalaciones como el campus Chamilpa y la Torre de Rectoría.
Los estudiantes argumentan que la carta presentada:
- Limita las garantías a fechas específicas del movimiento y a quienes se registren de forma individual (con nombre y matrícula), lo que desconoce el carácter colectivo de la protesta y podría servir como mecanismo de control o “fichaje”.
- No incluye un posicionamiento público, expreso y firmado autógrafamente por todas las autoridades de cada unidad académica.
- Omite el reconocimiento explícito de derechos fundamentales como la libre organización, manifestación, expresión, reunión y asociación.
- Carece de fundamentación jurídica sólida, motivación normativa y publicación oficial conforme al Estatuto Universitario, generando incertidumbre legal y riesgos de vulneración.
El conflicto persiste sin mesas de diálogo instaladas, mientras una parte del alumnado permanece sin clases en múltiples escuelas y campus.
Esta postura refleja la desconfianza acumulada y la exigencia de que la universidad asuma una responsabilidad clara y pública frente a la crisis de violencia que afecta a su comunidad.
