EVIDENTES DESAFÍOS AL ESTADO MEXICANO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 8 de diciembre de 2025
No pasa un día sin que algún medio informativo nacional difunda sucesos nada agradables respecto a la presencia del crimen organizado y también de delincuentes comunes en ciertas regiones de la República Mexicana. El fin de semana pasado, el 6 de diciembre de la presente anualidad, Coahuayana, un municipio costero de Michoacán, volvió a ser epicentro de la violencia: una explosión de coche bomba frente a la comandancia de la Policía Comunitaria dejó cinco muertos —tres de ellos elementos de esa fuerza— y al menos ocho heridos.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, inicialmente por terrorismo, aunque lo reclasificó a delincuencia organizada, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gabinete de seguridad daría detalles en conferencia.
Este atentado, que recuerda al de octubre de 2023 en el mismo lugar —cuando tres personas murieron y seis resultaron heridas en un ataque similar—, no es un hecho aislado, sino el síntoma de una escalada que se ha prolongado estos dos años, con el crimen organizado demostrando cada vez mayor sofisticación en su armamento y tácticas.
Lo anterior es comprensible, pues muchas, muchísimas poblaciones forman parte de la economía criminal, tras haber abandonado las actividades agropecuarias. En Michoacán, epicentro de disputas entre cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y grupos locales, los cultivos de aguacate y limón coexisten con la producción de drogas y el tráfico de armas, ofreciendo “satisfactores económicos” que los programas sociales del gobierno —por generosos que sean— no logran igualar en escala ni en inmediatez.
Desde mi columna del 24 de octubre de 2023, cuando alertaba sobre este caldo de cultivo, la situación no ha mejorado: al contrario, los reportes de la Secretaría de Seguridad indican un aumento del 15 por ciento en homicidios relacionados con el crimen organizado en el estado durante 2024, y los primeros meses de 2025 no auguran alivio. Encuentran mayores incentivos al trabajar para el crimen, y el Estado mexicano sigue lidiando con un desafío que trasciende la mera contención armada.
Lo anterior representa un gravísimo problema de seguridad nacional y enorme desafío al estado mexicano, pues millones de ciudadanos se situaron dentro de un caldo de cultivo siempre aprovechado por quienes se inclinan a favor de la insurgencia con carácter político. De tal escenario parten siempre las guerras de baja intensidad o guerrillas. Y que conste: no estamos exagerando al respecto, pues el crimen organizado demuestra su creciente capacidad de fuego en contra de las fuerzas federales de seguridad, como lo atestigua esta última explosión en Coahuayana, donde el artefacto —un vehículo cargado de explosivos— buscaba no solo matar, sino sembrar terror en comunidades que intentan defenderse por su cuenta.
LA INSURGENCIA: RAÍCES SOCIALES Y ECONÓMICAS
La insurgencia es un fenómeno político cuyas raíces son sociales y económicas. La lucha armada es la expresión última, el síntoma del problema, pero no su causa. El principal campo de batalla es el político y de poco sirven las grandes redadas, los bombardeos masivos y las armas ultramodernas. La lucha es por las mentes y los corazones. Dos años después de transcribir un estudio de 2007 elaborado por estrategas norteamericanos —“Reseña analítica del conflicto de baja intensidad”—, donde un centenar de oficiales de la defensa estadounidense analizaban el apoyo social a guerrillas latinoamericanas, el paralelismo con México se ha agudizado.
Aquel documento advertía que tales conflictos surgen en localidades marcadas por la inconformidad social, y hoy, en Michoacán, las comunidades de Coahuayana o Tepalcatepec no solo toleran, sino que a veces respaldan a ciertos grupos criminales porque estos llenan el vacío dejado por un Estado ausente.
Por aquella época de 2023, la extinta Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) había admitido operaciones de células subversivas en Morelos, pero el panorama nacional se ha expandido: informes de la Guardia Nacional de 2024 documentan alianzas informales entre autodefensas y cárteles en Guerrero y Michoacán, ecos de las guerrillas de los setenta.
El estudio estadounidense indicaba que “las luchas políticas son por el poder, mientras la lucha armada con objetivos políticos suele ser por todo el poder. Cuando en la historia de un pueblo surgen sectores sustantivos dispuestos a exponer sus vidas es porque existen causas para ello”.
Me parece que estados depauperados de México se encuentran a merced de grupos criminales, gracias a que estos constituyen su base económica. Así es en zonas de Guerrero dedicadas al cultivo de amapola, o en los puertos michoacanos controlados por el narco para el embarque de fentanilo hacia Estados Unidos. Pueden aceptar las dádivas del gobierno, convertidas en programas sociales como Sembrando Vida o las pensiones para adultos mayores, pero mantienen la raíz del conflicto.
Desde 2023, estos apoyos han aumentado en cobertura —alcanzando a más de 11 millones de beneficiarios en 2025—, pero no resuelven la desigualdad estructural: el PIB per cápita en Michoacán sigue rezagado un 20 por ciento respecto al promedio nacional, según el INEGI.
La lucha entre la insurgencia y el poder establecido es por la legitimidad, sobre quién y cómo se debe gobernar. Uno de los elementos centrales es el esfuerzo por conseguir el apoyo popular. Quien lo consiga triunfará a la larga.
Estos son los elementos que definen la legitimidad: el grado de apoyo doméstico; la percepción del grado de corrupción del gobierno (dentro de un contexto cultural específico); la habilidad del gobierno para motivar al pueblo; y el grado hasta el cual la violencia política es una forma aceptada para almacenar metas políticas.
En México, donde la confianza en las instituciones de seguridad ronda el 30 por ciento según encuestas de Parametría de noviembre de 2025, el terreno fértil para la rebelión persiste.“Cuando la comunidad política está mal definida y el impacto en la ideología popular del pensamiento político formal, secularizado, es débil, como en el caso de México, probablemente sea alto el grado de congruencia entre criminalidad y rebelión”, escribió Eric Van Young, investigador por la Universidad de California, en su libro “Memorias de las Revoluciones en México” (Reflejo GM Medios, 2009).
Hoy, ante explosiones como la de Coahuayana, urge no solo apagar el fuego, sino replantar el suelo social que lo alimenta. De lo contrario, la insurgencia no será un riesgo futuro, sino una realidad en ascenso.
