FOSAS COMUNES: EL CASO DE JOJUTLA Y LA POLITIZACIÓN PERSISTENTE

ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
26 de junio de 2025

En mi columna del 9 de noviembre de 2022, abordé el tema de las fosas comunes en Morelos, particularmente en el panteón de la colonia Pedro Amaro en Jojutla y en Tetelcingo, Cuautla, durante el sexenio de Graco Ramírez (2012-2018). En ese entonces, señalé cómo ciertos actores, entre ellos el exrector de la UAEM Alejandro Vera Jiménez y el activista Javier Sicilia, politizaron el tema al calificar estas fosas como “clandestinas”, a pesar de que, en realidad, eran fosas comunes reguladas por los reglamentos municipales de panteones. Tres años después, las recientes exhumaciones en el panteón Pedro Amaro, reportadas en junio de 2025, reavivan el debate, pero también confirman la necesidad de separar los hechos de la narrativa sensacionalista.

Entre el 26 de mayo y el 19 de junio de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos llevó a cabo la cuarta fase de intervenciones forenses en la fosa común del panteón Pedro Amaro, en Jojutla, como parte de una diligencia ministerial acordada con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Según el fiscal Edgar Maldonado, se localizaron 83 indicios forenses, de los cuales seis corresponden a menores y uno a restos fetales. Es crucial destacar que estos “indicios” no equivalen a cuerpos completos, ya que podrían corresponder a fragmentos óseos de uno o varios individuos, pendientes de análisis periciales para su individualización e identificación. Desde 2017, la FGE ha reportado 219 indicios en este sitio, de los cuales solo 78 cuentan con perfil genético, lo que evidencia la magnitud del desafío forense.

La FGE ha enfatizado que el panteón Pedro Amaro no alberga fosas clandestinas, sino una fosa común municipal utilizada por la extinta Procuraduría General del Estado hasta 2014 para inhumar cuerpos no identificados, muchos sin estudios periciales previos. Esta práctica, aunque irregular, respondió a la saturación de los servicios periciales durante los años de alta violencia en Morelos, particularmente en el sexenio de Marco Adame (2006-2012), cuando los anfiteatros forenses colapsaron ante la acumulación de cadáveres sin reclamar. La narrativa de “fosas clandestinas” promovida por algunos medios y colectivos, como se vio en reportes recientes que afirmaban el hallazgo de “60 cuerpos, incluidos 10 bebés”, fue desmentida por la FGE como imprecisa y alarmista, subrayando la importancia de no difundir datos no verificados que afectan a las familias de las víctimas.

Los colectivos de búsqueda, como Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Buscadoras del Sur, Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, y la Brigada Nacional, han jugado un papel clave en visibilizar las irregularidades en las inhumaciones y en exigir justicia. Su participación activa en las exhumaciones, junto con instituciones como la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y el INAH, ha sido reconocida por el fiscal Maldonado, quien ha reiterado el compromiso de la FGE con la verdad y la dignificación de los restos. Sin embargo, las tensiones persisten. Algunos colectivos, como el de Amalia Hernández, han criticado la falta de peritos especializados, como antropólogos físicos, y han exigido mayor presencia del fiscal en el sitio. Además, organizaciones como Amnistía Internacional han expresado preocupación por las presuntas inhumaciones irregulares, calificándolas como posibles violaciones al derecho a la verdad y la justicia.

LA POLITIZACIÓN SIGUE VIGENTE

Tal como advertí en 2022, la politización del tema de las fosas comunes no ha desaparecido. En redes sociales, se han replicado narrativas que acusan al Estado de “esconder cuerpos” o de operar “fosas clandestinas” en Jojutla, lo que exacerba el dolor de las familias y genera desinformación. Estas afirmaciones, aunque emocionalmente impactantes, ignoran el contexto histórico: las fosas comunes, reguladas por los artículos 43 del Reglamento de Panteones de Jojutla y 57 del Reglamento de Cuernavaca, son espacios legales destinados a cuerpos no identificados. Lo que sí es criticable es la falta de rigor en los procesos de inhumación previos a 2014, cuando cuerpos fueron sepultados sin investigaciones adecuadas, un problema heredado que la FGE actual busca corregir.

REFLEXIÓN: ENTRE LA VERDAD Y EL ESPECTÁCULO

La crisis forense en Morelos, como en gran parte de México, es innegable. La acumulación de cuerpos sin identificar en los servicios periciales, sumada a la violencia de los últimos 15 años, ha desbordado las capacidades institucionales. Las fosas comunes, lejos de ser “clandestinas”, son un reflejo de esta crisis, pero también de una falla sistémica en la identificación y manejo de restos. Los avances en la creación de bancos de perfiles genéticos, impulsados por la presión de los colectivos, son un paso positivo, pero insuficiente si no se acompaña de transparencia y recursos adecuados.

No obstante, el manejo mediático y político del tema sigue siendo un obstáculo. En 2016, critiqué el “show” montado por ciertos actores en Tetelcingo, y hoy veo ecos de esa dinámica en Jojutla. La exageración de cifras no confirmadas y la narrativa de “fosas clandestinas” desvían la atención del trabajo técnico y científico que requiere este proceso. Las víctimas merecen respeto, no titulares sensacionalistas. La FGE, por su parte, debe garantizar que las exhumaciones continúen con profesionalismo y en coordinación con los colectivos, como lo ha prometido Maldonado, quien ha señalado que está dispuesto a exhumar “tantas veces sea necesario” para dignificar a las víctimas.

El caso del panteón Pedro Amaro no es nuevo, pero los hallazgos de 2025 reafirman la urgencia de abordar la crisis de desapariciones en Morelos con seriedad. Las fosas comunes no son clandestinas, sino el resultado de una práctica institucional deficiente que hoy se busca corregir. Sin embargo, mientras persista la politización y la desinformación, el camino hacia la verdad y la justicia seguirá siendo tortuoso. Los colectivos de búsqueda merecen todo el reconocimiento por su lucha incansable, pero también es responsabilidad de todos—autoridades, medios y sociedad—trabajar con mesura y compromiso para que los restos en Jojutla dejen de ser indicios anónimos y recuperen su identidad.