FRAGILIDAD DE LA VIDA INSTITUCIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE MORELOS: UN CICLO DE SOMETIMIENTO Y OMISIÓN
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 11 de agosto de 2025
La fragilidad de la vida institucional en los municipios de Morelos es un problema estructural que perpetúa la inseguridad y debilita la gobernabilidad. Los alcaldes, como figuras clave en la administración local, enfrentan presiones directas de grupos criminales, como La Familia Michoacana o Los Linos, que buscan controlar territorios para actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Esta presión se manifiesta en amenazas, cooptación o incluso asesinatos, lo que lleva a muchos ediles a someterse a las demandas del crimen organizado.
La falta de recursos económicos, la escasa autonomía política y la dependencia de los municipios de los gobiernos estatales y el federal agravan esta vulnerabilidad, dejando a los alcaldes en una posición de debilidad frente a los delincuentes. En 2024, por ejemplo, reportes periodísticos señalaron que en municipios como Cuernavaca y Temixco, autoridades locales enfrentaron extorsiones directas, con algunos alcaldes cediendo al “cobro de piso” para garantizar su seguridad personal o la de sus familias.
La policía municipal, pilar fundamental de la seguridad local, también refleja esta fragilidad institucional. La falta de capacitación, salarios bajos y condiciones laborales precarias hacen que los cuerpos policiacos sean fácilmente permeables por el crimen organizado. En muchos casos, los agentes municipales terminan aliándose con los delincuentes, ya sea por sobornos o por temor a represalias. Esta complicidad se ve agravada por la impunidad: en 2023, el 93.2 por ciento de los delitos en Morelos no fueron denunciados, según el INEGI, lo que refleja la desconfianza ciudadana en las fuerzas de seguridad. La corrupción dentro de las policías municipales no solo facilita la operación de los grupos criminales, sino que también erosiona la capacidad de los municipios para responder a la delincuencia, perpetuando un ciclo de inseguridad.
La omisión e indiferencia de las autoridades municipales son otra faceta de esta fragilidad. Muchos alcaldes optan por la inacción ante la falta de respaldo estatal o federal, limitándose a cumplir con funciones administrativas mínimas para evitar conflictos con los grupos criminales. Esta actitud se ve reforzada por la rotación constante de administraciones municipales, que dificulta la implementación de estrategias de seguridad a largo plazo. Por ejemplo, los relevos en alcaldías cada tres años generan discontinuidad en los esfuerzos de seguridad, mientras los nuevos ediles enfrentan las mismas presiones sin una estructura institucional sólida que los respalde. Esta dinámica convierte a los municipios en entidades reactivas, incapaces de enfrentar proactivamente los desafíos del crimen organizado.
La fragilidad institucional en los municipios de Morelos es un círculo vicioso alimentado por el sometimiento de alcaldes al crimen organizado, la corrupción en las policías municipales y la indiferencia o incapacidad de las autoridades para romper con estas dinámicas. La falta de recursos, autonomía y coordinación con otros niveles de gobierno, junto con la impunidad generalizada, perpetúa esta crisis. Sin una reforma profunda que fortalezca las instituciones locales, profesionalice a las fuerzas de seguridad y garantice la protección de los funcionarios, los municipios seguirán siendo el eslabón más débil frente a la delincuencia, condenando a Morelos a un problema de inseguridad de “nunca acabar”.
En 2017, Jorge Toledo Bustamante, entonces presidente municipal de Mazatepec, Morelos, protagonizó un caso que evidenció la vulnerabilidad de los alcaldes frente al crimen organizado. Un video, grabado el 16 de diciembre de 2015 y difundido ampliamente en redes sociales, mostró cómo presuntos miembros del cártel Los Rojos lo extorsionaron y humillaron, exigiéndole 5 millones de pesos como “derecho de piso” y la contratación de un enlace en el ayuntamiento. En la grabación, Toledo, amenazado por hombres armados y encapuchados, fue obligado a arrodillarse y negociar bajo presión, revelando que no solo él, sino al menos otros 11 alcaldes, habrían sido sometidos a dinámicas similares. Este episodio, que trascendió dentro y fuera de México, expuso la fragilidad institucional de los municipios y cómo la cooptación o la indiferencia de las autoridades locales, ante el temor por su vida, perpetúan un sistema donde muchos alcaldes optan por “hacer la vista gorda” para sobrevivir, una práctica que, aunque menos documentada hoy, sigue siendo una realidad latente.
