Identifican irregularidades en el Cereso Varonil “10” de Morelos que podrían derivar en sanciones administrativas y judiciales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que se han detectado observaciones significativas en el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10”, ubicado en Paseo Cuauhánuac, en el municipio de Jiutepec. Estas irregularidades, según el funcionario, podrían resultar en sanciones tanto administrativas como judiciales para los responsables, dependiendo de la gravedad de los hallazgos.
Aunque Urrutia Lozano no detalló públicamente la naturaleza específica de las observaciones, fuentes cercanas a la SSPC indicaron que estas podrían estar relacionadas con problemas recurrentes en el sistema penitenciario estatal, como posible corrupción, deficiencias en el control interno, autogobierno por parte de internos o irregularidades en la gestión de recursos. El secretario enfatizó que las autoridades están llevando a cabo una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa en el centro penitenciario.
“Estamos comprometidos con erradicar cualquier práctica que vulnere los derechos de las personas privadas de la libertad o que comprometa la seguridad del sistema penitenciario. Las observaciones detectadas serán investigadas a fondo, y de ser necesario, se aplicarán las sanciones correspondientes, ya sean administrativas o de carácter judicial”, declaró Urrutia Lozano durante una rueda de prensa.
Esta no es la primera vez que el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10” enfrenta señalamientos. En octubre de 2024, Urrutia Lozano anunció una reestructuración general del sistema penitenciario de Morelos, incluyendo la aplicación de exámenes de control y confianza para mandos y custodios, con el objetivo de combatir la corrupción y los grupos de poder al interior de los penales. En ese entonces, se destacó que el Cereso “Morelos” –otro centro penitenciario estatal– ya había iniciado campañas para regular los ingresos de familiares y erradicar actos de corrupción.
El sistema penitenciario de Morelos ha enfrentado críticas en los últimos años por problemas como sobrepoblación, falta de infraestructura adecuada y presuntas violaciones a los derechos humanos. En 2024, el Cereso de Atlacholoaya, en Xochitepec, fue escenario de una protesta de internos que exigían la destitución del director operativo, lo que derivó en el cese de varios funcionarios de la administración anterior. Estos antecedentes reflejan los desafíos estructurales que enfrenta la SSPC para garantizar el orden y la reinserción social efectiva en los centros penitenciarios.
Las observaciones señaladas por Urrutia Lozano podrían tener diversas consecuencias. En el ámbito administrativo, se espera que los responsables de las irregularidades enfrenten suspensiones, destituciones o inhabilitaciones, dependiendo de los resultados de las investigaciones internas. En el plano judicial, si se comprueba la existencia de delitos como abuso de autoridad, extorsión o nexos con grupos delictivos, los implicados podrían enfrentar procesos penales.
Expertos en política penitenciaria consultados coinciden en que las sanciones, aunque necesarias, deben ir acompañadas de medidas estructurales para abordar las causas profundas de las irregularidades. “No basta con castigar a los responsables. Es crucial invertir en capacitación, mejorar las condiciones laborales de los custodios y garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos para prevenir que estas situaciones se repitan”, señaló María Elena Torres, analista en seguridad pública.
La SSPC ha informado que las investigaciones en el Cereso “10” están en marcha, con la participación de órganos de control interno y, posiblemente, de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en caso de que se identifiquen conductas delictivas. Además, Urrutia Lozano reiteró el compromiso de la administración de la gobernadora Margarita González Saravia para fortalecer el sistema penitenciario, alineándose con los estándares nacionales de reinserción social establecidos en el Artículo 18 de la Constitución mexicana.
Por ahora, la ciudadanía y las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que las autoridades esclarezcan los detalles de las observaciones y garanticen que las sanciones se apliquen con imparcialidad. Mientras tanto, el Centro Estatal de Reinserción Social Varonil “10” permanece bajo escrutinio, en un contexto donde la seguridad y la justicia son prioridades clave para el gobierno estatal.
