Indiferencia total del régimen 2018-2024 a recomendaciones de la CDHM sobre inhumanas condiciones de cárceles morelenses
Cuernavaca, Morelos, 14 de noviembre de 2025 – En un país donde las cárceles son a menudo sinónimos de olvido y sufrimiento, las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM), Nadxieelii Carranco Lechuga, vertidas este viernes 14 de noviembre, encendieron una luz incómoda sobre el legado penitenciario del exgobernador Cuauhtémoc Blanco (2018-2024). “El gobierno de Cuauhtémoc Blanco no atendió ninguna de las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos respecto de la situación en los penales, a pesar de que se denunciaron situaciones como hacinamiento”, afirmó Carranco durante una rueda de prensa.
En seis años de administración, el Ejecutivo estatal ignoró por completo las alertas de la CDHM sobre el colapso humanitario en los centros de reclusión, dejando a miles de personas privadas de la libertad (PPL) en condiciones que rozan lo inhumano.
Nadxieelii Carranco Lechuga, abogada y activista de derechos humanos designada como presidenta de la CDHM en julio de 2025, no es ajena a las batallas por la dignidad en Morelos. Con un historial en la defensa de víctimas de violencia de género y desapariciones, su nombramiento por el Congreso local representó un giro hacia mayor escrutinio en un estado marcado por la impunidad.
Sus palabras de hoy no son un lamento aislado, sino el eco de informes anuales que documentan un sistema penitenciario en ruinas: hacinamiento extremo, autogobierno de internos, torturas y falta de reinserción social.
“No atendió ninguna, especialmente las relacionadas con la sobrepoblación y el hacinamiento en los centros de reclusión estatales”, reiteró Carranco, subrayando que estas omisiones agravaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
UN LEGADO DE INDIFERENCIA
Durante el sexenio de Blanco, la CDHM emitió al menos 49 recomendaciones específicas sobre el sistema penitenciario, abarcando desde 2018 hasta 2024. Estas no eran meras sugerencias burocráticas, sino demandas urgentes basadas en visitas de verificación y quejas de personas privadas de la libertad. Sin embargo, ninguna fue acatada por el gobierno estatal, según el diagnóstico de la comisión.
El hacinamiento, el talón de Aquiles de las prisiones morelenses, afectaba a más del 80 por ciento de los centros en ese periodo, con instalaciones diseñadas para 4,000 internos albergando hasta 7,000 personas en picos de crisis.
En el Centro de Reinserción Social (CERESO) Varonil “Morelos” y el de Atlacholoaya, por ejemplo, las celdas compartidas superaban el doble de su capacidad, fomentando brotes de violencia interna y enfermedades infecciosas.
El Informe Anual 2023 de la CDHM detalla casos emblemáticos: en una resolución emitida en junio de 2023 (CDHM/SE/VEAP/061/074/2020), se acreditaron actos de tortura, desaparición forzada y detención arbitraria en agravio de un interno del CERESO Varonil “Morelos”, perpetrados por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) y custodios. La recomendación exigía investigaciones exhaustivas, reparación del daño y medidas para garantizar la integridad de las PPL, pero fue rechazada por la Coordinación del Sistema Penitenciario (CESP) y el centro en cuestión. Derechos vulnerados incluyeron la presunción de inocencia, el debido proceso y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Similarmente, en 2021, la CDHM denunció que “no se han atendido las malas condiciones en penales”, con autogobierno de facciones criminales controlando hasta el 70% de las actividades diarias en algunos centros.
El autogobierno, otro flagelo persistente, permitía que internos de alto perfil –muchos vinculados a carteles– dictaran normas internas, cobrando “derechos de piso” y limitando el acceso a visitas familiares. En octubre de 2022, el entonces presidente de la CDHM, Raúl Hernández Cruz, alertó en su tercer informe que estos problemas “prevalecen en los penales de Morelos”, con tasas de reincidencia social superiores al 40 por ciento debido a la ausencia de programas educativos o laborales.
Blanco, enfocado en su imagen como exfutbolista y en megaproyectos como el Estadio CNAR, destinó recursos mínimos al sistema penitenciario: el presupuesto para reinserción social se estancó en menos del 1 por ciento del gasto estatal en seguridad.
DE LA DENUNCIA A LA ACCIÓN: ¿QUÉ CAMBIA AHORA?
La indiferencia de Blanco contrasta con los esfuerzos del nuevo gobierno de Margarita González Saravia, quien asumió en octubre de 2024. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) anunció en julio de 2025 que da seguimiento a esas 49 recomendaciones heredadas, incluyendo disculpas públicas a víctimas y reformas estructurales.
En febrero de 2025, la CDHM emitió nuevas directrices tras su Diagnóstico Estatal de Reinserción Social (DERS), diagnosticando fallas en la gobernabilidad y vulnerabilidad de PPL. Recientemente, el 2 de noviembre, Carranco entregó lineamientos para el traslado de mujeres del CERESO de Atlacholoaya a Cuernavaca, priorizando su seguridad y separación por género.
En 2024, la CDHM realizó visitas a centros como CERESO Cuautla, Jojutla y Jonacatepec, emitiendo 91 medidas precautorias para proteger la integridad personal. De 38 resoluciones totales ese año, 23 recomendaciones sobre prisiones fueron cumplidas, un avance modesto pero tangible. Aun así, persisten desafíos: el Informe Anual 2024 revela que 18 autoridades rechazaron resoluciones penitenciarias, y el hacinamiento sigue en niveles críticos, con más de 6,500 PPL en un sistema para 5,000.
Las palabras de Nadxieelii Carranco no solo exponen el fracaso de un gobierno, sino que reclaman justicia para quienes el Estado ha abandonado. “La estancia digna no es un lujo, es un derecho”, enfatizó. Mientras Morelos lidia con el legado de impunidad –homicidios en aumento y fosas clandestinas–, las prisiones siguen siendo espejos de una sociedad fracturada.
