¿INSTITUCIONES AL SERVICIO DEL PUEBLO O ÉLITES DISFRAZADAS?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 21 de octubre de 2025
En el vasto tapiz de la democracia mexicana, los partidos políticos se erigen como pilares supuestamente inquebrantables, declarados por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como instituciones de interés público cuya función primordial es representar la pluralidad de la sociedad y mediar entre el Estado y los ciudadanos. Sin embargo, surge una interrogante ineludible: ¿lo son realmente, o se han convertido en feudos privados donde el poder se concentra en manos de élites que priorizan sus agendas sobre el bien común? Basta observar cómo, en elecciones recientes, el clientelismo, la corrupción y la desconexión con las bases populares han erosionado su legitimidad, convirtiéndolos en meros vehículos para perpetuarse en el poder.
Un análisis de los estratos sociales que más los caracterizan revela un patrón común: predominantemente, estos partidos son moldeados por la clase media urbana educada y profesionales liberales, con fuerte influencia de élites políticas y económicas que financian campañas y ocupan dirigencias; aunque varían en matices —como el arraigo en sectores populares de Morena o el conservadurismo de la clase media alta en el PAN—, en esencia, excluyen sistemáticamente a los estratos bajos rurales y marginados, perpetuando una brecha donde la voz del obrero o el indígena se diluye en promesas electorales vacías.
Actualmente, el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene registrados seis partidos políticos nacionales, tras las elecciones de 2024 que barrieron con aquellos que no alcanzaron el umbral del 3% de votación efectiva, como el caso del PRD, que perdió su estatus federal. Esta depuración, aunque técnica, subraya la volatilidad del sistema: los sobrevivientes son el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Cada uno porta un legado ideológico, pero en la práctica, compiten en un mercado de lealtades donde la ideología cede ante la pragmática electoral, financiada mayoritariamente por donativos de grandes corporaciones y cuotas de militantes de clase media.
El PAN, fundado en 1939 como baluarte del conservadurismo católico, se caracteriza por su arraigo en la clase media empresarial y urbana del norte del país, donde defiende valores familiares y de libre mercado; sin embargo, su desconexión con los jóvenes y los marginados lo ha relegado a coaliciones reactivas. Por su parte, el PRI, el dinosaurio de la política mexicana con raíces en la Revolución, evoca la nostalgia de la clase media burocrática y rural, pero su historia de autoritarismo lo pinta como un relicto de élites priístas que, pese a su declive, aún negocia posiciones de poder en los pasillos del Congreso.
No menos controvertido, el PVEM emerge como el partido “ecologista” por conveniencia, atrayendo a una franja de clase media joven preocupada por el medio ambiente, pero criticado por su oportunismo al aliarse con quien gobierna, financiado por donativos dudosos que cuestionan su compromiso genuino con la sostenibilidad. El PT, con su herencia trotskista diluida en el pragmatismo, representa a sindicatos obreros y sectores populares del centro, aunque su rol como “partido satélite” en coaliciones lo reduce a un eterno aliado menor, dependiente de alianzas para sobrevivir.
Movimiento Ciudadano, el “nuevo” de la lista, apela a la juventud urbana y a la clase media progresista desencantada con la política tradicional, promoviendo innovación y anticorrupción; sin embargo, su crecimiento explosivo en 2024 lo ha expuesto a acusaciones de ser un vehículo para ambiciones personales, más que un movimiento genuino.
Finalmente, Morena, el fenómeno transformador de López Obrador, domina con su base en los estratos bajos y medios populares, impulsado por el discurso antiélite y la “cuarta transformación”, pero no exento de críticas por centralizar poder en una figura mesiánica, alienando incluso a sus aliados iniciales.
En el ámbito estatal de Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Democracia (Impepac) no solo registra partidos locales, sino que acredita a los nacionales para que compitan en contiendas locales, asegurando su presencia en diputaciones y ayuntamientos. Al 2025, todos los seis partidos nacionales vigentes en el INE mantienen su registro activo ante el Impepac, permitiéndoles participar plenamente en el proceso electoral local ordinario de 2027, tras cumplir con requisitos de paridad de género y fiscalización. Esta acreditación universal refleja la interdependencia federal-estatal, pero también expone vulnerabilidades: en Morelos, un estado marcado por la violencia y la desigualdad, estos partidos nacionales a menudo se diluyen en dinámicas locales corruptas, donde el narco-influencia y el clientelismo distorsionan la contienda.
Curiosamente, mientras los nacionales dominan el panorama, Morelos alberga también cinco partidos locales registrados en el Impepac —Nueva Alianza Morelos, Partido Encuentro Solidario Morelos, Movimiento Alternativa Social, Partido Morelos Progresa y Redes Sociales Progresistas Morelos—, que buscan nichos en la diversidad regional, atrayendo a comunidades indígenas y rurales excluidas de los grandes bloques. Estos locales, aunque minoritarios en votos, inyectan pluralidad, pero su supervivencia depende de alianzas con nacionales, lo que diluye su autonomía y los somete al mismo ciclo de dependencia económica de la clase media política.
Esta dualidad entre nacionales y locales en Morelos ilustra la fractura social del país: los partidos, ya sea en el INE o el Impepac, tienden a ser capturados por estratos medios que controlan los recursos y narrativas, marginando a los más vulnerables. Un análisis comparativo revela que, en ambos niveles, la caracterización socioeconómica es similar —profesionales, empresarios y activistas urbanos—, con escasa penetración en los estratos bajos, donde la abstención roza el 50%. ¿Es esto interés público o un club exclusivo? La Constitución lo manda, pero la realidad lo pervierte.
En última instancia, para revitalizar estas instituciones, urge una reforma que democratice su financiamiento, impulse candidaturas independientes y fomente la inclusión de estratos subrepresentados mediante cuotas obligatorias de género y origen étnico. Solo así, los partidos dejarán de ser sombras de élites para convertirse en verdaderos puentes hacia una democracia inclusiva. En Morelos y en México, el desafío es claro: o evolucionan, o perecen ante la indiferencia ciudadana que ya no cree en promesas vacías.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES POR EL INE EN 2025
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha distribuido un total de 7,354,266,504 pesos en financiamiento público federal para los seis partidos políticos nacionales con registro vigente durante el ejercicio fiscal 2025, conforme al Acuerdo INE/CG2301/2024 publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta cantidad se reparte en rubros específicos: actividades ordinarias permanentes por 7,003,402,870 pesos, actividades específicas por 210,102,086 pesos, franquicia postal por 140,068,056 pesos y franquicia telegráfica por 693,492 pesos. La asignación sigue la fórmula constitucional de 30% a partes iguales y 70% proporcional a los votos obtenidos en la elección federal de 2024, con una votación nominal efectiva de 55,214,760 sufragios.
Morena, como el partido con mayor respaldo electoral, recibe la porción más significativa del financiamiento, ascendiendo a 2,584,356,877 pesos en total anual, desglosados en 2,486,307,397 pesos para actividades ordinarias, 74,589,222 pesos para actividades específicas, 23,344,676 pesos en franquicia postal y 115,582 pesos en franquicia telegráfica. Este predominio refleja su 35% aproximado de los votos federales, permitiéndole fortalecer su maquinaria en todo el país.
El Partido Acción Nacional (PAN) obtiene 1,294,093,318 pesos anuales, con 1,233,624,330 pesos en ordinarias, 37,008,730 en específicas, más las franquicias compartidas de 23,344,676 pesos postales y 115,582 telegráficos.
Por su parte, Movimiento Ciudadano (MC) se adjudica 972,417,271 pesos, incluyendo 921,317,488 en ordinarias y 27,639,525 en específicas, posicionándose como una fuerza emergente entre la juventud urbana.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibe 985,302,647 pesos en total, con énfasis en 933,827,562 pesos para actividades ordinarias y 28,014,827 para específicas, junto a las franquicias fijas.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acumula 838,097,566 pesos, destacando 790,910,008 en ordinarias y 23,727,300 en específicas, a pesar de críticas por su rol como aliado oportunista.
Finalmente, el Partido del Trabajo (PT) cierra la lista con 679,998,825 pesos anuales, conformados por 637,416,085 en ordinarias, 19,122,482 en específicas y las franquicias estándar, subrayando su posición como partido menor dependiente de coaliciones para amplificar su influencia.
PRERROGATIVAS ESTATALES POR EL IMPEPAC EN MORELOS PARA 2025
En el ámbito estatal, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) asigna un presupuesto total de 120,309,759 pesos en prerrogativas para 2025, destinado a los seis partidos nacionales acreditados y los cinco locales registrados: Nueva Alianza Morelos (PANALM), Partido Encuentro Solidario Morelos (PESM), Movimiento Alternativa Social (MAS), Partido Morelos Progresa (MP) y Redes Sociales Progresistas Morelos (RSP). Esta distribución, aprobada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, sigue la fórmula de 30% a partes iguales entre los 11 partidos y 70% proporcional a los votos válidos obtenidos en la elección para el Congreso local de 2021, donde se emitieron 641,942 sufragios válidos.
Morena lidera nuevamente con aproximadamente 26,250,787 pesos anuales, beneficiándose de su 21.13% de los votos en 2021 (135,699 sufragios), lo que le otorga una porción sustancial del componente proporcional, sumado a la cuota igualitaria de unos 3,281,175 pesos por partido.
El PAN sigue con alrededor de 18,476,439 pesos, impulsado por su 13.98% (89,770 votos), consolidando su base en zonas urbanas conservadoras de Morelos.
Movimiento Ciudadano (MC) recibe cerca de 11,780,841 pesos, correspondiente a su 7.82% (50,214 votos), atrayendo a votantes independientes en Cuernavaca y alrededores.
El PRI obtiene 10,969,535 pesos, con base en su 7.07% (45,421 votos), mientras que el PT suma 9,815,968 pesos por su 6.01% (38,606 votos), enfocándose en sectores obreros.
Entre los locales, Nueva Alianza Morelos (PANALM) se adjudica unos 8,948,127 pesos gracias a su 5.21% (33,479 votos), posicionándose como una opción regional estable.
Redes Sociales Progresistas Morelos (RSP) y Partido Morelos Progresa (MP) empatan en torno a 7,381,882 y 7,379,004 pesos respectivamente, con 3.77% cada uno (24,226 y 24,209 votos), inyectando diversidad en comunidades rurales.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pese a su bajo 2.89% (18,579 votos), accede a 6,426,021 pesos como nacional, superando ligeramente a los locales restantes: Partido Encuentro Solidario Morelos (PESM) con 6,358,821 pesos (2.85%, 18,182 votos) y Movimiento Alternativa Social (MAS) con 6,522,335 pesos (2.98%, 19,148 votos).
Estos montos mensuales se entregan en 12 parcialidades, ajustados por fiscalización, y resaltan la brecha entre nacionales y locales en un estado de recursos limitados.
