ISABEL MIRANDA DE WALLACE Y MORELOS: UNA LUCHA CONTRA EL SECUESTRO EN TIEMPOS DE CRISIS

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 10 de marzo de 2025

Isabel Miranda de Wallace tuvo una relación indirecta pero significativa con el estado de Morelos, especialmente en el contexto de su labor como activista y fundadora de la organización Alto al Secuestro. La señora Miranda de Wallace falleció este 8 de marzo de 2025. A continuación, LA CRÓNICA DE MORELOS la recuerda de la siguiente manera.

La conexión con Morelos de tan aguerrida activista se destacó particularmente durante el periodo entre 2014 y 2018, cuando Alberto Capella desempeñó el cargo de titular de seguridad pública en el estado bajo el gobierno de Graco Ramírez. En ese tiempo, Morelos enfrentaba una crisis severa de secuestros, al punto de ser considerado uno de los lugares con mayor incidencia de este delito en México e incluso a nivel mundial por cada 100,000 habitantes. Isabel Miranda de Wallace, a través de Alto al Secuestro, colaboró activamente con las autoridades estatales como una aliada clave, aunque también fue una voz crítica y exigente.

Un ejemplo concreto de esta relación se refleja en una anécdota que Capella compartió tras su fallecimiento: en una reunión tensa, Miranda de Wallace lo confrontó directamente, advirtiéndole con un manotazo en la mesa que sería responsable de cualquier víctima mortal por secuestro y que ella misma pediría su destitución si eso ocurría. Esta interacción mostró su estilo combativo y su compromiso con las víctimas, así como su influencia en las políticas de seguridad en Morelos. Con el tiempo, las estrategias implementadas en el estado lograron reducir significativamente las cifras de secuestro, y Miranda reconoció estos avances, demostrando congruencia en su postura.

Su labor en Morelos no se limitó a críticas o presión; también extendió apoyo a familias afectadas por secuestros, trabajando para visibilizar el problema y exigir respuestas rápidas y efectivas. Este esfuerzo se enmarcó en su lucha más amplia contra el secuestro en México, motivada por la desaparición y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace, en 2005.

Es importante mencionar que, aunque su trabajo fue reconocido por algunos como un legado valioso, también estuvo envuelto en controversias. En el caso de su hijo, hubo señalamientos de irregularidades, como la presunta fabricación de pruebas y la tortura de acusados, lo que generó debates sobre su enfoque y métodos. Sin embargo, en el contexto de Morelos, su impacto se recuerda más por su presión sobre las autoridades y su apoyo a las víctimas que por estas polémicas.

Tras su fallecimiento, la relación de Isabel Miranda de Wallace con Morelos puede recordarse como un capítulo de su incansable lucha contra el secuestro, donde dejó una marca tanto por su determinación como por su capacidad para influir en las políticas de seguridad, en un estado que en su momento fue un epicentro de esta problemática.

ALTOS MANDOS POLICÍACOS Y EL SECUESTRO DE HUGO ALBERTO

Aquí es necesario recordar a César Freyre Morales, un excomandante de la Policía Ministerial de Morelos que estuvo involucrado en el caso del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda. Freyre Morales fue identificado como uno de los principales acusados en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, ocurrido el 11 de julio de 2005 en la Ciudad de México. Freyre, quien había servido como policía ministerial en Morelos, fue señalado como el líder de una banda criminal dedicada al secuestro. Según la narrativa oficial, Hugo Alberto fue privado de la libertad cerca de Plaza Universidad, y su cuerpo nunca fue encontrado, aunque se presume que fue asesinado por sus captores. La investigación y el proceso judicial posterior estuvieron marcados por la participación activa de Isabel Miranda de Wallace, quien fundó la organización Alto al Secuestro tras la desaparición de su hijo.

Freyre fue detenido el 23 de enero de 2006 en un operativo que, según algunas versiones, involucró directamente a Isabel Miranda de Wallace junto con agentes del Ministerio Público Federal, como Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez. Tres días después, el 26 de enero, fue presentado ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Durante su proceso, se le acusó de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. En 2009, recibió una primera sentencia de 47 años y 3 meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto Wallace. Posteriormente, en 2011, un juez federal en el Estado de México incrementó su condena a 131 años de prisión, abarcando no solo el caso Wallace, sino también otros delitos relacionados con secuestros múltiples.

El caso, sin embargo, no estuvo exento de controversias. Freyre y otros acusados, como Juana Hilda González Lomelí y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, denunciaron haber sido torturados para confesar su participación. En el caso de Freyre, se documentaron alegatos de torturas brutales entre 2006 y 2010, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y amenazas contra su familia. El 2 de octubre de 2010, tras una de estas sesiones, Freyre se incriminó e incriminó a otros bajo presión, según su testimonio y reportes posteriores. Su madre, María Rosa Morales, y su hermana, Julieta Freyre, también fueron detenidas en 2006 bajo cargos de extorsión, aunque fueron liberadas año y medio después por falta de pruebas. Organismos como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Comisión Nacional de Derechos Humanos certificaron en 2022 que Freyre presentaba secuelas físicas y psicológicas graves, compatibles con tortura sistemática.

Por otro lado, la versión oficial, respaldada por Isabel Miranda y las sentencias judiciales, sostuvo que las confesiones de Freyre y los demás implicados, junto con pruebas circunstanciales (como declaraciones de testigos y evidencia en el lugar del secuestro), confirmaban su culpabilidad. En 2013, Freyre recibió una segunda condena de 70 años por otros secuestros, acumulando múltiples penas que, en la práctica, lo mantienen en prisión de por vida en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

El caso Wallace generó un debate polarizado. Mientras algunos vieron a Freyre como un criminal confeso y peligroso, otros cuestionaron la integridad del proceso, señalando irregularidades como la falta de un cuerpo, la presión mediática ejercida por Miranda (incluyendo espectaculares públicos que violaban la presunción de inocencia) y las denuncias de tortura corroboradas por organismos independientes. Hasta ahora, Freyre sigue luchando por revertir su sentencia a través de amparos, uno de los cuales solicitó en 2022 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara su caso, aunque no hay resolución definitiva al respecto a esta fecha.

En cuanto a su paso por la Policía Ministerial de Morelos, Freyre estuvo vinculado a una época en la que el estado era un foco de actividad delictiva, incluyendo secuestros. Su experiencia como comandante le habría dado conocimientos y contactos que, según las autoridades, utilizó para liderar actividades criminales tras dejar el cargo.