JUICIOS POLÍTICOS… A GRANEL
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 26 de septiembre de 2023
El diputado local del PRI, Eliasib Polanco, informó, el pasado fin de semana, lo que será el destino definitivo de un número indeterminado de juicios políticos. Para decirlo de una manera concreta, las solicitudes irán a la basura, luego de que durmieron el sueño de los justos en la Junta Política y de Gobierno, en la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, y en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. Los promotores de esos juicios solo hicieron alharaca y, tal vez, doblegaron a adversarios con “el petate del muerto”.
El juicio político está incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 110, mismo que, desde 1917 hasta 2016, ha sufrido múltiples reformas para quedar como lo que es: letra muerta, aunque la mayor parte de la historia, en el bajo mundo de la política, ha sido un arma bastante útil cuando se dispone de poder y es necesario aniquilar a los enemigos de los gobernantes en turno. O desde la oposición a los grupos gobernantes, son muy útiles para estar jode, jode, jode y jode.
Siempre he insistido en que los juicios políticos van y regresan como si fueran una moda. Chequen ustedes el siguiente resumen histórico de ese precepto constitucional en nuestro estado.
A comienzos de 1998 el entonces gobernador Jorge Carrillo Olea se perfilaba hacia juicio político (en el Congreso de Morelos) por incumplimiento de funciones públicas y omisión en el ataque a la delincuencia organizada, pero debido a las presiones ejercidas desde Los Pinos (bajo diversas vertientes) por Ernesto Zedillo se separó de la titularidad del Poder Ejecutivo en mayo del mismo año, aunque en febrero de 2000 la SCJN lo inhabilitó por 12 años para asumir cargos en la administración pública federal o estatal.
El 20 de abril de 2004 ingresó al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Sergio Estrada Cajigal por omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado, siendo separado del cargo por el Congreso en octubre del mismo año, pero una resolución de la SCJN (controversia constitucional mediante) lo sostuvo hasta la conclusión de su sexenio. Tuvo el gran respaldo del entonces presidente Vicente Fox Quesada. Colgado de alfileres, pero terminó su gestión.
El 22 de febrero de 2011 ingresó al Congreso local una solicitud de juicio político en contra de Marco Adame Castillo, también por omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado, pero el tema fue desechado gracias a la intervención del gobierno federal a través del entonces secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, meses antes de morir en un accidente aéreo.
El 19 de noviembre de 2015 se presentó una solicitud de juicio político en contra de Graco Ramírez bajo acusaciones de malversación al crédito de 2 mil 806 millones de pesos autorizado a finales de 2013 por el propio Congreso, pero el tema fue rechazado provocando la ira de los opositores al régimen, entre quienes figuraban hombres y mujeres resentidos con el titular del Ejecutivo porque no fueron incluidos en ninguna área del gobierno ni les concedieron las canonjías a que estaban acostumbrados.
Los opositores al gobierno graquista buscaban proyectar la imagen de ingobernabilidad en Morelos, a fin captar la atención del gobierno federal y meter en el Senado de la República la posible desaparición de poderes. Así lo promovió el perseguido rector universitario Alejandro Vera, unido al obispo de Cuernavaca Ramón Castro. Eran los dos principales líderes del movimiento rebelde.
Y así llegamos al sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando, no hace mucho tiempo, una agrupación de abogados, de esas que abundan en Morelos, le buscó incoar juicio político, casi con iguales motivaciones respecto al tema de la seguridad pública. Pues esa solicitud también tiene como destino el basurero.
Conclusión: el juicio político, teóricamente, es algo a lo cual le deberían tener pavor los servidores públicos enlistados en el artículo 110 constitucional. Empero, los engorrosos pasos para conseguir, por ejemplo el juicio de procedencia (desafuero), implica la necesidad de poseer suficientes pruebas de cargo, porque de lo contrario, siempre surge cualquier cantidad de recursos para la defensa de los inculpados. La mera verdad, el juicio político es letra muerta en nuestra Carta Magna… como muchísimos otros preceptos que jamás son aplicados, a menos que el presidente de la República en turno otorgue su visto bueno y el procedimiento marche en las legislaturas estatales o en el Congreso federal tal como marca la ley.
Juicio político, equiparable a la simulación. Y la simulación es equiparable a la corrupción.
