LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿HERRAMIENTA EFECTIVA O ARMA POLÍTICA?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Viernes 27 de marzo de 2026
E D I T O R I A L
La diputada local Luz Dary Quevedo Maldonado, de Movimiento Ciudadano, ha reiterado su intención de presentar un exhorto ante la Secretaría de Gobernación federal para solicitar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los 36 municipios de Morelos. La iniciativa busca ampliar la cobertura más allá de los municipios que ya la tienen activa, con el argumento de que el estado sigue ocupando lugares preocupantes en incidencia de feminicidios y que se requieren más recursos y coordinación para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
Esta solicitud, legítima desde la oposición, pone sobre la mesa un debate recurrente en México: ¿por qué tantos gobernantes, de distintos partidos y niveles de gobierno, muestran resistencia o temor ante la activación de este mecanismo?
La AVGM, prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es un instrumento de emergencia diseñado para enfrentar violaciones graves y sistemáticas a los derechos de las mujeres en un territorio específico. Incluye medidas de prevención, atención, sanción, investigación con perspectiva de género y, en teoría, el acceso a recursos adicionales. Desde su implementación, se han declarado decenas de alertas en entidades y municipios del país. Sin embargo, su efectividad real sigue siendo objeto de fuertes cuestionamientos.
Muchos gobernantes le temen a la Alerta no solo por pudor político, sino por razones más profundas y pragmáticas. Declararla equivale a reconocer públicamente que en su territorio existe una emergencia que el Estado no ha logrado contener. Eso genera escrutinio mediático, presión de la sociedad civil y de opositores, y obliga a rendir cuentas sobre indicadores concretos: tasas de feminicidio, niveles de impunidad, calidad de las investigaciones, presupuestos asignados y resultados medibles. En pocas palabras, se convierte en un espejo incómodo.
En Morelos, la situación es particularmente grave. Organizaciones independientes documentaron 121 feminicidios en 2025 —el segundo año más violento en décadas, solo por debajo de 2023—, mientras las cifras oficiales suelen ser sensiblemente menores. A pesar de que varios municipios ya cuentan con Alerta desde hace años, las cifras no han mostrado una reducción consistente y significativa. Esto no es exclusivo de Morelos: evaluaciones nacionales indican que solo un porcentaje mínimo de las medidas recomendadas se cumplen a cabalidad, muchas quedan en el papel y la violencia persiste o incluso se mantiene en niveles altos.
Aquí radica el núcleo del temor. Si después de la declaratoria las muertes continúan, el gobernante en turno queda expuesto a la acusación de ineficacia o simulación. Es más cómodo manejar el tema con programas propios, discursos y acciones menos fiscalizables que activar un mecanismo que pone el foco en las fallas estructurales del aparato de justicia y seguridad: fiscalías saturadas, impunidad elevada, policías sin capacitación adecuada y refugios insuficientes.
La violencia contra las mujeres en México es multifactorial: cultural, económica, familiar y, en muchos casos, vinculada al crimen organizado y a la impunidad generalizada. Una Alerta no transforma de la noche a la mañana una cultura machista ni reforma una institución corrupta o ineficiente. Cuando un gobernante sabe —o sospecha— que su sistema de procuración de justicia está fallando en lo básico, declarar la Alerta solo amplifica la evidencia de ese fracaso.
¿LA AVGM SE HA CONVERTIDO EN UNA PODEROSA ARMA POLÍTICA?
Quien la solicita puede exhibir la inacción o incapacidad de quien gobierna. Pero el verdadero valor de cualquier instrumento no está en su capacidad de generar titulares o desgaste opositor, sino en su capacidad real de salvar vidas. Hasta ahora, los datos muestran que, en muchos casos, la Alerta ha sido más efectiva para visibilizar el problema que para resolverlo.
En Morelos, la propuesta de la diputada Quevedo merece ser discutida con seriedad. Sin embargo, no debe quedarse en un exhorto simbólico. Debe ir acompañada de exigencias concretas de transparencia: ¿qué medidas de las Alertas ya existentes se han cumplido plenamente? ¿Dónde han fallado? ¿Cómo se garantizará que, esta vez, los recursos se utilicen con eficiencia y se midan resultados tangibles?
La violencia de género no es un asunto de izquierda o derecha, ni de un color partidista específico. Es un fracaso colectivo del Estado mexicano. Cualquier herramienta que contribuya a reducirla merece apoyo, pero también escrutinio riguroso. De lo contrario, seguiremos acumulando mecanismos que suenan bien en los discursos pero cambian poco la dolorosa realidad que enfrentan miles de mujeres en Morelos y en el país.
Lo que las morelenses necesitan no son más declaraciones formales, sino resultados medibles: menos feminicidios, más investigaciones efectivas, mayor acceso a la justicia y políticas que ataquen las causas de fondo. Solo así la Alerta dejará de ser un arma política para convertirse en lo que siempre debió ser: un instrumento real de protección y transformación.
