LA ARRAIGADA CULTURA DE LA ILEGALIDAD EN MÉXICO
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 6 de enero de 2025
Este día deseo referirme a la preocupante realidad de la cultura de la ilegalidad en México. Entre otros clichés esgrimidos con demasiada frecuencia por nuestros gobernantes se encuentra el de “nosotros no somos corruptos”, pero esos personajes encumbrados no han sido el prototipo de la honestidad y la integridad, ni tampoco el mejor ejemplo para la juventud mexicana.
Más allá de ser una simple falta de apego a las normas, este fenómeno se configura como un complejo entramado de desconfianza, impunidad y desprecio por la ley que permea todos los estratos de la sociedad.
Reiteradamente he señalado, por ejemplo, la profunda desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Esta desconfianza, alimentada por la percepción de ineficacia, corrupción e impunidad, genera un círculo vicioso en el que la falta de denuncia perpetúa la “cifra negra” de delitos y normaliza la violación de la ley.
He aquí datos contundentes: de los 2 millones de denuncias anuales por ilícitos, solo un porcentaje mínimo llega a los tribunales. Esta problemática, aunada a la alarmante cifra de muertes relacionadas con el crimen organizado y la posición de México en rankings internacionales de violencia y estado de derecho, pintan un panorama desolador.
Es importante analizar las causas que subyacen ante esta problemática. La impunidad es un factor clave. La falta de consecuencias ante la violación de la ley fomenta la idea de que “no pasa nada” y erosiona la legitimidad del sistema judicial.
Además, es crucial considerar las raíces históricas, sociales y económicas que han contribuido a la normalización de la ilegalidad. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades pueden llevar a sectores de la población a buscar alternativas fuera de la legalidad para subsistir.
Lamentablemente, esta despreocupación por el estado de derecho no se limita a la ciudadanía. A nivel global, observamos con preocupación cómo algunos gobernantes y líderes políticos se ubican por encima de la ley, declarando abiertamente su desdén por las normas con frases como “no me vengan con que la ley es la ley”. Esta actitud no solo socava la democracia y las instituciones, sino que envía un mensaje peligroso a la sociedad: que el poder otorga impunidad.
El caso de México no es aislado. En diversas naciones del orbe, la cultura de la ilegalidad se refuerza desde las altas esferas del poder, donde la corrupción, el abuso de autoridad y la manipulación de las leyes se convierten en prácticas comunes. Lo ideal sería que la comunidad internacional exigiera a sus líderes el estricto apego al estado de derecho y promueva una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Pero a tales gobernantes les importan un bledo el derecho internacional, los múltiples tratados presuntamente incorporados a las constituciones políticas y los organismos de justicia, como las cortes de justicia y derechos humanos. No pagan ningún costo por sus abusos cometidos al margen legal.
Para combatir la arraigada cultura de la ilegalidad se requiere un enfoque integral que vaya más allá de medidas punitivas. Es fundamental fortalecer las instituciones, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Insisto: este es un escenario ideal, pero, al menos en México, el país se alejó de los controles constitucionales al Poder Ejecutivo y ahora vemos con profunda preocupación cómo los poderes Judicial y Legislativo están siendo controlados por un sistema cada día más autoritario, como en las peores épocas priistas. Desaparecieron los organismos autónomos y la SCJN ya no ejerce el control constitucional de antaño.
Asimismo, es necesario impulsar una educación cívica que fomente valores como el respeto a la ley, la responsabilidad ciudadana y la participación en la construcción de una sociedad más justa.
En conclusión, la cultura de la ilegalidad en México es un desafío complejo que requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de un esfuerzo conjunto que aborde las causas y consecuencias de este fenómeno podremos construir un país donde la legalidad sea la norma y no la excepción. Todavía no debemos perder las esperanzas.
