La autonomía universitaria: escudo o pretexto en la UAEM; la Rectoría, arrodillada frente al grupo minoritario denominado Resistencia Estudiantil
El conflicto que paraliza el Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pone de manifiesto, una vez más, cómo la autonomía universitaria se convirtió en un concepto malentendido y, en ocasiones, distorsionado. Asimismo, en una comunidad de decenas de miles de estudiantes, docentes y trabajadores, un grupo minoritario autodenominado Resistencia Estudiantil mantiene tomada instalaciones clave desde marzo, exigiendo seguridad ante la zozobra que azota el entorno universitario.
Pero lo que llama la atención no es solo la protesta en sí, sino el temor reverencial con que las autoridades estatales y la propia Rectoría abordan el tema, como si la autonomía fuera un muro infranqueable que obliga a caminar con pétalos de rosa sobre realidades incómodas como la delincuencia en las inmediaciones de Chamilpa.
La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 3º constitucional, fracción VII, es clara en su esencia: las universidades públicas tienen la facultad y la responsabilidad de autogobernarse, determinar sus planes académicos, fijar criterios de ingreso y permanencia del personal, y administrar su patrimonio, todo ello respetando la libertad de cátedra, investigación y discusión de ideas. No es un privilegio ni un feudo aislado del Estado, sino una herramienta para cumplir su misión educativa sin injerencias políticas directas.
Nació históricamente como garantía de independencia frente a gobiernos autoritarios, como en el caso de la UNAM en 1929, y se elevó a rango constitucional para proteger el debate libre y el avance del conocimiento. Es, en suma, un instrumento de responsabilidad colectiva, no de impunidad.
Sin embargo, la autonomía no es —ni debe ser interpretada como— un cheque en blanco para evadir obligaciones básicas. No exime a la universidad de rendir cuentas por el uso de recursos públicos, ni la convierte en un territorio ajeno a la ley penal o civil. Mucho menos la libera de la obligación de garantizar la seguridad de su comunidad dentro y fuera de sus recintos.
La inseguridad en Chamilpa no es un “asunto interno” que la Rectoría pueda resolver sola con discursos; es un problema de orden público que compete al Estado, pero que las autoridades universitarias no pueden ignorar ni minimizar so pretexto de no “intervenir”. La autonomía no es soberanía: la universidad depende del subsidio estatal y, a cambio, debe rendir servicio a la sociedad morelense, no solo a un sector movilizado.
Es revelador cómo esta distorsión genera parálisis institucional. Las autoridades estatales avanzan con extrema cautela —rayana en el miedo— para desplegar medidas de seguridad, temerosas de ser acusadas de violar la autonomía. Mientras tanto, la Rectoría y sus principales funcionarios parecen paralizados ante la Resistencia Estudiantil, un grupo minoritario en una comunidad universitaria que supera los 40 mil integrantes.
Este movimiento, lejos de representar un clamor mayoritario, aparece impulsado por asesores externos que, en no pocos casos, son figuras políticas recicladas, cartuchos quemados de la escena estatal que encuentran en el conflicto universitario un último escenario de protagonismo.
La toma del campus, las suspensiones de diálogo y las demandas crecientes (que incluyen múltiples cuestionamientos a la propia rectora) ilustran cómo una minoría organizada puede secuestrar el ritmo académico de la mayoría silenciosa que solo quiere estudiar y trabajar.
El resultado es un círculo vicioso peligroso: la autonomía se invoca para justificar la inacción en materia de seguridad, mientras el temor a confrontar al grupo movilizado impide restablecer el orden normal de las actividades. Los estudiantes que no participan en la Resistencia —la inmensa mayoría— pagan el costo de un semestre en vilo, con evaluaciones suspendidas y un clima de incertidumbre que nada tiene que ver con la libertad académica. La universidad, pensada como espacio de reflexión crítica, se convierte paradójicamente en rehén de dinámicas que poco aportan al debate intelectual y mucho a la polarización.
Es hora de recuperar el verdadero sentido de la autonomía. No se trata de blindar a la UAEM de la realidad social que la rodea, sino de ejercerla con madurez: exigiendo al Estado su responsabilidad en seguridad sin renunciar a la propia, y protegiendo el derecho de la comunidad mayoritaria a no ser rehenes de minorías externas. Solo así la autonomía dejará de ser un pretexto temeroso y volverá a ser lo que siempre debió ser: garantía de excelencia educativa al servicio de Morelos.
La Rectoría y el gobierno estatal tienen la oportunidad —y la obligación— de demostrar que la universidad autónoma no es sinónimo de universidad intocable, sino de institución responsable.
