LA BRECHA DORADA: POR QUÉ EL SECTOR PÚBLICO SIGUE SIENDO EL DORADO DE LOS SUELDOS EN MÉXICO

LA CRÓNICA DE MORELOS
Jueves 15 de enero de 2026

En un país donde el talento y la preparación académica deberían ser la llave al éxito económico, la realidad pinta un panorama desolador. Imagínese a una doctora en farmacología, egresada de una prestigiosa universidad suiza, con maestrías y cursos infinitos a cuestas, dirigiendo el control de calidad en laboratorios alemanes en Cuernavaca. Su salario tope: apenas 100 mil pesos mensuales. Un logro impresionante en el sector privado, pero que palidece ante lo que perciben muchos funcionarios públicos, donde hasta un “changuito” puede embolsarse cifras superiores sin tanto pergamino.

Esta disparidad no es anécdota; es el síntoma de un sistema que premia el cargo sobre el mérito, y que hace del servicio público un imán irresistible para ambiciosos y oportunistas.

Hablemos claro: en México, los sueldos en el sector público superan en promedio un 30 por ciento a los del privado. Mientras en el privado alcanzar los 100 mil pesos mensuales es un lujo reservado para ejecutivos de alto nivel en industrias como la manufactura o el petróleo, en el público es pan de cada día para puestos medios y altos. Tomemos a los diputados federales: en 2026, su ingreso neto anual ronda 1.3 millones de pesos, unos 110 mil mensuales, más prestaciones que incluyen un “apoyo fiscal” para el ISR de su aguinaldo. ¿Y los secretarios de Estado o directores de dependencias? Fácilmente rebasan los 150 mil al mes, con bonos y compensaciones que elevan la cifra.

En contraste, el salario promedio en el privado es de unos 12 mil pesos mensuales para hombres y 8 mil para mujeres, con brechas de género que agravan la inequidad. Pero el verdadero gancho no está solo en el sueldo base, sino en las prestaciones que convierten al empleo público en un paraíso fiscal disfrazado. Empecemos por el aguinaldo: en el sector privado, la ley obliga a un mínimo de 15 días de salario, y punto. Si tienes suerte, tu empresa te da 20 o 30, pero eso es excepcional. En el público, especialmente en el gobierno federal, hablamos de 40 días para servidores en activo y jubilados —casi el triple del mínimo legal—. Para un funcionario con 150 mil de sueldo, eso significa un bono navideño de hasta 200 mil pesos, mientras que en el privado el mismo monto apenas cubre las deudas de fin de año.

Y no olvidemos las “canonjías” adicionales: vales de despensa, seguros de vida premium, fondos de ahorro que el gobierno cubre en gran parte, y hasta días de asueto extras que en el privado se negocian con uñas y dientes.

Las jubilaciones son el clímax de esta brecha. En el privado, dependes de tu Afore: cotizas décadas para una tasa de reemplazo que ronda el 40-50 por ciento de tu último sueldo, si bien te va. Con la esperanza de vida en aumento, eso significa pensiones raquíticas que te dejan al borde de la pobreza. En el público, el panorama es de ensueño: regímenes como el del IMSS o ISSSTE ofrecen hasta el 100 por ciento del último salario en algunos casos, con incrementos anuales ligados a aumentos salariales, no solo a la inflación.

Un burócrata de medio pelo puede retirarse con 80-90 mil mensuales, más aguinaldos extras y cobertura médica vitalicia. ¿Resultado? El erario destina billones a pensiones públicas, mientras el privado se las arregla con lo que ahorró en vida laboral. No es casualidad que el gasto en jubilaciones del sector público haya alcanzado récords en los últimos años, desplazando recursos que podrían ir a salud o educación.

¿Qué hace tan atractivos los cargos públicos? Más allá de los ceros en la nómina, está la estabilidad blindada: despidos raros, sindicatos poderosos y una red de influencias que abre puertas a “consultorías” post-retiro. En el privado, el dinamismo trae riesgos —despidos masivos, quiebras—, pero también oportunidades de ascenso rápido. En el público, el ascenso depende más de lealtades políticas que de resultados.

Y sí, hay excepciones: áreas especializadas en el público pagan bien por experiencia, pero el grueso de los atractivos radica en esa “pobreza franciscana” que predican algunos funcionarios mientras viajan en primera clase. Es falso, como bien señala la realidad: muchos viven como reyes a costa del contribuyente.

Esta brecha no solo es injusta; es un freno al desarrollo. Mientras profesionales calificados como esa doctora en farmacología se estancan en el privado, el público absorbe talento mediocre con incentivos perversos. ¿Solución? Transparencia salarial total, topes reales a prestaciones y un alineamiento con el privado para fomentar la meritocracia. Hasta entonces, el sector público seguirá siendo el club exclusivo donde el mérito es opcional, y el sueldo, garantizado. ¿Cambiará algo en 2026? Lo dudo, pero soñar no cuesta.