LA CRISIS HÍDRICA EN MORELOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 5 de junio de 2025
En 2025, Morelos ha enfrentado una crisis hídrica sin precedentes, que amenaza la sostenibilidad de sus comunidades y su economía. La escasez de agua, agravada por el cambio climático y la mala gestión histórica, se ha convertido en un problema crítico en municipios como Cuernavaca, Temixco y Tepoztlán.
Reportes recientes indican que la sobreexplotación de mantos acuíferos, combinada con sequías prolongadas, ha reducido la disponibilidad de agua potable, afectando tanto a hogares como a la agricultura, pilar económico del estado. Organizaciones civiles, como el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria, han señalado que la falta de políticas efectivas para la conservación del agua pone en riesgo la seguridad alimentaria. La urgencia de abordar esta crisis debe ser prioridad en la agenda estatal.
La administración de Margarita González Saravia ha diseñado un Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 con enfoque en la sostenibilidad, pero las acciones concretas son insuficientes. Durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, se documentaron irregularidades en el manejo de recursos hídricos, incluyendo la falta de mantenimiento en infraestructura como presas y sistemas de distribución. En 2024, protestas en Xochitepec y Jiutepec denunciaron cortes de agua prolongados, mientras que el río Cuautla, vital para la región, muestra niveles alarmantemente bajos. La ausencia de una estrategia integral para la recarga de acuíferos y el manejo de cuencas refleja una desconexión entre las necesidades de la población y las prioridades gubernamentales.
La ciudadanía, cada vez más consciente del problema, exige soluciones. Encuestas locales revelan que el acceso al agua es una preocupación creciente, con más del 50 por ciento de los morelenses reportando problemas de suministro en 2025. Las comunidades indígenas y campesinas, que dependen directamente de los recursos hídricos para su subsistencia, han liderado movilizaciones para proteger manantiales y ríos frente a proyectos extractivos. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido lenta, y la falta de coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) limita los esfuerzos. La reciente controversia por la construcción de desarrollos inmobiliarios en zonas de recarga hídrica, como Tepoztlán, ha avivado el descontento social.
El contexto nacional complica el panorama. Las políticas federales de manejo hídrico, criticadas por su enfoque centralizado, no han logrado adaptarse a las necesidades específicas de estados como Morelos, donde la agricultura de temporal depende de lluvias cada vez más erráticas.
Para revertir esta crisis, Morelos necesita un enfoque urgente y colaborativo: regular la explotación de acuíferos, sancionar el uso indebido del agua en proyectos privados y fomentar la participación ciudadana en la gestión de cuencas. La gobernadora debe priorizar la inversión en infraestructura hídrica y programas de reforestación para preservar las zonas de recarga.
La sociedad morelense, con su tradición de defensa del territorio, está lista para sumarse, pero requiere un gobierno que actúe con transparencia y compromiso. En 2025, el agua no es solo un recurso, es un derecho que definirá el futuro del estado.
