La declaración de no culpable de Maduro y Flores: un procedimiento estándar en la justicia estadounidense
En un evento histórico que ha sacudido la geopolítica latinoamericana, Nicolás Maduro, el líder venezolano recientemente derrocado tras una operación militar estadounidense, y su esposa Cilia Flores comparecieron este 5 de enero en una corte federal de Manhattan, Nueva York. Ambos se declararon no culpables ante graves cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas destructivas y lavado de dinero.
Maduro, desafiante, insistió en que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y describió su captura como un “secuestro”. Flores, visiblemente lesionada con un vendaje en la frente, también rechazó los cargos afirmando su inocencia absoluta. La próxima audiencia está programada para el 17 de marzo.
Más allá del drama político y las declaraciones provocativas, esta declaración inicial de no culpabilidad es un paso completamente rutinario en el sistema judicial de Estados Unidos, y entenderlo requiere contextualizar tanto el caso como el funcionamiento del proceso penal estadounidense.
El trasfondo de estas acusaciones se remonta a marzo de 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. imputó a Maduro y a varios altos funcionarios venezolanos por supuestamente formar parte del “Cartel de los Soles”, una red que habría utilizado estructuras estatales para traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, en alianza con grupos como las FARC.
Los fiscales alegan que Maduro y su círculo cercano enriquecieron ilegalmente al régimen a través del narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Estas acusaciones se actualizaron en años recientes, y la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 —en una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump— permitió su traslado inmediato a Nueva York para enfrentar la justicia.
En el sistema judicial estadounidense, la fase inicial conocida como “arraignment” o lectura de cargos es un procedimiento formal y breve. El juez informa al acusado de las imputaciones y le pregunta por su declaración inicial: culpable, no culpable o, en raros casos, no contestar. Declararse “no culpable” es la opción abrumadoramente mayoritaria —más del 90% de los casos federales comienzan así—, independientemente de la evidencia en contra. Esta elección no implica una afirmación absoluta de inocencia, sino que activa el derecho constitucional a un juicio justo, presunción de inocencia y oportunidad de preparar la defensa.
¿Por qué es tan común? Principalmente porque permite a los abogados revisar todas las pruebas de la fiscalía (proceso de “discovery”), identificar debilidades en el caso, cuestionar la jurisdicción o incluso negociar un acuerdo de culpabilidad (“plea bargain”), que resuelve cerca del 97% de los casos federales sin llegar a juicio completo.
En un caso de esta magnitud, con posibles penas de cadena perpetua, declararse culpable de inmediato sería renunciar a cualquier posibilidad de impugnar los cargos, alegar motivaciones políticas o buscar reducciones de sentencia a cambio de cooperación.
Casos históricos ilustran esta dinámica. Manuel Noriega, el exdictador panameño capturado por fuerzas estadounidenses en 1989, se declaró inicialmente no culpable antes de ser condenado por narcotráfico. Joaquín “El Chapo” Guzmán mantuvo su inocencia durante meses hasta que las pruebas lo abrumaron. Para Maduro, esta declaración no solo es una táctica legal, sino también propagandística: refuerza ante sus seguidores la narrativa de una “agresión imperialista” por parte de Washington, un discurso que ha sostenido durante años y que resuena en aliados internacionales.
El caso genera controversias profundas. Algunos ven las acusaciones como justificadas por evidencias de inteligencia y testimonios de desertores, posicionándolo como un precedente en la lucha contra el narcoterrorismo estatal. Otros lo critican como una acción geopolítica disfrazada de justicia, especialmente en un contexto de intervención militar directa y promesas de acceso a los recursos petroleros venezolanos. Mientras tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez ha asumido como presidenta interina, en un panorama de incertidumbre y transiciones forzadas.
En conclusión, la declaración de no culpable de Maduro y Flores no refleja arrogancia ni negación irracional, sino el ejercicio estándar del debido proceso en EE.UU. Este juicio, que apenas comienza, no solo definirá el destino personal de los acusados, sino que podría reconfigurar las relaciones hemisféricas, el rol de la justicia internacional y los límites del poder estadounidense en el siglo XXI. El mundo observa atentamente cómo se desarrolla esta saga entre derecho, política y poder.
