La evolución del crimen organizado en Morelos: de los narcolaboratorios a la infiltración cotidiana
En las dos décadas pasadas los mexicanos han sido testigos de un cambio profundo en el panorama del crimen organizado a nivel nacional, y Morelos no es la excepción.
Los operativos federales han logrado desmantelar decenas de narcolaboratorios, reduciendo la producción y el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Ya no es tan fácil como antes cruzar la frontera norte con impunidad, gracias a la presión sobre funcionarios corruptos en ambos lados.
Esto, sin duda, es un avance en la lucha contra el narcotráfico, una de las vertientes más visibles y destructivas del crimen organizado. Sin embargo, como ocurre siempre tras la eliminación de las cabezas de los cárteles, surgen reacomodos, reemplazos y el surgimiento de grupos menores.
En Morelos, se ha vivido esto durante décadas: un ciclo interminable de violencia que se reinventa, adaptándose a las circunstancias.
La preocupación actual radica precisamente en esta capacidad de mutación del crimen organizado. Frente a la lenta pero progresiva eliminación del narcotráfico tradicional, emergen otras ramificaciones igualmente perniciosas que se infiltran en el tejido social y económico de las comunidades.
En Morelos, estas vertientes han estado presentes desde hace varios años, manifestándose en extorsiones a comerciantes y empresarios, asaltos a mano armada en calles y transporte público, robos en sus diversas modalidades —desde viviendas hasta comercios—, tala clandestina que depreda nuestros bosques, saqueo de tierra de monte para fines ilícitos, venta fraudulenta de terrenos que deja a familias en la ruina, fraudes financieros, robo de vehículos y otros delitos de alto impacto que generan un clima de inseguridad cotidiana.
Esta diversificación no es casual; es una estrategia de supervivencia. Los grupos criminales, al ver mermados sus ingresos por el narcotráfico, buscan nuevas fuentes de financiamiento y control territorial. El resultado es una sociedad asediada, donde el miedo se convierte en norma y la economía local se resiente.
¿Cuántos negocios han cerrado en Cuernavaca, Jiutepec o Temixco por no poder pagar el “derecho de piso”? ¿Cuántas familias han perdido su patrimonio por fraudes inmobiliarios? Estos no son incidentes aislados, sino síntomas de un problema sistémico que amenaza con perpetuarse si no se actúa con decisión.
Frente a este panorama, es imperativo que el gobierno, en sus tres órdenes, multiplique iniciativas como las Caravanas de la gobernadora —programas itinerantes que llevan servicios públicos directamente a las comunidades—, extendiéndolas a todos los rincones de Morelos. Estas caravanas no solo resuelven necesidades inmediatas en salud, educación y trámites administrativos, sino que fomentan un acercamiento real entre las autoridades y la ciudadanía, reconstruyendo la confianza erosionada por años de corrupción e ineficacia.
Pero no basta con eso: se requiere una mayor cercanía con los sectores que integran el tejido social, verbigracia las comunidades indígenas en zonas como Tetela del Volcán o Hueyapan, las asociaciones vecinales en colonias urbanas, los sindicatos de trabajadores en sectores como el turismo y la agricultura, las organizaciones campesinas que defienden la tierra en el oriente del estado, los grupos de mujeres emprendedoras que luchan contra la violencia de género, y las asociaciones de jóvenes que promueven la cultura y el deporte en barrios marginados.
Solo mediante esta articulación —gobierno, sociedad civil y bases sociales— se podrá enfrentar la evolución del crimen organizado. No se trata solo de operativos policiales, sino de prevención, inclusión y empoderamiento comunitario. En una columna posterior nos referiremos a la necesidad de más preparatorias a lo largo y ancho morelense.
Morelos merece un futuro donde la seguridad no sea un lujo, sino un derecho. Es hora de actuar antes de que estas nuevas vertientes del crimen se enquisten aún más en nuestra realidad diaria.
