LA FIGURA DEL COMISIONADO DEL GOBIERNO FEDERAL
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 05 de diciembre de 2024
Seguramente muchos de ustedes, gentiles lectores, recuerdan la figura del Comisionado del gobierno federal en estados como Chiapas y Michoacán, con fuerte presencia debido a los poderes plenipotenciarios conferidos por el presidente de la República en torno. Esto fue relevante en ambos estados, pero con diferentes contextos y en distintos momentos.
Manuel Camacho Solís fue nombrado Comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1994, tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de ese año. Su papel fue crucial para negociar un cese al fuego entre el gobierno federal y los rebeldes zapatistas, buscando una solución pacífica al conflicto. Camacho Solís logró acuerdos preliminares, aunque no se llegó a una paz definitiva durante su gestión, que se vio interrumpida por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, en marzo de 1994, y por las tensiones políticas subsiguientes.
En Chiapas, la figura del Comisionado no ha sido tan prominente en los últimos años como lo fue en Michoacán. Sin embargo, en el ámbito de la seguridad y migración, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha designado comisionados para las oficinas de representación regional, como se vio con el nombramiento del vicealmirante Roberto González López en 2023. Estos comisionados se encargaron principalmente de coordinar las políticas migratorias y de seguridad en la frontera sur.
En Michoacán, la figura del Comisionado se destacó especialmente en 2014 cuando el presidente Enrique Peña Nieto creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. Alfredo Castillo Cervantes fue nombrado Comisionado con el objetivo de coordinar esfuerzos federales para restablecer la seguridad en el estado, que estaba afectado por la violencia del crimen organizado y la presencia de grupos de autodefensa. Sus funciones incluían la coordinación interinstitucional, el acuerdo con delegados y servidores públicos federales, y la disposición de acciones de apoyo y auxilio de la fuerza pública. Sin embargo, Castillo dejó el cargo en enero de 2015, y con ello se eliminó esta figura específica de comisionado para la seguridad en Michoacán. Así que, aunque la figura del Comisionado tuvo una presencia más notoria en Michoacán, en Chiapas su papel ha sido más específico, relacionado con la migración y seguridad fronteriza.
Aquí deseo hacer hincapié en la presencia de Omar García Harfuch, actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, en Sinaloa, lo cual bien pudiera compararse con las figuras de comisionados federales en otros estados en momentos de crisis, como fue el caso de Manuel Camacho Solís en Chiapas. En ambos casos, se trata de enviar una figura de alto perfil para abordar situaciones de seguridad y gobernabilidad extremadamente complejas. Mientras que Camacho Solís fue designado para mediar y pacificar el conflicto con el EZLN, García Harfuch se enfoca en la lucha contra el crimen organizado en Sinaloa, donde la violencia ha escalado debido a disputas internas del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la diferencia es clara en el enfoque: Camacho buscaba una solución diplomática y política, mientras que García Harfuch emplea una estrategia más operativa y de seguridad. Más claro: tiene facultades para el uso de la fuerza a través de las instituciones correspondientes.
La crisis en Sinaloa, marcada por la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, ha revelado las deficiencias en la gestión del gobernador Rubén Rocha Moya, quien es súper criticado por su ineficacia y vínculos con el crimen organizado. La llegada de García Harfuch simboliza una intervención federal directa, similar a la de comisionados en el pasado, como Alfredo Castillo en Michoacán, donde el objetivo era restablecer el orden y la seguridad pública. En Sinaloa, la presencia de García Harfuch es vista como una respuesta a la urgencia de controlar la situación, dada su experiencia previa en la Ciudad de México y su reputación de ser un estratega de seguridad.
La analogía se ve reforzada por cómo la intervención federal en estos estados busca llenar el vacío de liderazgo o capacidad local, aunque con diferentes herramientas y enfoques. Mientras que los comisionados históricos como Camacho Solís y Castillo tuvieron un rol más de coordinación y negociación, García Harfuch se centra en operaciones directas de seguridad, inteligencia y coordinación con las Fuerzas Armadas. Su presencia en Sinaloa es un intento de mostrar fuerza y determinación, enviando un mensaje claro de que el gobierno federal no tolerará el caos y la violencia que ha caracterizado al estado bajo la administración de Rocha Moya.
La eficacia de estas intervenciones federales ha variado y varía según el contexto y los actores involucrados. En Chiapas y Michoacán, las intervenciones tuvieron resultados mixtos; en Chiapas, se logró un cese al fuego, pero no una paz duradera, y en Michoacán, la violencia continuó a pesar de los esfuerzos. En el caso de García Harfuch en Sinaloa, la expectativa es que su experiencia y la presión de la crisis actual puedan traducirse en una reducción de la violencia y una mejora en la gobernabilidad. Sin embargo, las acusaciones de vínculos con el crimen organizado sobre Rocha Moya complican el panorama, sugiriendo que cualquier éxito en la seguridad pública dependerá no solo de la estrategia federal, sino también de una limpieza y reforma en la administración estatal. Aunque el régimen federal respalda al gobernador, éste ya está convertido en un estorbo.
