LA GOBERNABILIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS: EL CASO EJEMPLAR DE MORELOS Y SU UNIVERSIDAD
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 11 de diciembre de 2025
La gobernabilidad no es un concepto abstracto ni un lujo académico; es la capacidad real de un gobierno para mantener la estabilidad social, garantizar servicios esenciales y responder con oportunidad a las emergencias sin que el Estado colapse.
En un país donde las universidades públicas han sido utilizadas durante décadas como botín político o rehén presupuestal, preservar la gobernabilidad pasa, necesariamente, por proteger a las instituciones educativas de alto nivel.
Hace algunos años escribí que la gobernabilidad se sostiene sobre cuatro pilares fundamentales: efectividad gubernamental, eficiencia en la administración pública, capacidad para implementar políticas y, sobre todo, Estado de derecho. Hoy, ante la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esos pilares vuelven a ponerse a prueba.
La efectividad gubernamental se mide, precisamente, en momentos como éste: cuando una institución clave está a punto de no poder pagar aguinaldos ni prestaciones de fin de año. La respuesta inmediata de la gobernadora Margarita González Saravia ante la presidenta Claudia Sheinbaum evitó que miles de trabajadores universitarios y sus familias pasaran una Navidad en la incertidumbre absoluta.
Hace apenas unas semanas, la UAEM requería con urgencia 270 millones de pesos para cerrar 2025. Sin ese recurso, el riesgo de paro laboral, protestas y deterioro institucional era inminente. La gobernadora no esperó a que el conflicto estallara: gestionó, insistió y obtuvo la autorización federal de esos 270 millones. Hecho concreto, no discurso.
Esa gestión directa con Palacio Nacional demuestra que González Saravia entiende que la gobernabilidad no se decreta desde un escritorio en Cuernavaca, sino que se construye también en las oficinas donde se decide el presupuesto nacional. Colocarse al frente de esa negociación fue un acto de responsabilidad política de primer orden.
La eficiencia de la administración pública se refleja en la capacidad de proveer servicios básicos: salud, educación, seguridad, infraestructura. Una universidad que no puede pagar a sus trabajadores deja de ser eficiente y pone en riesgo la formación de decenas de miles de jóvenes morelenses. Evitar ese desenlace es, literalmente, preservar uno de los servicios públicos más importantes del estado.
La capacidad para implementar políticas públicas exige profesionalización y transparencia. La UAEM, pese a sus problemas estructurales, se mantiene entre las diez mejores universidades públicas del país. Eso no es casualidad: es resultado de décadas de trabajo académico serio. Proteger esa calidad requiere gobiernos que no usen el presupuesto como arma política, sino como herramienta de desarrollo.
El Estado de derecho implica, entre otras cosas, que los contratos laborales se cumplan. Si la universidad no paga prestaciones, se violan derechos laborales consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. La intervención oportuna de la gobernadora evitó que el incumplimiento contractual se convirtiera en una crisis de legalidad.
La confianza en el sistema judicial y en las instituciones se fortalece cuando los gobiernos resuelven problemas antes de que los conflictos lleguen a los tribunales. Aquí no hubo necesidad de amparos masivos ni de tomas de rectoría prolongadas: hubo gestión política eficaz.
Los niveles de criminalidad y violencia en Morelos han sido históricamente altos. Una universidad en quiebra técnica es terreno fértil para la desesperación social y, en consecuencia, para el crecimiento de conductas delictivas. Mantener la estabilidad laboral de miles de trabajadores académicos y administrativos es también una medida preventiva de seguridad pública.
La transparencia y la rendición de cuentas se demostraron cuando la propia gobernadora anunció públicamente el logro de los 270 millones y reconoció, con honestidad, que se trata de una solución temporal. Ese reconocimiento abre la puerta a la siguiente batalla: el incremento estructural del presupuesto universitario a partir de 2026.
Los comunicadores tenemos la obligación de escrutar, sí, pero también de reconocer cuando un gobierno actúa con responsabilidad. En este caso, Margarita González Saravia ha colocado a Morelos a la cabeza de las entidades que defienden con hechos su educación superior pública.
La gobernabilidad no se mide sólo en días tranquilos, sino en la capacidad de evitar que las crisis previsibles se conviertan en catástrofes. Lo ocurrido con la UAEM es un ejemplo claro de que, cuando hay determinación política y sentido de Estado, los recursos aparecen y las instituciones sobreviven.
Morelos necesita muchos más gestos como éste: gestión incansable, diálogo directo con el gobierno federal, defensa sin titubeos de sus universidades y, sobre todo, la certeza de que la educación pública no será nunca rehén de coyunturas presupuestales. Mientras eso ocurra, la gobernabilidad estará a salvo. Y cuando la gobernabilidad está a salvo, el estado avanza.
