La impunidad en residencias de lujo: de Tapalpa a Cuernavaca, la historia se repite
En las últimas horas, las redes sociales y los medios han estallado con imágenes que parecen sacadas de una revista de bienes raíces de élite: una cabaña de dos niveles en el exclusivo Tapalpa Country Club, en Jalisco, donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), disfrutaba de una vida de calma y comodidades.
No era una guarida improvisada en las montañas, sino un refugio rodeado de bosques, privacidad y lujos discretos, con prendas de vestir, alimentos y hasta medicamentos para su insuficiencia renal.
Según reportes recientes, vivió allí sin prisas, a la vista de todos, hasta que la intervención de Estados Unidos y un operativo federal lo sacaron de su rutina.
La pregunta que flota en el aire no es dónde se ocultaba, sino por qué pudo hacerlo durante tanto tiempo sin que nadie lo molestara.
Esta historia, sin embargo, no es novedad en México. En Morelos, un estado que ha sido refugio para capos del narco durante décadas, hemos visto el mismo patrón repetirse una y otra vez: líderes criminales instalados en fraccionamientos de lujo, con rutinas cotidianas y protecciones invisibles, hasta que el gobierno federal decide actuar.
El caso de “El Mencho” en Tapalpa evoca inmediatamente el de Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, quien convirtió a Cuernavaca en su patio trasero personal. El 16 de diciembre de 2009, “El Barbas” fue abatido por la Marina en un operativo en las Torres Altitude, en la colonia Lomas de la Selva, un complejo de departamentos de alta gama.
Según expedientes de la entonces Procuraduría General de la República (ahora FGR), llevaba viviendo allí alrededor de tres años, conocido entre vecinos y jóvenes locales como “Don Rubén”. No era un fugitivo agazapado; disfrutaba de una vida social, e incluso, el día de su muerte, se le preparó una comida con un alto mando de la 24a Zona Militar.
Antes de eso, residió en una mansión en el fraccionamiento Los Limoneros, en Ahuatepec, al norte de Cuernavaca, de donde escapó milagrosamente durante un operativo federal.
¿Cómo pudo un capo tan buscado, responsable de decenas de ejecuciones y guerras territoriales, pasearse por Morelos sin ser tocado? La respuesta apunta a redes de protección que involucraban a autoridades locales y militares, como se reveló en declaraciones de testigos protegidos que hablaban de pagos mensuales a funcionarios de la SEDENA y la PGR para mantener informados a los Beltrán Leyva sobre movimientos presidenciales y operativos.
Pero “El Barbas” no fue el único. Morelos ha sido un paraíso para narcos que buscaron anonimato en medio del lujo. Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, sicario estrella de los Beltrán Leyva, poseía “El Paraíso”, un rancho de seis hectáreas con alberca, jacuzzis, bar y habitaciones de opulencia, que hoy el gobierno federal rifa como premio. Aunque su base principal estaba en Guerrero, sus operaciones y propiedades se extendían a Morelos, donde operaba con impunidad hasta su captura en 2010.
Héctor Beltrán Leyva, hermano de Arturo y sucesor en el cártel, también tenía vínculos en la zona; aunque fue detenido en Querétaro en 2014, disfrazado de empresario, su organización controlaba plazas en Cuernavaca y alrededores, con mansiones decomisadas que resguardaban armas, joyas y vehículos de lujo.
Otros ejemplos abundan. Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, tenía propiedades en Morelos (verbigracia en Tetecala), incluyendo mansiones en Cuernavaca, donde replicaba su estilo de vida extravagante antes de su muerte en 1997. Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, también residió en Cuernavaca. Una hija suya estudio en un colegio muy importante de la colonia Lomas de Cortés.
Más recientemente, Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder de Los Rojos, operaba desde fraccionamientos exclusivos en el sur de Morelos, como en Puente de Ixtla, donde vivió años sin ser molestado hasta su arresto en 2019. Incluso, figuras como Julio César Godoy Toscano, vinculado al narco y hermano de un exgobernador, han sido señaladas por disfrutar de residencias de lujo en la entidad sin consecuencias inmediatas.
Esta “impunidad dorada” no es casualidad. En Morelos, como en Jalisco, los capos se benefician de corrupción sistémica: pagos a policías, militares y políticos locales que cierran los ojos ante camionetas blindadas y fiestas ostentosas. Vecinos callan por miedo o indiferencia, y las autoridades estatales a menudo carecen de recursos o voluntad para actuar sin el respaldo federal.
El caso de “El Mencho” subraya que, sin presión externa —como la de Estados Unidos, que ofrecía 10 millones de dólares por su cabeza—, estos criminales pueden convertir country clubs y torres de lujo en fortalezas invisibles.
La pregunta incómoda persiste: ¿por qué tardan tanto en tocar a los intocables? En Morelos, se ha pagado el precio con violencia y descomposición social.
Es hora de que el gobierno no solo capture capos, sino que desmantele las redes que les permiten reinar en silencio. De lo contrario, Tapalpa y Cuernavaca seguirán siendo sinónimos de una justicia selectiva y tardía.
