LA INSEGURIDAD PERSISTENTE: UN LLAMADO URGENTE DESDE EL SECTOR RESTAURANTERO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 7 de febrero de 2026
El reciente comunicado de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Morelos es reiterativo sobre una preocupación latente en el sector empresarial: la necesidad de reforzar la seguridad en Cuernavaca y otras zonas del estado ante incidentes que afectan directamente a establecimientos, empleados y clientes. Sin alarmar innecesariamente, la cámara documenta casos y exige acciones institucionales para preservar el dinamismo económico que representa la gastronomía local. Este mensaje llega en un momento crítico, donde la percepción de inestabilidad impactaría el flujo turístico, un pilar fundamental para la entidad.
Los hechos registrados en los últimos días, como ataques armados en municipios clave durante el primer fin de semana largo de febrero de 2026, han creado un clima de incertidumbre que no puede ignorarse. Con al menos 10 incidentes violentos reportados, incluyendo homicidios y lesiones en áreas como Cuernavaca y Emiliano Zapata, el sector restaurantero se ve obligado a operar bajo presión constante.
Estos eventos no solo representan un riesgo inmediato, sino que cuestionan la efectividad de las estrategias preventivas en el ámbito municipal, donde la proximidad con la ciudadanía debería ser una ventaja para anticipar y mitigar amenazas.
A pesar de estos desafíos, es innegable el rol vital que juega la industria restaurantera en la economía de Morelos, actuando como motor social y turístico que genera empleo y atrae visitantes. La postura de CANIRAC de mantener operaciones activas y unidas refleja una resiliencia admirable, pero también subraya la urgencia de entornos seguros para que este sector continúe contribuyendo al desarrollo estatal. Minimizar el impacto público de la inseguridad es una estrategia válida, siempre y cuando se acompañe de medidas concretas que eviten que la percepción negativa ahuyente inversiones y turismo.
Uno de los aspectos más preocupantes en este panorama es la inestabilidad en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) de Cuernavaca, marcada por constantes virajes en su liderazgo. En los últimos años, y particularmente en el arranque de 2026, se han anunciado ajustes y cambios de titulares, como relevos recientes que buscaban un nuevo enfoque estratégico. Estos cambios frecuentes generan discontinuidad en las políticas de seguridad, dificultando la implementación de planes a largo plazo y erosionando la confianza en las instituciones locales responsables de la prevención del delito.
A esto se suma la gran posibilidad de que agentes policíacos locales estén coludidos con grupos criminales, células delictivas o pandillas, cuyas operaciones parecen incesantes en la región. Investigaciones federales han revelado presuntos nexos entre autoridades municipales y el crimen organizado, con al menos cuatro alcaldes de Morelos bajo escrutinio por vínculos que podrían extenderse a niveles operativos como la policía. Además, los asesinatos de elementos policiales en 2025 y 2026, incluyendo casos en Jonacatepec, sugieren eventuales revanchas que podrían indicar infiltraciones o complicidades internas, alimentando un ciclo de violencia que socava la efectividad de las fuerzas de seguridad.
Frente a esta realidad, las exigencias de CANIRAC por un refuerzo en las acciones de seguridad resuenan como un llamado institucional que debe ser atendido con prioridad en el ámbito municipal y en coordinación con otros niveles de gobierno. La documentación de casos y el seguimiento gremial son pasos proactivos, pero requieren respuestas concretas, como mayor presencia policial en zonas comerciales y protocolos de colaboración que aborden las raíces del problema, incluyendo la depuración de corporaciones para erradicar cualquier sospecha de colusión.
Es imperativo que las autoridades de los tres niveles de gobierno eleven de manera inmediata y sostenida los patrullajes en Morelos, particularmente en Cuernavaca y en las zonas de mayor afluencia turística y comercial. No basta con operativos esporádicos o con rondines del Ejército y la Guardia Nacional que aparecen solo cuando hay un evento de alto perfil o una llamada de auxilio externa; su presencia debe ser constante, previsible y disuasiva, no reactiva ni itinerante. La policía preventiva estatal y las corporaciones municipales, que conocen el terreno y los horarios de riesgo, tienen la obligación de cubrir las noches —horas en las que hoy prácticamente desaparecen las patrullas— y de hacerlo con inteligencia, con vehículos bien identificados, con rutas fijas y con coordinación real entre instituciones. Porque, como bien dicen los que delinquen en la región, ya se la saben: los criminales son maestros en leer el territorio, en calcular los tiempos muertos de la vigilancia y en aprovechar cada hueco donde no hay ojos uniformados. Mientras las calles queden a oscuras y sin presencia efectiva después del atardecer, el mensaje que se envía es claro: el espacio está disponible. Incrementar los patrullajes no es un lujo ni una medida extraordinaria; es la mínima condición para que los morelenses, los trabajadores del sector restaurantero y los visitantes recuperen la certeza de que la seguridad no es un lujo intermitente, sino un derecho cotidiano.
En conclusión, el sector restaurantero de Morelos demuestra unidad y compromiso al mantener sus puertas abiertas, pero el desafío de la inseguridad demanda una respuesta colectiva que priorice la estabilidad institucional y la integridad de las fuerzas policiales. Solo así se podrá garantizar un entorno propicio para el crecimiento económico, preservando el legado gastronómico del estado sin ceder ante las sombras de la delincuencia.
