LA NUEVA REALIDAD DEL PODER JUDICIAL FEDERAL FRENTE A LA PERSISTENCIA DE VICIOS EN LAS FISCALÍAS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 2 de septiembre de 2025
El 2 de septiembre de 2025 marca un hito simbólico en la reforma judicial mexicana, impulsada por la modificación constitucional de 2024 que introdujo la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Tras rituales tradicionales como la purificación con incienso y copal, y la entrega de bastones de mando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tribunales de circuito y unitarios, y los juzgados de distrito inician una era supuestamente libre de corrupción. Esta “nueva realidad” se basa en la expectativa de que los electos en junio de 2025 —quienes tomaron protesta este 1 de septiembre— operen con mayor accountability, al ser elegidos por voto popular y supervisados por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, esta transformación se limita al Poder Judicial Federal (PJF), ignorando que la mayoría de los vicios en la procuración de justicia provienen de las fiscalías, donde la impunidad se genera desde la investigación inicial.
A pesar de las promesas de erradicar “componendas”, la reforma no aborda reformas profundas en las Fiscalías Generales de Justicia de los estados ni en la Fiscalía General de la República (FGR). Estas instituciones manejan el 80 por ciento de los procesos penales en México, pero acumulan más de 2.1 millones de carpetas de investigación pendientes a nivel nacional al cierre de 2023, con un incremento constante desde 2017. En estados como Jalisco (20 por ciento del total nacional), Nuevo León (9.5 por ciento) y Baja California (8.8 por ciento), la ineficiencia operativa y la corrupción endémica permiten que solo un porcentaje mínimo de casos avance a juicio. La FGR, aunque autónoma desde 2018, enfrenta críticas por su lentitud en casos de alto perfil y por no depurar personal heredado de la antigua PGR, lo que perpetúa prácticas como la obstrucción de justicia y el soborno. Sin cambios estructurales, como mayor presupuesto para investigación o profesionalización obligatoria, el PJF reformado solo recibirá expedientes débiles, manteniendo tasas de impunidad superiores al 90 por ciento.
La falta de reformas en las fiscalías estatales agrava los vicios en la persecución de delitos. En entidades como Morelos, donde la violencia por crimen organizado es rampante, las fiscalías locales carecen de especialización en delitos como feminicidio o desapariciones, con solo unos pocos agentes del Ministerio Público capacitados. A nivel nacional, el crecimiento del 25 por ciento en carpetas iniciadas entre 2017 y 2023 no se traduce en resoluciones, ya que persisten problemas como la falta de recursos (solo 17,795 fiscales para todo el país en 2023) y la influencia política en designaciones. La FGR, por su parte, prepara paquetes de reformas para 2025 que buscan reducir su “monopolio” en la acción penal y permitir que particulares inicien procesos, pero estas propuestas no abordan la corrupción interna, como ventas de información sensible o liberaciones a cambio de sobornos. Mientras el PJF entra en su “nueva era”, las fiscalías siguen siendo el cuello de botella, donde surgen incontables irregularidades que socavan la justicia integral.
En contraste con el PJF, las fiscalías no han recibido atención similar en la agenda legislativa. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado revisar la autonomía de las fiscalías en 2025, el enfoque parece centrarse en recentralizar el control bajo el Ejecutivo, devolviendo la designación de fiscales a presidentes y gobernadores, como en épocas pre-2018. Esto exacerbará la politización, como se vio en casos históricos donde procuradores (fiscales) actuaban como extensiones del poder ejecutivo, ignorando investigaciones contra aliados políticos. Organizaciones como México Evalúa y WOLA advierten que sin reformas operativas —como planes de persecución penal claros y mayor inclusión de perspectiva de género— la impunidad persistirá, dejando al PJF reformado como un mero receptor de casos mal investigados. La corrupción en fiscalías no solo dilata procesos, sino que viola derechos humanos, como en desapariciones forzadas, donde la falta de diligencia inicial impide cualquier avance judicial.
Tocante a Morelos, el estado entra en esta dinámica con un número limitado de órganos federales afectados por la reforma. En el Décimo Octavo Circuito Judicial Federal, con sede en el estado, hay un tribunal unitario de circuito (conocido como Tribunal Unitario) y un juzgado de distrito, ambos ubicados en el Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec. Estos órganos, junto con la mitad de los cargos electos en 2025, inician la “nueva realidad” con jueces y magistrados populares, supervisados por el Tribunal de Disciplina. No se identifican tribunales colegiados de circuito en Morelos, ya que el circuito se centra en unitarios para eficiencia. A nivel estatal, el Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJM) y sus distritos judiciales (como Cuernavaca, Cuautla y Jojutla) no forman parte de esta reforma federal, pero podrían verse indirectamente afectados por la llegada de expedientes desde la fiscalía local, que acumula rezagos en investigaciones de delitos de alto impacto.
En resumen, la “nueva realidad” del PJF es un paso audaz hacia la democratización, pero insuficiente sin reformas paralelas en fiscalías. En Morelos, con solo un juzgado de distrito y un tribunal unitario federal impactados directamente, el cambio podría ser marginal si la Fiscalía General de Justicia estatal no se transforma. La verdadera justicia requiere un enfoque integral: fortalecer investigaciones, combatir corrupción en procuración y garantizar que el PJF no sea un filtro para impunidad. De lo contrario, el 2 de agosto será solo un ritual simbólico, no un fin a las componendas que plagian el sistema.
