LA OBSOLESCENCIA DEL C-5 DE TEMIXCO
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 25 de noviembre de 2024
La declaración de Miguel Ángel Urrutia Lozano, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, sobre la obsolescencia del C-5, construido y equipado más de una década en Palo Escrito, Temixco, revela una serie de riesgos significativos para la seguridad pública del estado. Como se recuerda, ese Centro de Comando fue inaugurado el 19 de noviembre de 2014, bajo los mejores augurios. Urrutia Lozano dijo este lunes que presenta un rezago tecnológico de 12 años.
El primer riesgo evidente es la ineficiencia en la respuesta a emergencias. Con tecnología desactualizada que no ha sido modernizada en más de una década, el C-5 no puede procesar información en tiempo real con la eficacia necesaria, lo cual puede traducirse en demoras críticas en la movilización de recursos durante situaciones de emergencia, como accidentes, crímenes o desastres naturales. Esta situación puede no solo aumentar la vulnerabilidad de la población sino también dificultar la coordinación efectiva entre diferentes cuerpos de seguridad.
Otro riesgo importante es la falta de mantenimiento y actualización de software y hardware, que potencialmente podría conducir a fallos sistémicos. La tecnología obsoleta es más propensa a errores y vulnerabilidades de seguridad, abriendo la puerta a ciberataques o fallos técnicos que desactivarán parcial o totalmente el sistema de vigilancia y coordinación. Si el C-5 no cuenta con las actualizaciones necesarias para protegerse contra amenazas cibernéticas modernas, el centro se convertirá (si no lo es ya) en un blanco fácil para hackers, comprometiéndose así la seguridad de la información y la privacidad de los ciudadanos.
Además, la obsolescencia tecnológica limita la integración de nuevas herramientas y métodos de vigilancia, como el reconocimiento facial, análisis predictivo de crímenes o sistemas de alerta más avanzados. Esto no solo deja a Morelos rezagado en comparación con otras regiones que han invertido en tecnologías de seguridad de última generación, sino que también reduce la capacidad preventiva y reactiva de las fuerzas de seguridad. La falta de cámaras de videovigilancia actualizadas o sistemas de comunicación modernos puede significar que muchos delitos no se detecten o se resuelvan de manera oportuna, lo que podría contribuir a un aumento de la delincuencia o, al menos, a una percepción de inseguridad entre los habitantes.
Asimismo, la declaración de Urrutia pudiera tener implicaciones políticas y de confianza pública. Al admitir abiertamente la obsolescencia del C-5, se está reconociendo una falla en la administración pasada, lo que podría generar descontento entre la ciudadanía y cuestionamientos sobre la gestión de recursos y prioridades gubernamentales. Esto afectará la percepción de la actual administración, especialmente si no se ven acciones concretas y rápidas para remediar la situación. La confianza en las instituciones de seguridad pública se vería mermada, afectando la colaboración ciudadana y la efectividad de las políticas de seguridad. En términos de imagen y efectividad, es vital que se tomen medidas inmediatas para modernizar el C-5 y así mitigar estos riesgos asociados.
Por otro lado, la confianza de la SSPC de Morelos bajo la gestión de Urrutia en el mecanismo de WhatsApp “Segurichats” para la denuncia de ilícitos presenta riesgos significativos debido a la falta de regulación y un registro completo de los participantes. Sin un control adecuado sobre quiénes son los usuarios de estos grupos, existe la posibilidad de que personas con intenciones maliciosas o sin autorización para participar se infiltren, lo cual comprometerá la seguridad de las informaciones compartidas y la integridad del sistema de denuncia. La ausencia de un mecanismo de verificación de identidad deja abierta la puerta a la manipulación de información o la divulgación de datos personales de manera inapropiada, desvirtuando el propósito de Segurichats y potencialmente poniendo en riesgo la privacidad de los ciudadanos que buscan ayuda o reportan crímenes.
Además, sin una regulación clara, la gestión y el seguimiento de las denuncias podrían ser ineficaces o inexistentes, lo que llevará a una acumulación de información sin procesar o a la ignorancia de denuncias legítimas. Esto no solo desanimará a la ciudadanía a participar en la vigilancia comunitaria, sino que también dará una falsa sensación de seguridad, ya que la respuesta a las denuncias podría no ser sistemática ni eficiente. La falta de un registro preciso y actualizado de los participantes dificulta la trazabilidad de las denuncias y la coordinación con otras fuerzas de seguridad, lo que en última instancia puede debilitar la lucha contra la delincuencia en Morelos. La transparencia y la regulación son esenciales para que herramientas como Segurichats cumplan efectivamente su función en la mejora de la seguridad pública.
Urrutia mencionó otro elemento de potencial conflicto. La dependencia de la CES-Morelos y ahora de la SSPC en la colaboración de particulares para vincular sus cámaras de videovigilancia con el C-5 introduce riesgos y refleja atrasos tecnológicos significativos. Por un lado, la falta de un sistema centralizado y actualizado de cámaras puede llevar a una inconsistencia en la calidad y cobertura de la vigilancia, comprometiendo la eficacia de las operaciones de seguridad. Además, confiar en particulares implica riesgos de privacidad y seguridad, ya que las cámaras no siempre cuentan con las medidas de protección necesarias contra accesos no autorizados o ciberataques. La dependencia en este esquema también puede resultar en demoras en la obtención de imágenes críticas, especialmente si las cámaras no están conectadas a una red segura y gestionada por profesionales, lo que afecta la capacidad de respuesta inmediata en situaciones de emergencia.
