LA PARADOJA MORELENSE: CUANDO LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS PIDE SU PROPIA CABEZA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 18 de noviembre de 2025
En un giro que parece sacado de una distopía burocrática mexicana, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) presentó el 30 de septiembre de 2025 una solicitud formal ante el Congreso local para que inicie un procedimiento de revisión administrativa contra su propia presidenta, Nadxielli Carranco Lechuga, apenas 82 días después de que el mismo Congreso la hubiera designado por unanimidad.
Lo que en cualquier otro contexto sería un suicidio institucional, en Morelos se convirtió en la maniobra más comentada del año: una institución autónoma que, ante la presión de víctimas y colectivos, decidió adelantarse al golpe pidiendo que la investiguen… a sí misma.
Todo comenzó con la salida de Raúl Israel Hernández Cruz, quien concluyó su periodo al frente de la CDHM el 19 de junio de 2025 envuelto en críticas por rezago histórico, opacidad y una gestión percibida como cercana al poder político anterior. Su despedida no fue precisamente con aplausos: organizaciones civiles llevaban años señalando que cientos de expedientes de desapariciones, tortura y violencia institucional permanecían congelados, algunos con más de siete años de antigüedad.
El Congreso, controlado por una mayoría de Morena y aliados, abrió el proceso de selección para el periodo 2025-2028. De 28 aspirantes, Nadxielli Carranco Lechuga –quien había sido secretaria ejecutiva de la propia Comisión hasta el 17 de junio– emergió como la candidata de consenso. El 10 de julio de 2025, con 19 votos a favor y ninguno en contra, rindió protesta. En su discurso de toma de posesión prometió “transparencia total”, “cero tolerancia a la simulación” y “atacar el rezago con “celeridad y firmeza”.
Sin embargo, el currículum de Carranco Lechuga traía sombras difíciles de ignorar. Durante el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018) había dirigido la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEAV Morelos), cargo del que salió señalada por presunto desvío de recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, extorsión a víctimas y opacidad en la entrega de apoyos.
Aunque nunca hubo sentencia condenatoria, las denuncias de colectivos como el Frente Morelense por los Derechos de las Víctimas se acumularon y resurgieron con fuerza durante su designación.
Los primeros tres meses de su gestión estuvieron marcados por la continuidad del rezago. Familias de desaparecidos denunciaron públicamente que sus expedientes seguían sin avanzar, que las visitas a la Comisión eran meras simulaciones y que el personal heredado del anterior ombudsman operaba con lentitud deliberada. En agosto y septiembre de 2025 comenzaron a presentarse quejas formales contra la propia presidenta por omisión y presunto tráfico de influencias.
Fue en ese contexto de presión creciente que, el 30 de septiembre, la CDHM –firmada por su área jurídica y con supuesto conocimiento de Carranco– presentó ante el Congreso la solicitud de revisión administrativa. El documento argumentaba la necesidad de “corregir desfases” y “optimizar procesos internos”, invocando el artículo 22 de su ley orgánica.
La lectura inmediata fue que se trataba de una jugada preventiva: al pedir ellas mismas la revisión, intentaban controlar el relato y evitar que una moción externa –más dura y probablemente impulsada por la oposición– los tomara desprevenidos.
Tres días después, el 3 de octubre, la Comisión difundió un comunicado donde presumía que el 45 por ciento de las recomendaciones del tercer trimestre habían sido dirigidas a la Fiscalía por tortura y omisiones, que el rezago era “histórico” y que estaban atendiendo los casos con “prioridad”. Lo que no decía es que la mayoría de esas recomendaciones habían sido elaboradas antes de julio, durante la gestión de Hernández Cruz, y solo se publicaron en septiembre para engrosar las estadísticas de la nueva administración.
El Congreso admitió la solicitud y la turnó a su Comisión de Derechos Humanos. Desde entonces se han realizado audiencias, se han recibido al menos catorce quejas adicionales contra Carranco y han comparecido colectivos que exigen su destitución inmediata. Sin embargo, al 18 de noviembre de 2025 no existe fecha para la votación final, y el proceso parece congelado en un limbo político.
Mientras tanto, Carranco Lechuga sigue en funciones, emitiendo recomendaciones, visitando penales y publicando comunicados.
Pero la paradoja permanece: la misma presidenta que fue electa por unanimidad ahora enfrenta la posibilidad de ser removida por el mismo Congreso, a petición de la misma institución que dirige.
El caso de la CDH Morelos expone, una vez más, la fragilidad de los organismos autónomos cuando se convierten en botín político o escudo de impunidad. Queda por ver si el Legislativo tendrá la voluntad de resolver el expediente o si, como ha ocurrido tantas veces, optará por el archivo silencioso y la continuidad del statu quo. Por lo pronto, las víctimas siguen esperando.
